Pedro Sánchez ha condonado deuda y está dispuesto a asumir las pretensiones económicas del separatismo
Más de 1.000 euros por cada español, el coste de las cesiones de Sánchez para asegurar su investidura
Las pretensiones económicas de los independentistas están disparadas
La investidura de Sánchez le va a salir muy cara a España. Además de la quita de deuda del FLA con la Generalitat, el Estado va a dejar de percibir importantes ingresos por unas transferencias de dudoso encaje constitucional. Los independentistas catalanes incluso quieren incluir una «deuda histórica» en el 'todo vale' para mantener la presidencia.
El PSOE llegó a un acuerdo para condonación del 20 % de la deuda que la Generalitat tiene contraída con el FLA, unos 15.000 millones a los que habría que sumar 1.300 en interés. Cataluña es, con mucha diferencia, la comunidad que más dinero debe a este fondo de financiación, con 73.110 millones de euros, mientras que solo Madrid, País Vasco y Navarra –estas últimas por su particular sistema de financiación– no están adheridas.
Ante el natural cabreo del resto de presidentes regionales, María Jesús Montero ha tenido que matizar que el nuevo Gobierno también asumirá una parte de la deuda autonómica, hayan recurrido o no al FLA, sin matizar a cuánto ascenderá la cifra. Según los datos del Banco de España, las autonomías deben 327.346,2 millones de euros, pero la estructura del adeudo varía según la comunidad.
Por ejemplo, de los 86.800 millones que adeuda Cataluña, el 85 % se lo debe al Estado a través del citado FLA. En el caso de la Comunidad de Madrid, esta cantidad asciende a 37.658 millones que están en su mayoría en manos de inversores privados y apenas un 23 % pertenece a instituciones europeas y españolas.
En el caso de aplicar ese 20 % a la deuda madrileña contraída con el Estado, en el mejor de los casos hablaríamos de 1.750 millones de euros, apenas un 10 % del descuento que disfrutará Cataluña por su apoyo a Sánchez. En caso de aplicarse a la deuda total que las comunidades han contraído con el FLA, que asciende a 191.750 millones, la quita sería de 38.350 millones de euros sin contar con los correspondientes intereses.
Respecto a los fondos europeos, el grupo europarlamentario de Ciudadanos ha denunciado que Sánchez ha negociado la asignación retroactiva del 19 % de los Next Generation, unos 28.800 millones.
La Generalitat cifra en 450.000 millones la «deuda histórica» del Estado con Cataluña
A esto habría que añadir el traspaso de los impuestos. Cataluña recauda unos 25.004 millones de euros por tributación y recibe del Estado unos 22.836, lo que supone un déficit de 2.168 millones, muy inferior al de la Comunidad de Madrid (-6.313 millones). Junts ha exigido al PSOE una soberanía fiscal similar a la que disfrutan vascos y navarros, por lo que el Estado dejaría de recibir esos ingresos y estaría a expensas de lo que decidiera devolver la Generalitat. Además, los independentistas han cifrado en 450.000 millones la «deuda histórica» del Estado con Cataluña, de acuerdo con «los incumplimientos» de España en las últimas décadas.
También hay que sumar el traspaso del servicio de Rodalies a Cataluña. Aunque no ha trascendido la cifra, la Generalitat siempre ha defendido que vaya acompañado de las inversiones necesarias para modernizar el servicio. De momento exige una trasferencia de 132,7 millones para sufragar la deuda existente con Renfe, pero se calcula que el monto total podría ascender a los 300 millones de euros, una minucia comparada con todo lo que exigen Junts y ERC, pero que, sumado a la quita del FLA y los fondos europeos, harían una factura mínima de más 45.000 millones. Casi 1.000 euros sin contar con la transferencia de la gestión de la Seguridad Social al País Vasco ni las promesas de Sumar.
Gestión de la Seguridad Social
El asunto de la seguridad social vasca es harina de otro costal. Según los datos de la Seguridad Social –de momento, la única–, a mes de septiembre de 2023 el País Vasco tiene unos ingresos de 4.618,9 millones frente a unos gastos de 9.024 millones, lo que supone un déficit de 4.405,2 millones.
Aunque el acuerdo sobre la transferencia de la gestión no implicaría una reducción de ingresos, sí es probable que aumentaran los gastos al ser Ajuria Enea el encargado de tramitar y aprobar los expedientes… todo a cuenta del Estado, claro.
Sumar también quiere su parte
El acuerdo con Sumar también incluía importantes concesiones, como la aplicación del impuesto de sociedades sobre la base imponible –y no por su resultado contable– o la prórroga de los impuestos a energéticas y banca, cuyas consecuencias acaban recayendo en los ciudadanos.
Además, quiere ampliar la bonificación al tren –con un coste de 700 millones– y del bono social, uno de los mayores fracasos del Gobierno durante la pasada legislatura y que, esperan, llegue a los tres millones de beneficiarios.
