La nueva legislación podría favorecer el autoconsumo, algo que se persiguió hace menos de una década
Energía
La patronal eléctrica europea ve en la reforma del mercado común una oportunidad a favor del autoconsumo
La normativa en proceso de negociación quiere dar más oxígeno a los consumidores mientras que apoya la descarbonización y la «transición energética»
La industria eléctrica europea quiere que la próxima reforma del mercado de la electricidad incluya restricciones en el intercambio de energía derivada de la autoproducción. Quieren asegurar condiciones equitativas entre particulares y generadores profesionales, algo que no se ha visto con buenos ojos en los últimos años.
La asociación europea Eurelectric ha reclamado una serie de medidas dirigidas a las negociaciones finales sobre el diseño del mercado entre el Consejo de la Unión Europea, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea cuyo proyecto está todavía encima de la mesa.
La normativa en proceso de negociación pretende permitir a los consumidores colaborar en la producción de electricidad renovable y su almacenamiento, lo que reduciría sus facturas eléctricas. También se contempla la posibilidad de eximir a hogares con capacidad de generación limitada o a pequeñas empresas cuya actividad principal no sea la venta de energía de ciertas obligaciones comerciales.
España, durante el gobierno popular de Mariano Rajoy, tuvo una de las normativas de autoconsumo más restrictivas del mundo, así como uno de los precios de la electricidad más altos de Europa en ese momento. Tan solo en el periodo 2017-2018 las grandes eléctricas duplicaron sus beneficios.
Mención aparte merece el que se conoció como «impuesto al Sol», una tasa a todos aquellos sistemas que permitían obtener electricidad a través de la conversión de luz solar.
Al mismo tiempo, el gobierno de aquel momento se enfrentó a los consumidores por las baterías que permitían almacenar esa electricidad producida. Los que disfrutaban de este tipo de sistemas fuerzon forzados a ingresar el exceso al sistema eléctrico favoreciendo a las empresas que prestan servicio.
Aquellos tiempos ya parecen olvidados, no obstante, Eurelectric está preocupada de que este intercambio de energía pueda generar una competencia profesionalizada que compita con el suministro eléctrico tradicional. Existe el riesgo de que los participantes en este mercado paralelo no estén sujetos a las mismas regulaciones y estándares que los proveedores de energía convencionales.
Para prevenir esta situación, proponen la implementación de criterios como limitaciones geográficas, la introducción de un coordinador de reparto y la aclaración de cómo se asignan los costos relacionados con el intercambio de energía.
Eurelectric también solicita que el intercambio de energía no imponga obligaciones innecesarias y excesivas a los operadores de sistemas de distribución.
La descarbonización es una oportunidad
En líneas generales, el sector eléctrico está buscando que la reforma promueva las inversiones en descarbonización con un marco regulatorio claro, predecible y tecnológicamente neutral, impulse la expansión, digitalización y flexibilización de las redes, y no complique el diseño del mercado.
Esas inversiones son, en gran parte, subvenciones estatales o supranacionales con el fin de conseguir lo que se conoce como «transición energética», que no es otra cosa que cambiar las fuentes y las materias primas de las cuales se obtiene energía.
La patronal entiende que esa descarbonización planificada puede entenderse, a su vez, como parte de una descentralización de los sistemas de distribución, algo que daría margen a los consumidores para aumentar su porción de autoconsumo.
De cara a futuras crisis, Eurelectric sugiere que se prohíba desconectar del suministro eléctrico a los consumidores vulnerables en tiempos de crisis, ya que esto puede resultar en acumulación de deudas para los clientes y daños significativos para los proveedores si no se fomenta el pago de facturas.
Esta restricción “debe limitarse a los clientes domésticos vulnerables y pobres desde el punto de vista energético, cuando no estén suficientemente protegidos por medidas de política social, y no extenderse a los clientes 'en riesgo de pobreza energética' o en proceso judicial, como sugiere la Comisión Europea", apunta la patronal.
