Los economistas ven imposible recaudar lo que estimó Montero en su impuesto a los ricos

La chapuza ha sido de escándalo. El Gobierno se sacó de la manga un impuesto a grandes fortunas para 2023 y 2024 con el que esperaba recaudar 1.500 millones de euros al año. Pero un error en la redacción ha provocado que los ingresos de Hacienda por este concepto se hayan quedado en un 40 % de la previsión inicial, apenas 634 millones, y los economistas advierten que es imposible acercarse al objetivo.

Esta semana, el Consejo General de Economistas (CGE) ha organizado una sesión para analizar la situación de la tributación de la riqueza, centrándose en los impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, y el de grandes fortunas, así como poner de manifiesto las grandes desigualdades que se producen según el lugar de residencia de los contribuyentes.

El impuesto sobre el Patrimonio está bonificado al 100 % en Madrid, Andalucía y Extremadura, y al 50 % en Galicia, mientras que en el resto de comunidades se aplica un mínimo exento de 700.000 euros salvo en Murcia, donde este mínimo se ha establecido en 2023 en los 3.700.000 euros, Aragón (400.000 euros), y Cataluña, Extremadura y la Comunidad Valenciana (500.000 euros en todas ellas).

En 2021, Hacienda recaudó 1.352 millones de euros por este impuesto. Cifra que habría ascendido, según el Consejo, a los 2.000 millones si no estuviera bonificado en Madrid. «Consideramos que el impuesto sobre el Patrimonio es anecdótico en el conjunto de los sistemas tributarios y presenta problemas técnicos y de equidad en nuestro territorio, lo razonable sería suprimirlo», señaló Valentín Pich, presidente del CGE.

«Caso distinto es el de Sucesiones que, aunque también está sometido a debate, con determinados cambios puede jugar un papel redistributivo y fortalecer la igualdad de las oportunidades», añadió.

Este gravamen es más complicado porque depende de la edad de los herederos y el grado de consanguinidad, pero su recaudación es significativamente más baja que el de Patrimonio, salvo en el caso de Asturias, Castilla-La Mancha, Navarra, Aragón y Cataluña.

​Madrid, Andalucía y Galicia, las más castigadas

Pero donde ha sido especialmente duro el CGE ha sido con el impuesto a los ricos. Para evitar la doble imposición, este tributo solo se aplica a aquellas comunidades que en las que el patrimonio esté bonificado. Es decir, el grueso de la recaudación ha recaído en Madrid (555 millones), Andalucía (29,7 millones) y Galicia (9,8 millones), además de las fortunas de los no residentes (26,2 millones). El resto, apenas 2,7 millones, se ha repartido entre Asturias, Cantabria, Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Para el Consejo, este tributo socava la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas y atenta contra la alta autonomía política establecida en la Constitución. «No debería hacerse permanente porque se configura como un parche sobre el impuesto de Patrimonio y se ha aprobado siguiendo una trayectoria parlamentaria singular», resumió Agustín Fernández, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) del CGE.