Los empresarios y el Gobierno consuman su alejamiento

En el corrillo con periodistas posterior a su intervención en el Congreso de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE) celebrado en Granada hace unos días, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, respondía a la primera pregunta señalando que no había hablado con Pedro Sánchez después de la presentación del acuerdo entre PSOE y Sumar. Aunque la contestación era obvia, no deja de constatar el alejamiento creciente entre los empresarios y el Gobierno actual en funciones.

Hablando hace unos días con un empresario conocido, manifestaba su esperanza de que el Gobierno de Sánchez no se consume y vuelva a haber elecciones en enero para que tome posesión un Ejecutivo que no les persiga. Lamentaba que el actual Gobierno en funciones haya lanzado una y otra vez leyes o impuestos contra la empresa privada.

La mayor cercanía de los empresarios con un partido que no les odia, sino todo lo contrario, se ha hecho patente esta semana en el Congreso Nacional de la Empresa Familiar celebrado en Bilbao. Empresarios individuales o en grupo se acercaban constantemente durante la primera pausa al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para hablar con él y hacerse fotos. La situación contraria se veía en el ministro de la Seguridad Social en funciones, José Luis Escrivá. Acudió al acto para sustituir a un Sánchez que lleva cinco años sin aparecer por este Congreso pese a ser invitado, pero el interés que ponían los empresarios en estar con él era mucho menor.

A Escrivá se le vio evidentemente incómodo en el Congreso de la Empresa Familiar

Escrivá se esforzó por alabar la labor de los empresarios y por estar amable con ellos, pero se le veía evidentemente incómodo. Lo mismo ocurría con Nadia Calviño, a quien se le observaba en el Congreso de CEDE como si fuera del equipo contrario pese a su empeño en aplaudir al Rey y a quien fuera necesario. Tuvo que oír los carraspeos de desaprobación de 2.100 directivos cuando dijo que su Gobierno en funciones había propiciado cinco años de estabilidad política y económica en nuestro país.

No es de extrañar que los empresarios muestren cuando pueden su desacuerdo con un Gobierno que le tiene puesta la proa. PSOE y Sumar hablan de reducir la jornada laboral, seguir subiendo el salario mínimo interprofesional o incrementar los impuestos a las empresas sin preguntar antes qué le parece a los empresarios, que son quienes saben de la materia. Como recalcaba Garamendi en su intervención en Granada, «te dicen que lo van a hacer por ley, pero dentro del diálogo social», aunque no haya habido diálogo alguno.

Esta forma de imponer la legislación laboral sin hablar con los empresarios es la que está llevando al límite la paciencia de las compañías y puede acabar en una catástrofe. Se ha visto con claridad con la amenaza de Repsol expresada esta semana a raíz de los anuncios del Gobierno en funciones: se plantea llevarse fuera sus inversiones si permanece el impuesto a las empresas energéticas.

Capital Group también pide estabilidad

También los inversores extranjeros se han pronunciado en contra del Gobierno. Lisa Thompson, responsable de inversiones de Capital Group, uno de los fondos de inversión más grandes y más antiguos del mundo, que cuenta con participaciones importantes en empresas del Ibex 35, decía en Granada delante de Calviño que «la estabilidad regulatoria es un reto importante en España. La estabilidad de la regulación y del régimen fiscal son críticos. Si buscamos oportunidades en todo el mundo, queremos poder ir a países donde sintamos que son regímenes estables. Pero cuando las reglas del juego cambian rápida y arbitrariamente, resulta más difícil atraer inversión».

Es una prueba más de cómo están las cosas. El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, decía en este congreso y en otras ocasiones que probablemente los empresarios tienen que comunicar más para ser mejor valorados por la sociedad, pero por otra parte el Gobierno debía robustecer el ánimo del empresario, que es una pieza clave para el bienestar del país.

Es posible que los empresarios puedan hacer más para mejorar su imagen, pero también es verdad que los españoles deben decidir si su futuro y el de sus hijos puede sostenerse con un Gobierno que persigue a las empresas. Mientras el Ejecutivo tenga dinero para pagar el gasto público, nadie se quejará, pero si se sigue penalizando a quienes producen más, que es el sector privado, y los recursos empiezan a disminuir, a ver cómo salen de esa situación quienes estén en ella.