El PSOE busca blindar la amnistía en Europa excluyendo delitos que afecten a los fondos de la UE

Una de las grandes batallas de la Ley de Amnistía se librará en Europa. Y en el PSOE y en el Gobierno confían en que, en concreto, una línea del texto presentado ayer en el Congreso permita sortear los escollos de las instituciones comunitarias, tal y como destacó ayer el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

El PSOE registró en solitario durante la tarde del lunes la propuesta para amnistiar a los líderes independentistas, CDR y encausados por los desórdenes de Tsunami Democràtic. Veintitrés páginas, –de las cuales significativamente once, la mitad, a modo de justificación en la exposición de motivos–, entre las que destaca la exclusión expresa de «los delitos que afectaran a los intereses financieros de la Unión Europea».

Con dicha frase, según fuentes jurídicas y comunitarias consultadas por El Debate, los socialistas esperan sortear un posible veto de las instituciones comunitarias. En particular, del Tribunal de la Unión Europea de Luxemburgo, a fin de que no haya lugar a la interposición de una cuestión prejudicial ante dicho tribunal, algo que podría interponer la propia Comisión Europea. Los trámites en dicho tribunal arrastran una demora superior a los 17 meses, según sus propios datos.

Fuentes de la Comisión consideran que la introducción de ese punto está enfocada a servir de posible cortafuegos al Gobierno en caso de que Bruselas actuara a raíz de dicha ley de amnistía pero han dejado claro que si intervienen es por cuestión de erosión del Estado de derecho, no por el manejo de fondos.

Reynders, molesto con la respuesta del Gobierno

Entienden que se ha consultado previamente la ley con expertos en derecho europeo para sortear todos los posibles supuestos y, de esta manera, aparentar que se está actuando de acuerdo a la Comisión y no en contra de esta. La respuesta del ministro de Presidencia, Félix Bolaños molestó en el gabinete de Reynders por lanzar balones fuera. Bruselas todavía no ha recibido la información solicitada el pasado miércoles por parte del comisario de Justicia Didier Reynders reclamando más detalles, a raíz de la catarata de comunicados de organizaciones del mundo de la judicatura y el derecho.

La próxima semana el Parlamento Europeo celebrará un debate sobre la medida de gracia, a propuesta del Partido Popular Europeo, el más numeroso del Hemiciclo. Una medida que describe como «el principio del fin del Estado de derecho» en España, que «vulnera la separación de poderes y socava la independencia judicial», en palabras del presidente del PPE, Manfred Weber, y la jefa de la delegación española, Dolors Montserrat.

En todo caso las fuentes jurídicas consultadas vinculan el epígrafe sobre los intereses financieros con delitos como corrupción o fraude fiscal que afecte directamente al desembolso de los fondos europeos, en particular el programa MRR de Recuperación y Resiliencia tras el coronavirus, pero también de los estructurales Feder y el Fondo Social Europeo. En ningún caso afectaría, por ejemplo, al corte de carreteras o vías férreas que afectaran al transporte de mercancías transfronterizo.

Cortes en la frontera

El Plan de Recuperación movilizará hasta 163.000 millones de euros hasta 2026 en nuestro país; mientras que los fondos estructurales supondrán hasta 2027 otros 36.700 millones. Unos fondos cuya ejecución Bruselas vigila con lupa, y que se entregan a los países miembro a cambio del compromiso con la ejecución de diferentes programas de reformas económicas y financieras. Bruselas desbloqueó a principios de octubre 93.000 millones, la inmensa mayoría de ellos procedentes de préstamos que engrosarán la deuda el estado. El desembolso del cuarto pago, de los siete con los que finalmente podría contar el programa, está por ahora a la espera de la formación de un nuevo Gobierno.

En este sentido, desde la asociación de transportistas Fenadismer constatan que la ley ampara de hecho a los causantes de los bloqueos en la AP-7 en 2018 que provocaron «importantes perjuicios económicos» a los más de 20.000 transportistas que diariamente cruzan la frontera. En algunos casos, los camioneros tuvieron que permanecer en el interior de sus cabinas durante más de 30 horas.

En este sentido el artículo primero de la ley señala que serán amnistiados, entre otros, «los desórdenes públicos u otros actos contra el orden y la paz pública que hubieran sido ejecutados con el propósito de mostrar apoyo a los objetivos y fines del proceso independentista así como a los encausados o condenados por tal causa».