Lo que Escrivá no cuenta sobre la Seguridad Social: su déficit crece en 61.000 millones entre 2005 y 2023

El déficit básico de la Seguridad Social, incluyendo a las clases pasivas y antes de las transferencias del Estado, se ha disparado en 60.000 millones entre los años 2005 y 2023, el equivalente a cinco puntos del PIB, según ha calculado en un artículo el director adjunto de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente.

En el estudio, De la Fuente analiza las cuentas de la Seguridad Social Ampliada (SSA). Combina el sistema de la Seguridad Social con el de las Clases Pasivas de los funcionarios.

El investigador calcula dos indicadores del déficit de la SSA para medir los recursos adicionales que el Estado tiene que inyectar para cubrir la brecha entre el gasto del sistema y sus ingresos, algo que posiblemente tendrá que hacer mediante deuda.

El primero, al que el autor denomina déficit básico, es el déficit presupuestario total del sistema sin tener en cuenta las transferencias corrientes del Estado. El segundo, el déficit contributivo, es la diferencia entre los gastos y los ingresos contributivos de la SSA.

Para sus estimaciones, De la Fuente, utilizando precios de 2019, se sirve de la liquidación del Presupuesto de la Seguridad Social de ese año, de los presupuestos aprobados en los años siguientes, y de series de ejercicios anteriores.

Según el director adjunto de Fedea, tanto los ingresos como los gastos de la SSA han crecido «con fuerza», aumentando «muy significativamente» su peso en el PIB entre 2005 y 2023.

Así, por el lado del gasto, señala que las partidas que más han crecido proporcionalmente son las de carácter no contributivo, que en su conjunto se han multiplicado por 2,4 a precios constantes entre 2005 y 2023.

En este ámbito, De la Fuente destaca la puesta en marcha y gradual desarrollo del sistema de atención a la dependencia y la creación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) como prestación de último recurso para la protección de los hogares más vulnerables.

En términos absolutos, sin embargo, el incremento del gasto no contributivo (unos 6.000 millones de euros a precios constantes) es «muy inferior» al del gasto en prestaciones contributivas, que se acerca a los 85.000 millones de euros, de los que en torno a 80.000 millones corresponden al gasto en pensiones, incluyendo las de clases pasivas.

Los ingresos, por su parte, crecieron entre 2005 y 2023 «bastante más despacio que los gastos», multiplicándose por 1,58 frente a 1,83. Se ha traducido, según De la Fuente, «en un importante deterioro del saldo presupuestario del sistema», que ha pasado de un superávit de 12.600 millones en 2005 a un déficit esperado de 6.400 millones de euros en 2023.

«Estas cifras, sin embargo, ofrecen una imagen un tanto engañosa de la evolución de la salud financiera del sistema, pues el deterioro de su saldo presupuestario en base a sus recursos propios se ha mitigado mucho gracias al fuerte incremento de las transferencias del Estado», advierte De la Fuente.

Por ello, si se atiende sólo al déficit básico del sistema (el registrado antes de tales transferencias), el déficit habría aumentado en 61.000 millones de euros o cinco puntos de PIB entre 2005 y 2023.

Esto, para el director adjunto de Fedea, indica que la brecha entre los gastos y los recursos propios del sistema «ha aumentado dramáticamente, y con ella la carga que éste supone para la hacienda general del Estado».

En la parte final del periodo analizado, añade, el déficit básico alcanza niveles «preocupantes», en torno al 4 % del PIB, lo que supone unos 2.500 euros anuales por trabajador ocupado.

100.000 millones de euros de deuda con el Estado

Entre 2019 y 2023, la deuda del sistema con el Estado, tanto bruta como neta del Fondo de Reserva, ha aumentado en casi un 90 % hasta situarse en torno a los 100.000 millones de euros, según De la Fuente.

Aunque la pandemia ha contribuido mucho a ello, el director adjunto de Fedea advierte de que incluso después ha seguido aumentando.

«Se prevé que esto sea cierto incluso en 2023 pese a la puesta en marcha con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional de una subida de cuotas que se destinará a nutrir el Fondo de Reserva, lo que no tiene demasiado sentido cuando el sistema sigue teniendo un apreciable déficit año tras año», apunta.

A su juicio, y dado que los gastos de la SSA siguen siendo superiores a sus ingresos, incluso con la ayuda de las cuotas extraordinarias del MEI y de las crecientes transferencias estatales, «no hay un excedente real que se pueda ingresar en el Fondo de Reserva». «De hecho, lo que estamos haciendo es emitir más deuda para financiar una aportación ficticia al mismo», denuncia.

En cuanto al saldo contributivo del sistema, otro indicador utilizado en este trabajo, De la Fuente apunta que el gasto en prestaciones contributivas ha estado en años recientes más de un 30 % por encima de los ingresos contributivos puros del sistema.

Con datos de 2022/23, el déficit contributivo se sitúa en torno a los 48.000 millones de euros (a precios de 2019), casi el 4 % del PIB, «absorbiendo en torno a un tercio de los ingresos tributarios totales del Estado» y representando una parte «sustancial» del déficit total del conjunto de las administraciones públicas españolas.

Según De la Fuente, el déficit contributivo se ha financiado por tres vías: lo que él denomina el Impuesto de Seguridad Social, que grava las rentas salariales situadas por encima de la pensión máxima y que ha aportado entre 4.000 y 7.000 millones anuales; las transferencias del Estado, que han crecido desde 2.000 hasta 35.000 millones de euros entre 2005 y 2023, y la emisión directa de deuda de la SSA, que se ha reducido en los últimos años a costa de una mayor emisión de deuda del Estado.