Pedro Sánchez y Andoni Ortuzar, durante la firma del pacto
La trampa que esconde la cesión al PNV de la gestión de la Seguridad Social
El Constitucional ha dejado claro en varias ocasiones que la cesión de transferencias es inviable, a pesar del acuerdo alcanzado entre PSOE y PNV para investir a Sánchez
Este viernes, el PSOE anunciaba un acuerdo con el PNV para garantizar el apoyo de los nacionalistas vascos a la investidura de Pedro Sánchez a cambio de comprometer el traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social en un plazo «improrrogable» de dos años. Los jeltzales pretenden imponer una barra libre autonómica a cuenta del Estado de dudoso encaje constitucional.
Tras la firma del acuerdo, Andoni Ortuzar estaba eufórico. Incluso se permitió bromear con los periodistas en la rueda de prensa posterior. El líder jeltzale negó que el Constitucional impida trasferir las competencias de la Seguridad Social, «aunque a Escrivá no le guste».
«[El estatuto vasco de autonómica] es una ley orgánica que forma parte del bloque de constitucionalidad y que hay que cumplir. A diferencia del texto de hace cuatro años, que hablaba de estudiar los traspasos, ahora se habla de negociarlos y hacerlos efectivos. Creo que es un salto muy muy evidente», aseguró.
La gestión del régimen económico de la Seguridad Social es una vieja aspiración de los nacionalistas vascos y está plasmada en el artículo 18 del Estatuto de Guernica. A pesar de tratarse de una competencia exclusiva del Estado y de las sentencias del Constitucional en contra de su trasferencia, Sánchez se comprometió en 2020 a estudiar el asunto. Sin embargo, la llegada del coronavirus frenó esta y otras de las muchas cesiones que quedaron pendientes y que ahora el PNV quiere garantizar.
El problema es que esta petición, por muy «histórica» que sea, choca de frente con la Constitución, que establece en su artículo 149 que el Estado tiene competencia exclusiva sobre la legislación básica y el régimen económico de la Seguridad Social. De hecho, el Tribunal Constitucional ha advertido en varias ocasiones que el Estado no solo tiene potestad en la regulación jurídica de la Seguridad Social, sino en todas las competencias de gestión y ejecución que garanticen la efectiva aplicación de los criterios unificados.
El PNV ya consiguió el traspaso del ingreso mínino vital bajo la excusa del Cupo vasco
Sin embargo, el PNV lleva buscando cualquier resquicio legal para salirse con la suya. El pasado año el Gobierno certificó, bajo la excusa del Cupo, el traspaso íntegro del ingreso mínimo vital (IMV) al País Vasco, una prestación de la Seguridad Social para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión que se agravó por la pandemia. De esta manera, es el Ejecutivo vasco y no el Ministerio el encargado de recibir los expedientes, reconocer a los beneficiarios y abonar la ayuda.2
El PP recurrió esta cesión al entender que se trataba de una «acción protectora de la Seguridad Social como prestación económica en su modalidad no contributiva» y no una prestación asistencial, de competencia autonómica”.
Barra libre a cuenta del Estado
En cualquier caso, el objetivo del PNV es gestionar la Seguridad Social en el País Vasco de un modo similar al del IMV: tramitando y aprobando los expedientes sin cuestionar la caja única. En la práctica, el Gobierno vasco reconocería a los beneficiarios sin seguir necesariamente los criterios unitarios del INSS y todo a cuenta del Estado, que sería el que abonaría las prestaciones.
Desde los servicios jurídicos de la Seguridad Social como Inspección de Trabajo se ha advertido que este acuerdo constituye un ataque al Estado de derecho, al principio de igualdad, a la separación de poderes y a la independencia judicial «al asumirse que los procesos judiciales respondieron a motivaciones políticas cuando los mismos estuvieron sometidos a las máximas garantías jurídicas salvaguardando el derecho a la defensa de todos los procesados».
Así, se remiten a una de las recomendaciones del Pacto de Toledo que sugiere el desarrollo «de un mecanismo unitario de gestión» desde el que se garantice «los principios de solidaridad, igualdad y equidad» que conforman el sistema de la Seguridad Social.
El PSOE, por su parte, ha echado balones fuera. Tras conocerse un acuerdo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó que en el documento «no se ha singularizado nada» y que una eventual cesión de las transferencias de la Seguridad Social al País Vasco será «difícil». Es decir, que es posible cumplir el acuerdo que acaba de firmar. Eso sí, Sánchez ha ganado dos años más para incumplir sus promesas.