Fin de los vuelos cortos, mantener el descuento al transporte público y más impuestos: claves económicas del pacto de Sánchez y Yolanda Díaz

Fumata blanca. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han escenificado este martes las líneas clave de su acuerdo programático para tratar de alcanzar de nuevo el Palacio de la Moncloa. Un total de 230 medidas de las cuales buena parte tienen que ver con la economía.

Los pilares del mismo se asientan sobre una reducción de la jornada laboral manteniendo el salario, previsiblemente para situarse en las 37,5 horas como paso intermedio a llegar a 35 horas semanales.

La jornada máxima legal se reducirá, según han detallado ambas formaciones, hasta las 37,5 horas: bajará hasta los 38,5 horas semanales en 2024 y hasta las 37,5 en 2025. A partir de entonces se constituirá una mesa con los agentes sociales que evalúe los resultados de esta medida y siga avanzando en la disminución de la jornada legal «teniendo en cuenta las características de los distintos sectores de actividad, la evolución de la productividad y las circunstancias económicas».

En materia fiscal, se comprometen a realizar una reforma fiscal con la banca y las empresas energéticas en el punto de mira. En este sentido Sánchez y Díaz se emplazan a revisar los gravámenes sobre la banca y las empresas energéticas con el objetivo de «readaptarlos y mantenerlos» una vez que expire su periodo de aplicación actual, así como fijar un tipo del 15% en el Impuesto de Sociedades sobre el resultado contable —en lugar de sobre la base imponible como hasta ahora— para recaudar 10.000 millones adicionales.

Sánchez y Díaz se emplazan a revisar los gravámenes sobre la banca y las empresas energéticas, el impuesto de Sociedades y la Tasa a las Grandes Fortunas

«Lo que vamos a hacer es que las grandes empresas pagarán un Impuesto de Sociedades al 15% pero sobre el resultado contable, es decir, sobre los beneficios reales que perciben y no sobre los que nos dicen que perciben, y esto es antes de los ejercicios de ingeniería fiscal», ha asegurado Yolanda Díaz. También sitúan en el horizonte hacer indefinido el Impuesto Temporal a las Grandes Fortunas y revisar su articulación para enmendar el error de Hacienda que provocó que su recaudación sea inferior en un 50 % a lo que se previó inicialmente.

Asimismo, PSOE y Sumar se comprometen a impulsar la firma de un gran pacto de rentas por la estabilidad de precios que garantice la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y que tiendan a la convergencia con los países del entorno español. Entre las medidas destaca también el incremento del número de beneficiarios del bono social eléctrico de 1,2 a más de tres millones.

Los vuelos y el Falcon

El pacto de Pedro Sánchez con Díaz incluye también acabar con los vuelos cortos. Inicialmente Yolanda Díaz ha hablado de poner fin a aquellos de menos de 2,5 horas de duración que tengan el tren como alternativa. Posteriormente, en el acuerdo remitido a los medios se precisaba que «se reducirán aquellos vuelos que tengan una alternativa en tren de duración inferior a dos horas y media», lo que supone una matización importante. Además, quedarán exentos aquellos que sirvan de conexión con destinos internacionales, lo que abre la puerta a que el impacto de la medida sea escaso.

Una medida que, según argumentan, se corresponde con el interés por reducir las emisiones de CO2. Ello mientras no ceja la polémica sobre el uso intensivo del Falcon oficial por parte del presidente del Gobierno en funciones, Según publicó El Debate, los vuelos en Falcon de Sánchez han emitido en dos años el CO2 equivalente a 5.000 años circulando en coche.

Igualmente PSOE y Sumar abogan por la continuidad de la senda alcista del salario mínimo interprofesional (SMI), de forma que en el Estatuto de los Trabajadores quede reflejado que debe acompasarse al 60% del salario medio. Asimismo el pacto incluye reconvertir la Comisión Nacional de Energía en un regulador especializado para alcanzar el objetivo de neutralidad climática.

La CEOE, por su parte, ha expresado en un comunicado su disgusto porque se haya dejado al margen a la mesa del diálogo social. «Resulta sorprendente que el acuerdo se adentre en cuestiones propias del diálogo social, acordando aspectos muy relevantes a espaldas de los interlocutores sociales y con un afán intervencionista evidente y que es un atropello al papel constitucional de los agentes sociales».