Los inspectores de Hacienda avisan del «peligro» de que Sánchez 'independice' la Agencia Tributaria catalana

Un «peligro» que está encima de la mesa por las negociaciones para formar Gobierno. Así lo cree la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que considera que el objetivo de los políticos catalanes de «trocear» la Agencia Tributaria o la Seguridad Social, que «siempre ha estado ahí», se ha convertido en «moneda de cambio» para conformar Gobierno, según han denunciado los inspectores.

Con motivo de la celebración del XXXIII Congreso Anual de Inspectores de Hacienda del Estado, celebrado en Burgos, la presidenta de la Asociación, Ana de la Herrán, aseguró que «el sistema se quebraría por completo». El problema sería especialmente, para la gestión del IRPF , el control de actividades económicas, los impuestos sobre el consumo –como el IVA– o el sistema de información único, la «joya de la corona» de la Agencia, según los inspectores..

Junts ha demandado, en el marco de las negociaciones, la condonación del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y el traspaso de las competencias de recaudación a la Agencia Tributaria de Cataluña para que la Generalitat pueda cobrar todos los impuestos y prever, eventualmente, una «cuota de solidaridad entre Cataluña como nación y el Estado español».

Y es que actualmente sí que existe una Agencia Tributaria catalana que gestiona los impuestos propios y cedidos. Las exigencias de los independentistas pasarían por controlar también los tributos estatales que se devengan en esa comunidad (IRPF, Sociedades...).

Desde la Asociación se alerta de que este fraccionamiento de la AEAT supondría un paso atrás de gigante en su función principal de aplicar el sistema tributario y la conculcación de los principios tributarios fundamentales sobre los cuales se asienta el actual sistema tributario español. Además, los inspectores consideran que podría sentar precedentes, por lo que, de concederse, otras comunidades autónomas exigirían el mismo trato.

«Los Inspectores de Hacienda somos plenamente conscientes de las consecuencias que implicarían para nuestra sociedad la fragmentación de la AEAT en la gestión y recaudación de los impuestos, en la lucha contra el fraude fiscal, y en su función de órgano vertebrador de determinadas ayudas sociales del Estado», han alertado.

Alertan de que el desafío de la creación de una Administración Tributaria fraccionada conlleva el traspaso de determinadas líneas rojas que ponen en un brete a la eficiencia en la gestión del sistema tributario, pudiendo generar desigualdades en su aplicación fruto de una ineficiente gestión.

Desigualdades

Así, resultaría afectado el sistema de información tributaria, que ha de ser único para todo el territorio a fin de garantizar su aplicación, ya que la lucha contra el fraude fiscal se fundamenta en disponer de un sistema de información tributaria unificado lo más amplio posible, que permita analizar los riesgos fiscales en los que incurre un contribuyente y su ámbito de intereses.

Por otra parte, la necesidad de un sistema de caja única también se vería afectada, según los inspectores. Defienden que la gestión y el control de las retenciones y pagos fraccionados se deberían llevar a cabo por la Agencia Tributaria, con independencia del porcentaje de cesión de la recaudación que se ceda a cada comunidad.

«Y, finalmente, lo anterior conllevaría un gran riesgo en la gestión de las retenciones, que deben de realizarse de forma integrada por la AEAT, así como para el sistema de control de las actividades económicas, que debe ser de carácter integrado», han alertado.

Estatuto propio

Por ello, y con el fin de garantizar su autonomía y evitar este tipo de «injerencias», los inspectores han pedido la aprobación de un Estatuto de la Agencia Tributaria.

Teniendo en cuenta las particularidades de la AEAT como órgano encargado de la gestión y aplicación del sistema tributario, este organismo dispondría de un instrumento que podría garantizar su independencia frente a cualquier tipo de injerencia de carácter político, como la alteración del sistema de selección para el acceso a empleos que la Asociación ha señalado como otro de los peligros.

En el marco de ese estatuto, se plantea que el director general de la AEAT esté nombrado por el Parlamento y por un período de cinco años, renovable por otros cinco. También se propone una Oficina Nacional de Lucha contra el fraude; una policía fiscal dependiente de la Agencia Tributaria, a partir de las Unidades Operativas del Servicio de Vigilancia Aduanera o la creación de la Oficina Nacional Antifraude y de la Oficina Nacional de Recaudación.