La ley de vivienda desata una escalada de precios a pesar de bordear la inconstitucionalidad

Concebida como una de las medidas estrella de Podemos, la ley de vivienda estaba moribunda desde su registro en el Congreso. Más allá de las peloteras que provocó entre los miembros del Gobierno de coalición, el mayor borrón fue no contar con el asesoramiento del sector, que llevaba tiempo advirtiendo de los efectos perniciosos que tendría en el mercado inmobiliario. Apenas cuatro meses después de su entrada el vigor, el texto ya está recurrido el Constitucional. Mientras, los precios se sitúan por las nubes por un disparate que tardará tiempo en arreglarse.

Fue Nacho Álvarez –cuyo nombre gusta a Yolanda Díaz como posible ministro de Vivienda– uno de los más críticos con el PSOE por su negativa a abrir un melón que a todas luces invade varias competencias autonómicas. Tras año y medio de tiranteces entre PSOE y Podemos, la cercanía de las elecciones llevó a la entrada en vigor del texto el pasado 26 de mayo, sin haber solucionado los puntos más conflictivos.

Ya el propio preámbulo de la ley reconoce que la materia de vivienda recae, sin excepción, en las comunidades y que el Estado «solo puede incidir, con distinto alcance y sobre la base de títulos competenciales, en la política de vivienda». Pero no por ello reduce la intervención del estado en el derecho a la vivienda, la normativa sobre protección pública o la definición de zona tensionada.

Precisamente, esta pasada semana el Constitucional admitió a trámite los recursos del PP por vulneración de varios derechos; y de los gobiernos regionales de Madrid, Andalucía, Baleares y Cataluña por invasión de competencias.

Pero si esta ley es un despropósito es por el daño que ha causado al mercado del alquiler a pesar de la vacuidad del texto. Desde su aprobación en el Consejo de Ministros en febrero del pasado año, el precio del alquiler ha aumentado casi un 13,5 %. Entonces, según los datos de Idealista, el metro cuadrado se colocaba en los 10,4 euros –tras meses de caídas– hasta los 11,8 euros del pasado mes de septiembre.

En el caso de los grandes núcleos urbanos, la situación es especialmente grave. Desde que el Consejo diera luz verde al texto, el precio se ha incrementado considerablemente en Alicante (36,4 %), Valencia (30,5 %), Barcelona (29,9 %), Málaga (29,3 %), Palma (28,1 %), Sevilla (28,1 %) y Madrid (22,1 %). A nivel autonómico, desde la entrada en vigor de la ley, se han registrado máximos históricos en quince de las diecisiete comunidades y dos ciudades autónomas.

«Parece evidente que la ley de vivienda no ha conseguido contener el precio de los alquileres», señala Francisco Iñareta, portavoz de Idealista. «Hay menos pisos y más gente buscando, por lo que los propietarios eligen siempre a quien les ofrezca una mayor seguridad jurídica y frente a impagos. En realidad, no es nada que no se supiera con antelación y nada que no hubieran avisado ya los actores del mercado. Se han tomado como válidas medidas que en el pasado ya se habían visto sin efecto o negativas en otros mercados donde se habían implementado».

Iñareta se refiere a los ejemplos de ciudades como Nueva York, Berlín, Estocolmo… y Cataluña. De hecho, un informe elaborado por Esade apuntó que la ley de tope de precios en esta comunidad –aprobada en 2020– provocó una reducción de la oferta de alrededor de un 10 %, afectando en particular a los hogares con rentas más bajas.

«Desbandada» de propietarios

Más beligerante con esta ley está siendo José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler. Zurdo apunta a que esta ley está afectando a constructores, inversores, arrendadores y arrendatarios, agencias y compañías de seguros. Concretamente por la «desbandada» de propietarios hacia otros mercados como el de la compraventa, o arrendamientos con menos riesgos y límites «como los alquileres de temporada, de habitaciones o alquileres turísticos».

«Además, a los arrendatarios les están empezando a repercutir gastos que hasta ahora no se les aplicaban –como gastos de comunidad o seguros de impagos– que están originando que los precios sigan subiendo en lugar de contenerse», añade.

Los arrendatarios tienen que afrontar nuevos gastos como los de comunidad o los seguros de impago

Pero en lo que todos los expertos coinciden es en que el precio no bajará hasta que no aumente la oferta. Con el texto en el Constitucional y cierta sensación de inseguridad jurídica instalada entre inversores y promotores, no parece que el mercado vaya a ajustarse pronto. Y del casi medio millón de viviendas anunciadas por el Gobierno, todavía no se sabe nada.