El Gobierno estudia cómo blindar el impuesto a los ricos que solo ha recaudado un 40 % de lo previsto

De los 1.500 millones que el Gobierno esperaba recaudar con el informe a las grandes fortunas, finalmente ha quedado en 623 millones –un 60 % menos–, según ha reconocido el Ministerio de Hacienda. Pese a ello, María Jesús Montero quiere reunirse con las comunidades para hacer permanente este gravamen.

«Tenemos que estudiar su rendimiento y queremos hacerlo además al albur también del debate sobre la financiación autonómica porque los gravámenes sobre la riqueza y el patrimonio están expresados en diferentes figuras y tenemos que tener la capacidad entre todos de dialogar cuál es la manera más eficaz de hacer que esa fortuna pague», ha apuntado la ministra.

En esta línea, ha afirmado que «hasta que produzca este debate se mantendrá» el impuesto temporal de solidaridad y una vez que se haya hecho el análisis «tendrá que arrojar que las grandes fortunas tienen que aportar en la medida proporcional que están haciendo el resto de las rentas».

«Con una u otra fórmula tendremos que ser capaces de mantener esa recaudación más allá de que elijamos una fórmula como la que tenemos o también demos participación a las comunidades autónomas sin que se pueda producir vaciamiento normativo », ha subrayado la titular de Hacienda en funciones.

Con respecto a la recaudación de 623 millones del impuesto de solidaridad conocida este miércoles, Montero ha dicho que es un «buen dato» que representa un «objetivo político cumplido» puesto que la intención era que «se respetara» la «proporcionalidad» en el pago de impuestos y el «principio constitucional» de que «el que más tiene, más tiene que pagar».

«El hecho de que el Gobierno de España haya legislado en este sentido pues está posibilitando que, viva donde viva una persona que está por encima de esos 3 millones de euros, contribuya en alguna medida a financiar los servicios públicos y por tanto que no sea la clase media de nuestro país la que soporte una mayor carga fiscal», ha defendido.

La ministra de Hacienda ha argumentado que la recaudación obtenida haya sido de menos la mitad de lo esperado por el hecho de que la estimación que se había hecho se basaba en el supuesto de que aquellas comunidades que tuvieran algún gravamen similar lo hubieran «prácticamente eliminado».

En ese caso, explicó, se podrían haber recaudado hasta 1.400 millones pero «ha habido comunidades autónomas que afortunadamente han mantenido sus figura fiscales» y, en consecuencia, la recaudación no ha alcanzado su «potencial máximo».

Por último, con respecto al recurso contra este impuesto que está valorando el Tribunal Constitucional, Montero ha recordado que se admitió a trámite «sin suspensión cautelar» porque «el Tribunal no cree que se esté vulnerando ningún principio fundamental».

Sobre el fondo, ha afirmado que el Gobierno está «convencido» de que el gravamen «sigue absolutamente las competencias estatales» y «no va a tener ningún problema con el resto de figuras».