La clave para proteger Telefónica o Celsa está en las nucleares francesas

España debe mirar a su entorno para aprender a proteger a sus empresas estratégicas. Y en concreto, a Francia, que ha sabido establecer un modelo de éxito con sus plantas nucleares.

La ruptura de las cadenas de suministro provocada por la pandemia y la guerra de Ucrania –que ha producido en todos los países una relectura sobre las capacidades de producción propia de bienes esenciales y su debida protección–, y algunos casos como la compra del 4,9 % del capital de Telefónica por parte del grupo saudí STC (y la posibilidad de adquirir el 5 % adicional), han puesto sobre la mesa el debate sobre el control de las inversiones extranjeras en las empresas estratégicas de nuestro país. Es por ello por lo que el Consejo General de Economistas de España (CGE) ha celebrado este martes un coloquio sobre esta cuestión en el que han participado dos de los mayores expertos en la materia: Jordi Alberich, vicepresidente coordinador del Instituto de Estudios Estratégicos de Foment del Treball, y Juan de la Cruz, director del Centro Europeo de Regulación Económica y Competencia, y director del Máster de Derecho de los Sectores Económicos Regulados de la UCM, además de uno los mejores abogados españoles especializados en Derecho Público según las Consultoras Chambers & Partners y Best Lawyers de evaluación de servicios legales.

Para Juan de la Cruz «nos encontramos con un modelo de regulación anacrónico, que solamente persigue fines defensivos de protección de las empresas estratégicas». El experto reclama un nuevo paradigma «plasmado en una nueva Ley de Industria, que sustituya de una vez a la de 1992». Según De la Cruz, “no hace falta buscar muy lejos un claro ejemplo de política industrial estratégica, de elaboración de una regulación coherente y de defensa en las instituciones europeas: la industria nuclear francesa. Cuando en los años 70 se desencadenó la crisis del petróleo, todas las fuerzas políticas forjaron un consenso claro que se ha mantenido hasta hoy: no tenemos petróleo, no tenemos carbón, ni tenemos gas… pero tenemos ideas. Este es el origen de una industria que permite disponer de uno de los suministros de electricidad más baratos de Europa».

«Acerca de la inversión del grupo STC, controlado por el fondo soberano de Arabia Saudí, en Telefónica, desconozco si se informó previamente al Gobierno de España –ha dicho Jordi Alberich– «En cualquier caso –ha continuado Alberich– me resultaría incomprensible e inadmisible que no se hubiera hecho, de la misma manera que reflejaría una falta de pericia extraordinaria que ni Telefónica ni el Gobierno hubieran percibido que iba a producirse dicha adquisición; considero que el gobierno en funciones dispone de legitimidad para autorizar o no dicha operación; y deberían tenerse en cuenta las credenciales de Arabia Saudí pues, precisamente, la legislación española explicita específicamente que la autorización es preceptiva cuando se trata de un inversor controlado directa o indirectamente por el gobierno de un tercer país».

«El caso Celsa para mí es muy interesante del momento en el que vivimos. En España tenemos poca tradición de política industrial sofisticada», ha añadido Alberich. «Se me hace inimaginable que en un país como Alemania, sea un juez único el que decide el futuro de una industria que emplea a 10.000 personas con presencia en 15 países. Y aun mas extraño que dentro del grupo de inversores esté una filial del Deutsche Bank. Me resultaría difícil de imaginar que esto sucediera en Alemania, que en una empresa extranjera entrara una filial del Santander o del BBVA. Es necesaria una mayor sofisticación de la política industrial. En los próximos meses creo que veremos anuncios de la comisión europea en este sentido».

Dicho coloquio ha sido moderado por el presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI), José Antonio Galdón, y por la secretaria técnica de Economistas Asesores Financieros (EAF-CGE), Victoria Nombela. La inauguración del acto ha corrido a cargo del presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, y en él también ha participado Sara Baliña, directora adjunta de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de la Presidencia del Gobierno de España, quien, previamente al debate, ha impartido una conferencia titulada «Cómo mejorar la autonomía estratégica de Europa: líneas de acción para esta década».

Según Pich, «la entrada en el accionariado de Telefónica por parte del grupo saudí STC ha puesto de manifiesto las flaquezas de la actual legislación en esta materia, al verse obligada la Administración Central a atenerse a una cláusula de alcance discrecional, lo que puede provocar la desincentivación de las inversiones extranjeras. Sería recomendable, por tanto, una legislación certera que no permita la arbitrariedad en las decisiones y que, a su vez, prime la protección de nuestros sectores estratégicos, especialmente de aquellos relacionados con la defensa nacional, factor de creciente importancia en los tiempos actuales».

En cuanto al plan del Gobierno de adentrarse en el Consejo de Administración de Telefónica mediante la compra de un 5 % de sus acciones, el presidente de los economistas ha manifestado que «no se debe menospreciar el coste de la operación, estimado en algo más de mil millones de euros». Según Valentín Pich, la SEPI, aun utilizando todos los recursos que tiene autorizados en los Presupuestos Generales, no alcanzaría dicha cifra, por lo que sería necesaria una transferencia del Estado, «empeorando aún más las cuentas públicas». Para Pich, otra posibilidad sería convencer a inversores españoles de entrar o aumentar su posición en la compañía, «lo cual parece algo complicado». Dicho esto, el presidente del Consejo General de Economistas ha recordado que Telefónica tiene una deuda de 26.537 millones y que «la política industrial de refuerzo al tejido productivo tiene que reducir el endeudamiento de las empresas». «Se debe generar estabilidad económica y mejorar la competitividad del país para reforzar la capitalización de nuestras empresas», ha dicho Pich.