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El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez LlibreDavid Zorrakino / Europa Press

La patronal catalana pide estabilidad al Gobierno central para que las empresas puedan volver a Cataluña

Urge al Ejecutivo nacional a mejorar el empleo y frenar la caída de las rentas de las familias

La patronal de los empresarios catalanes, Foment del Treball, ha emitido un comunicado en el que pide al Gobierno central que aporte la estabilidad necesaria para que las empresas puedan regresar a Cataluña. «Estamos a las puertas de la elección de un nuevo Gobierno y consideramos oportuno hacer algunas reflexiones sobre la situación actual, sugiriendo aspectos que, a nuestro criterio, debería tener presentes el nuevo Gobierno», señala la entidad que preside Josep Sánchez Llibre.

La entidad indica que la Unión Europea en su conjunto, «y España en particular», ven cómo se va retardando el crecimiento, y con él las expectativas de una coyuntura económica favorable. En este contexto, inciden en la necesidad de prestar mucha atención a las políticas económicas y sociales y «abordar la nueva legislatura con mucho diálogo y el máximo consenso posible».

En su opinión, la prioridad debe ser tejer «acuerdos amplios que busquen la mejora de la ocupación, apaciguar la caída de las rentas de las familias y garantizar un crecimiento sostenido en el futuro inmediato y basado en la mejora de la productividad».

Entre las prioridades, los catalanes apuntan como «vital» que los poderes públicos creen un clima de seguridad y de certeza para que el país tenga estabilidad social y económica. «Es necesario contar con un Gobierno sólido que garantice firmeza y credibilidad», indican. «Lograr esta estabilidad es deseable para la cohesión social y también para conseguir el retorno de empresas catalanas que cambiaron su sede en el 2017», añaden.

Defender a los empresarios

Desde Foment hacen énfasis en que hay que defender la figura del empresario y la aportación social de la empresa: «Estos últimos tiempos hemos visto cómo se producían ataques injustificados a empresarios destacados, ninguneando injustamente las importantes acciones que han hecho en favor de la cohesión social. El Gobierno tiene la responsabilidad de poner en valor la aportación de las empresas, que son las que crean puestos de trabajo y facilitan la justa distribución de la riqueza».

La patronal arremete también contra la fiscalidad, que pide que se ponga al servicio de la inversión productiva: «Se ha convertido esencialmente en un instrumento para cuadrar las cuentas públicas. Impuestos como el de patrimonio o el de grandes fortunas no ayudan a hacernos competitivos. Hay que homogeneizarse con la UE, donde no existen estos tributos».

Los empresarios catalanes piden un plan de inversiones en infraestructuras, mejoras en la educación y formación profesional, una respuesta urgente a la dificultad de acceso a la vivienda de compra y alquiler… «Se deben hacer propuestas viables y realistas, y no leyes excesivamente ideológicas que no solucionan, más bien empeoran la situación», en alusión a la Ley de Vivienda.

También hablan de mejorar la evaluación del gasto público y eliminar gastos inútiles. Sobre la protección social, afirman que «es inviable mantener el incremento en pensiones« subiendo »constantemente las cotizaciones sociales de las empresas, de las más altas de Europa, y que son un verdadero impuesto a la creación y mantenimiento del empleo».

Por último, hablan de la necesidad de articular una «política industrial con mayúsculas», y recuerdan que han propusieron 370 medidas concretas ante las elecciones del pasado julio.