Ayuso, el Constitucional y el impuesto a los ricos, una cuestión de coherencia

El Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas nunca tuvo nada de solidario. Ni siquiera en la mente del legislador, ya que el propósito era castigar a las comunidades autónomas del PP. Porque el impuesto a los ricos no es un gravamen sobre la renta, ni sobre el consumo o el beneficio, sino sobre el patrimonio, que ya obligó al contribuyente a pasar por la caja de la Agencia Tributaria cuando lo adquirió. Por eso ya no existe prácticamente en ningún otro país europeo; porque es claramente confiscatorio y por sus efectos negativos en términos de crecimiento económico, incentivos al ahorro o atracción de la inversión. De hecho, actúa como una evidente barrera de entrada para esta última.

Pero el Gobierno de Sánchez se empeñó en castigar a quienes declaran más de 3 millones de euros y su tasa a los ricos entraba en vigor el Día de los Santos Inocentes de 2022, con la pretensión de recaudar 1.500 millones anuales este año y el próximo. La realidad es que los ingresos se han situado un 60 % por debajo; en 623 millones de los que 9 de cada 10 euros corresponden a la Comunidad de Madrid. Pinchó el Ejecutivo en el cálculo, igual que se equivocó en el número de beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y en otros tantos casos. Son cosas que pasan cuando se legisla a golpe de propaganda y no se prevé, por ejemplo, que algunas comunidades como Cataluña, optarían por subir el tipo de Patrimonio para recaudar más en vez de dejarle a las arcas del Estado la diferencia entre Patrimonio y Grandes Fortunas. Quien hizo la ley hizo la trampa. Y también cometió el Ministerio de María Jesús Montero un error garrafal al permitir que los residentes en regiones que tienen bonificado parcial o totalmente el Impuesto de Patrimonio, pudieran restarse a la hora de calcular la tasa a los ricos lo que hubieran tenido que abonar por ese tributo que nunca llegaron a pagar. Un desastre para los intereses de Moncloa.

Sin embargo, al Tribunal Constitucional no parece haberle importado nada de eso y ha avalado el Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas con el voto favorable de los siete magistrados progresistas frente a los cuatro en contra de los conservadores. Lo ha hecho al desestimar el recurso que presentó el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, echando por tierra además, todos sus argumentos: desde la forma en la que se aprobó el tributo -a través de una enmienda-, al fondo del mismo, considerado lesivo para la autonomía fiscal de Madrid y para la seguridad jurídica. «No afecta ni interfiere en ninguna de las competencias autonómicas», ha dictado el Alto Tribunal en una sentencia bastante cuestionable a la que Díaz Ayuso apenas tardó una hora en responder.

Así que pronto veremos entrar en la Asamblea una ley para que sea la Hacienda madrileña y no la estatal la que ingrese la recaudación de la tasa a los ricos en la región. Eso se hará modificando la actual bonificación del 100 % aplicable al Impuesto de Patrimonio y estableciendo en su lugar una bonificación variable para que los madrileños afectados por el Impuesto de las Grandes Fortunas lo satisfagan en el de Patrimonio. Digamos que la medida se adoptará tapándose la nariz en un primer momento, pero el dinero se devolverá luego a los ciudadanos en forma de nuevas rebajas fiscales en un ejercicio de coherencia con la política que se viene aplicando en la Comunidad.

La idea resulta tan práctica como inteligente. Nadie esperaría que la presidenta de los madrileños fuera a quedarse de brazos cruzados ante la sentencia de un Tribunal Constitucional, que si nada lo remedia, amenaza con avalar peores cosas que el impuesto a los ricos en los próximos años. Mónica García opina que con su fallo «pierde el terraplanismo fiscal», tan dada como es al chascarrillo la líder de la oposición en la Asamblea de Madrid . Alguien debería recordarle quizá aquello de quien ríe el último.

*Susana Burgos es periodista especializada en economía y empresas, consultora de comunicación corporativa e institucional y formadora de portavoces desde 2004.