Contenedores de basura en Santander
«Inseguridad jurídica» y pagar un 40 % más: claves de la futura tasa de basuras para toda España
Los inspectores de Hacienda Local avisan de que la nueva tasa, obligatoria para todos los municipios, «supondrá un grave quebranto para las arcas públicas»
Por primera vez en 2025 todos los municipios deberán disponer de una tasa específica para los servicios de gestión de residuos. Una tasa 'nacional' de basuras establecida por la Ley 7/2022, del 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
La legislación traspone una normativa comunitaria. La clave es que obliga a que dicha tasa «refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos». Un cálculo que, según los inspectores de Hacienda Local, «supondrá un grave quebranto para las arcas públicas al abocar a los entes locales a un desarrollo reglamentario».
En un reciente congreso en Málaga los inspectores avisaron además sobre la «extraordinaria inseguridad jurídica» del tributo, que deberá satisfacer un gasto de unos 3.000 millones de euros anuales en España. El problema es que las actuales tasas de basuras, que no son obligatorias, generan 'solo' 2.079 millones de euros, según datos de 2021 recopilados por la Fundación ENT. De ahí que, para cumplir con el requisito de la nueva regulación, la subida tenga que rondar el 40 %.
«Es claro que encarecerá el coste a cargo del contribuyente, salvo que los ayuntamientos decidan reducir el IBI en la misma parte proporcional», aseguran desde la OCU. Desde la Organización de Consumidores reconocen que «no será fácil hacer cuadrar las cuentas para que la tasa cubra efectivamente todos esos gastos ligados a la recogida y tratamiento de residuos en cada municipio». Y recuerdan asimismo que en los contratos de alquiler «conviene precisar expresamente que es el inquilino quien se hace cargo de esta tasa».
«Quién contamina paga»
La nueva legislación exige a que «de acuerdo con el principio 'quien contamina paga', los costes relativos a la gestión de los residuos, incluidos los costes correspondientes a la infraestructura necesaria y a su funcionamiento, así como los costes relativos a los impactos medioambientales y en particular los de las emisiones de gases de efecto invernadero tendrán que ser sufragados por el productor inicial de residuos, por el poseedor actual o por el anterior poseedor de residuos».
Los inspectores de Hacienda Local vinculan la nueva tasa a la plusvalía municipal, «el símbolo de la inseguridad jurídica». En una nota recuerdan que la plusvalía fue anulada por el Tribunal Constitucional, y que el nuevo diseño del tributo, aprobado en noviembre de 2021, «solo ha creado nuevas incertidumbres». Asimismo «la estimación directa de la base imponible del impuesto plantea numerosos interrogantes, es de gestión compleja y no resuelve la manera de valorar los inmuebles», aseguran.