Qué es la SEPI y por qué quiere comprar el 5 % de Telefónica

Tras el rechazo de BBVA y CaixaBank de ampliar su participación en el accionariado de Telefónica, el Gobierno se plantea utilizar a la SEPI para evitar que STC –controlada por el fondo soberano saudí– se convierta en el principal accionista de la teleco española. Con esta operación, el Estado volvería a entrar en su capital tras su completa privatización en 1999.

En un escueto comunicado remitido este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la SEPI aseguró estar llevando a cabo «un análisis exploratorio interno relativo a una eventual adquisición de una participación accionarial» en Telefónica. Aunque dicho análisis «no presupone la adopción de una decisión que suponga dicha adquisición», confirma los rumores de que el Gobierno estaría planteándose la compra del 5 % de las acciones a través de esta sociedad.

Pero, ¿qué es la SEPI y por qué está interesada en entrar en Telefónica? Según explica el propio organismo en su página web, se trata de un instrumento estratégico en la aplicación de la política diseñada por el Gobierno para el sector público empresarial. Es decir, es la forma del Estado de mantener su participación en empresas estratégicas para los intereses del país.

Nacida en 1995, esta sociedad cuenta con participación mayoritaria en catorce empresas, entre las que destacan Correos, Mercasa, Navantua, Tragsa o al Agencia EFE. Además, tiene participaciones minoritarias directas en diez compañías e indirecta en más de cien, en su mayoría filiales de otras participadas.

Sus actividades se ajustan al ordenamiento jurídico privado, pero se trata de una entidad de Derecho Público sometida a los mismos procedimientos de control que cualquier otra institución del Estado. Además, aunque su gestión debe garantizar la rentabilidad económica, pueden percibir aportaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado o captar fondos en los mercados mediante la emisión de valores de renta fija.

Actualmente está dirigida por Belén Gualda, expresidenta de Navantia –también integrada en la SEPI– tras la destitución de Vicente Fernández, imputado en el caso Aznalcóllar. Gualda, de 49 años, es ingeniera de caminos y tiene una dilatada experiencia en el sector público empresariales, especialmente en la Junta de Andalucía, donde trabajó durante diez años hasta la llegada de Juanma Moreno al gobierno regional.

Falta de transparencia

A pesar del control financiero y parlamentario al que está sometida, la SEPI ha recibido importantes críticas por la falta de transparencia de la institución en ciertos asuntos, como los rescates a empresas al borde de la quiebra por la pandemia.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) identificó el pasado año en un informe los diferentes puntos en los que la SEPI necesita mejorar. Concretamente, el organismo público denunció la falta de información en las modificaciones de los contratos o la opacidad respecto a las retribuciones de sus responsables, entre otros asuntos.

Evitar el control saudí

Pero lo más paradójico del tema es que Telefónica ya era una compañía de participación mayoritariamente pública hasta su privatización en 1999 –el proceso comenzó en 1995–, año en el que José María Aznar vendió las últimas acciones que poseía el Estado, un 20,9 %, por valor de 3.745 millones de euros.

Con esta operación, que se calcula le costará al Estado 1.000 millones por el 5 % de la sociedad, el Ejecutivo quiere evitar que el fondo soberano saudí se convierta en máximo accionista de una empresa estratégica para los intereses de nuestro país.