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José María Álvarez-Pallete, CEO de TelefónicaEuropa Press

La SEPI no debería entrar en Telefónica: tendría que vender sus participaciones en empresas y reducir deuda

No tiene sentido emplear dinero en nacionalizar compañías privadas viendo el deterioro de nuestras finanzas públicas

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) todavía no ha anunciado si finalmente entrará en Telefónica comprando un 5 % de sus acciones, tal como sugirió el 31 de octubre. Supondría el retorno del Estado a la principal compañía de telecomunicaciones española tras su salida en 1997. Los expertos consultados por El Debate no creen que hacerlo sea una buena idea.

Uno de ellos es el catedrático de la Universidad CEU-San Pablo Rafael Pampillón. Estima que «la buena idea sería que el Estado saliera del capital de CaixaBank, en donde tiene una participación, hiciera caja y redujera deuda pública, y que hiciera lo mismo con Aena, en donde tiene un 51 %, con Paradores, y con cualquier otro bien público que pueda ser gestionado de mejor manera por el sector privado. No tiene sentido que pensemos en nacionalizar cuando no tenemos dinero para que el déficit público se rebaje al 3 %, que es lo indicado por Europa».

El catedrático de la Complutense Mikel Buesa está de acuerdo con Pampillón, y va incluso más allá: «Si el Gobierno piensa que los teléfonos deben ser gestionados públicamente, no debería comprar solo el 5 %, sino la mayoría», dice. «Esta idea de que el Estado participe en Telefónica la veo como un avance en esta obsesión de la izquierda, especialmente de la extrema izquierda, de ensalzar lo público y estatal. Hay unas cuantas empresas que podrían privatizarse, pero no es esa, precisamente, la idea del Gobierno. Estamos viviendo en una economía pública que está completamente desmadrada, con unos niveles de deuda pública que son enormes. Va a costar muchísimo llevar esa situación a un equilibrio con las normas europeas. No solo va a costar desde un punto de vista de la gestión de las finanzas públicas: nos va a costar como ciudadanos, porque todo esto conllevará el deterioro de los servicios públicos, de las inversiones, el que ya estamos viendo en los ferrocarriles, y pronto llegará a los hospitales», añade.

Las consecuencias no son solo sobre los españoles de ahora, sino sobre los del futuro. «Nuestros hijos y nietos van a heredar esa deuda, y lógicamente va a ser una losa para ellos», apunta Pampillón. Por eso insiste en que «se puede privatizar Renfe Mercancías o Renfe Viajeros. Hay empresas que ya están compitiendo ahí de alguna manera. Se trata de vender activos para reducir pasivos, de canjear esas joyas que tiene el Estado y que valen dinero para reducir esa deuda que es altísima»; en estos momentos, en concreto, es de 1,56 billones: el 111 % sobre el PIB.