El 90 % de los nuevos fondos europeos son préstamos que engrosarán la deuda del Estado

La inflación, la guerra, la meteorología extrema o los cuellos de botella derivados de la pandemia. Son algunas de las justificaciones del Ejecutivo a las 52 modificaciones, correcciones y retrasos dados a conocer junto a la aprobación, por parte de la Comisión Europea, de la adenda a los fondos europeos de recuperación.

Bruselas desbloqueó el lunes 93.000 millones de euros de los fondos europeos. De ellos, el 89,2 %, 83.000 millones, son préstamos que engrosarán la deuda del estado. No obstante fuentes gubernamentales precisaron que ofrecen condiciones muy ventajosas «que permiten una fuerte reducción de costes respecto a la emisión de deuda por parte del Estado» en un contexto de tipos de interés altos y elevada incertidumbre.

«Los 83.000 millones de euros van a engordar el saldo de la deuda de España. Por eso es importante generar un crecimiento económico que ayude a pagarla», aseguraban ayer a este periódico fuentes independientes, que recordaban que la deuda alcanza el 125 % del PIB y el déficit cerrará el año previsiblemente en el 4,1 %. Las mismas fuentes creen que la valoración que hace Bruselas de las medidas de España es «muy positiva», si bien se muestran sorprendidas por el elevado número de errores de redacción y recuantificaciones de medidas planteadas previamente corregidos por la adenda.

Nueva tasa

El cambio más significativo, la eliminación de los peajes previstos para las autovías españolas a partir de 2026, se argumenta en que se ha conseguido convencer a la Comisión Europea de que la promoción del transporte ferroviario de mercancías tendría un impacto similar en la reducción de emisiones de CO2. No se menciona cómo se harán frente a los costes de mantenimiento (cifrados en 10.000 millones de euros por la Asociación Española de la Carretera) pero sí se adelanta la llegada de una nueva tasa a las emisiones de carbono, denominada ETS (de Emission Trading System), que se habría solapado con el pago de peajes.

«Lo que hace unos años podía tener sentido cuando diseñamos el plan inicial ha dejado de tenerlo», argumentaban ayer fuentes del Ejecutivo, que aseguran no haber tenido «ningún problema» para convencer a la Comisión de la retirada de los peajes.

Más allá de los peajes, al menos 33 de las modificaciones de hitos y objetivos se corresponden con la «adaptación a nuevas circunstancias», fundamentalmente cambios en los precios de las materias primas o cuellos de botella, según reconoce el propio Ejecutivo.

En este sentido, Bruselas admite que «la gran dependencia energética» ha hecho que nuestro país sufra especialmente el impacto de la inflación, que escaló al 8,3 % de media en 2022. De ahí la puesta en marcha de la modificación estructural más significativa de las ayudas, el plan REPowerEU, con 6.917 millones de euros destinados fundamentalmente a reducir la dependencia energética de Rusia.

Otras medidas, como las I3 e I4 del componente 4, referidas a la restauración de ecosistemas e infraestructura verde y a la gestión forestal sostenible, se han retrasado al menos un año. El argumento: la ocurrencia de «eventos meteorológicos extremos», según la documentación de trabajo de Bruselas.

Justicia e Ingreso Mínimo Vital

Asimismo se retrasa el ritmo de llegada del vehículo eléctrico a las carreteras españolas. Así, en contra de lo que prometió Teresa Ribera, no será al menos hasta finales de 2025 cuando se alcance la cifra de 238.000 coches eléctricos y puntos de recarga financiados con fondos UE, dos años más tarde de lo previsto inicialmente.

Igualmente se desvincula el Ingreso Mínimo Vital de los fondos, pese a que inicialmente se mencionaban en su Componente 22. El objetivo es «centrar los desembolsos en inversiones productivas», según el Ejecutivo. De ahí que también se elimine la mención al mecanismo RED, que afectaba al empleo.

También se pospone la reforma prevista para agilizar el sistema de justicia. A este respecto se propone fusionar la entrada en vigor de dos reales decretos-ley sobre eficiencia procesal y eficiencia digital. Y se introducen dos hitos adicionales para el segundo trimestre e 2024: una ley sobre organización y procedimiento de eficiencia en la justicia, y una nueva ley sobre el derecho a la defensa, en lugar de la modificación del código penal prevista inicialmente.

Un cambio que tiene que ver con la celebración adelantada de elecciones, como admiten fuentes gubernamentales, que puntualizan que «no afectará a su ambición» sino que «simplemente se separa de la ley de eficiencia procesal y la ley de eficiencia digital porque la Ley de Eficiencia Organizativa necesitará un calendario más largo, al igual que la futura Ley de Derecho a la Defensa».

Retrasos y opacidad

Con la nueva inyección de fondos el Ejecutivo recibe más presión para acelerar la ejecución de las ayudas, que apenas alcanza el 10 % según el Banco de España. Cabe recordar asimismo que el Gobierno tampoco ha publicado todavía la lista de los 100 mayores beneficiarios de las ayudas, algo a lo que obliga Bruselas. Cuestionado ayer de nuevo al respecto, asegura que lo hará «próximamente», sin ofrecer justificación sobre el motivo de los retrasos.

La mayor parte de la nueva remesa de fondos recaerá en los PERTE, el vehículo puesto en marcha por el Gobierno para articular las ayudas. Consumirán un 20% del total de los préstamos y un 30% del total de las transferencias.

Los PERTE consumirán el 20 % de los nuevos préstamos y el 30 % de las transferencias

La aprobación de la adenda modifica también el calendario de pagos, que pasa de siete a diez. Así, se distribuirán 25.600 millones de euros en 2024, 44.600 en 2025 y otros 44.300 en 2026. No varía la estimación de impacto en el PIB, que se mantiene en un 3 % en 2023 respecto del nivel de 2021.

La gran duda tiene que ver con la fecha del desembolso del cuarto pago, previsto inicialmente para este año, pero pendiente de la aprobación definitiva de la adenda por parte del Consejo Europeo. No será hasta entonces cuando el Ejecutivo pueda solicitar el desembolso del cuarto tramo de las ayudas, algo que podría hacer aunque permanezca en funciones. De ahí que crezcan los temores si todos los proyectos podrán estar ejecutados en 2026, como inicialmente preveía el mecanismo del reglamento. De no ser así, el Ejecutivo ve una vía abierta en la posibilidad de canalizarlos a través de entidades públicas empresariales algo que, aseguran, ha sugerido la propia Unión Europea.