Madrid y Andalucía, las más perjudicadas por una 'fuga de ricos' a la espera de la decisión del Constitucional

Y el Constitucional se hizo esperar. El tribunal de garantías finalmente no ha decidido esta semana sobre la constitucionalidad de la tasa temporal a las grandes fortunas. Una deliberación prevista para esta semana y que finalmente se pospone a noviembre. Todo ello en la semana en la que Yolanda Díaz y Pedro Sánchez han anunciado su intención de hacerlo permanente si repiten su coalición de gobierno.

El tribunal abordará el asunto sobre la base de la ponencia de la magistrada progresista María Luisa Balaguer. La magistrada se inclina por rechazar el recurso presentado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso contra el impuesto, que grava el patrimonio neto de las personas físicas de cuantía superior a los 3 millones de euros. Madrid, es precisamente, la comunidad autónoma con mayor número de altos patrimonios afectados por el tributo: 10.302 contribuyentes de un total de 12.010 declarantes.

Le sigue, a mucha distancia, Andalucía, con 865 declarantes, que han abonado 29,7 millones; y los grandes patrimonios de Galicia (91), con una cuota a pagar de 9,8 millones. Estas tres comunidades suman más del 95% de los contribuyentes y de la recaudación, según los datos del Ministerio de Hacienda.

A la espera de que se conozcan datos oficiales sobre si está provocando salidas de grandes fortunas del país, los asesores fiscales consideran que el tributo genera un incentivo al cambio de residencia fiscal hacia otros países. Así lo considera el 43,7 %, según un informe publicado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales, REAF, el pasado junio. Hacer su implantación permanente en lugar de temporal solo servirá para que este incentivo sea aún mayor, según trasladan fuentes especializadas.

Isabel Díaz Ayuso ha sido la presidenta autonómica más combativa con el impuesto. El pasado mes de septiembre anunció que la Comunidad de Madrid presentaba un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para que se suspenda el impuesto de manera inmediata. «No solo va a producir un menoscabo patrimonial contrario a su capacidad económica a los sujetos pasivos del tributo, sino que está ya produciendo, y continuará haciéndolo, una importante reducción en la inversión y en el crecimiento de la economía nacional», aseguró Ayuso.

Ayuso presentó un recurso del impuesto a las grandes fortunas ante el Constitucional

Fuga de patrimonios

La Comunidad de Madrid aporta el 89 % del total de recaudación de este impuesto. Perfiles con patrimonios de más de tres millones de euros, descontando los primeros 700.000 euros exentos y hasta 300.000 euros del valor de la vivienda en el caso de los residentes.

Según un informe de la consultora Freemarket Corporate Intelligence que manejaba la comunidad, la fuga de patrimonios será de hasta 30.000 millones en España, mientras que en la capital «dejarán de llegar entre 1.200 y 1.600 millones de euros al año en inversión extranjera lo que supondrá también menor crecimiento económico y creación de empleo y, en última instancia, menor recaudación fiscal que sin la aplicación de este impuesto».

Antes de conocer las consecuencias de la asfixia a las grandes fortunas, Credit Suisse emitió un informe en septiembre de 2022 donde aseguraba que en 2021 España perdió un total de 17.000 ricos. Algo normal que incluso suponía ser el menor dato del resto de grandes economías de la zona euro. Además, se conservaban los 1,1 millones de personas que tenían un patrimonio superior al millón de dólares, un 2 % del total de millonarios a nivel mundial. El informe del banco suizo no contaba con este impuesto y aseguró que en el próximo lustro España registrará un crecimiento del 25 % con 283.000 millonarios más.

La riqueza financiera de los residentes españoles en territorios offshore ha alcanzado una cifra sin precedentes

Cuatro meses después de que entrara en funcionamiento el impuestazo a los ricos en España las secuelas son duras para la economía del país. Europa es el primer organismo que ha llamado la atención en su informe Evasión fiscal global 2024 que publica el Observatorio Fiscal de la Unión Europea donde asegura que la riqueza financiera de los residentes españoles en territorios offshore ha alcanzado una cifra sin precedentes con una cifra de unos 140.000 millones de euros.

Pedro Sánchez despachó la salida de Ferrovial de España comentando que «la patria no es solo hacer patrimonio, es ayudar a tu país». El EU Tax Observatory certificó que se dejaron de ingresar cerca de 4.500 millones de euros en 2019 debido al desvío de beneficios de las multinacionales hacia territorios con tributaciones más favorables. Esto evidencia, según el observatorio, la necesidad clave de adoptar medidas para incrementar la recaudación y combatir la evasión fiscal.

Economistas

El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) publicó el pasado mes de junio el informe Opinión de los economistas asesores fiscales sobre nuestro sistema tributario. El 74 % de los asesores fiscales señalan que el impuesto a las grandes fortunas genera un mayor «incentivo» para que se dé un «cambio de residencia fiscal por parte de los contribuyentes afectados» a excepción de las empresas y el 66 % asegura que esta fuga de patrimonios hacia el extranjero «va en aumento». En ese informe también se asegura que «seis de cada 10 profesionales considera que el sistema tributario español ha empeorado a lo largo de la última legislatura».

El Impuesto a las Grandes Fortunas que pergeñó el Gobierno tenía una importante carga ideológica. Los expertos de la REAF aseguran que detrás existe una armonización fiscal autonómica encubierta además de una copia del Impuesto de Patrimonio que Hacienda utilizó como arma para librar la batalla fiscal de las autonomías del PP.

Los ricos no es que paguen más, es que, si pueden, se van de España

En cualquier caso, los datos destrozan cualquier relato del Gobierno y los ricos no es que paguen más, es que, si pueden, se van de España o buscan los caminos legales para evitar un impuestazo convertido en desincentivo para un tejido empresarial imprescindible para la economía española.