Riesgo político y riesgo económico tras la amnistía

Se abre cada vez más hueco entre los responsables de negocio de las empresas la idea de que existe un divorcio entre los cambios políticos y la estabilidad económica. En otros términos esta perspectiva defiende que incluso las fuertes revueltas o rebeliones políticas no afectan significativamente a la actividad económica que permanecería esencialmente estable. Conviene revisar esto habida cuenta del estado de shock en el que ha entrado buena parte de la sociedad española tras el desmantelamiento de delitos sensibles a la estabilidad de un país como el de sedición, malversación o la propia impugnación de la calidad democrática del sistema político que supone la tramitación de una ley de amnistía.

En octubre de 2019 se desarrollaron en Chile unas fuertes protestas sociales, que la narrativa dominante pero no neutra acuñó como «estallido social». Una parte significativa de las infraestructuras de transporte fueron destruidas, se extendieron los actos de pillaje, se decretó el estado de emergencia y todo ello fue el inicio de un proceso de redacción de una nueva constitución que ya se cobró el primer fracaso y todo apunta que va camino del segundo.

De manera análoga a como la prima de riesgo europea mide el riesgo país comparando la rentabilidad adicional que una nación ha de pagar por cada euro que pide prestado comparándola con lo que paga Alemania por un bono del Estado con vencimiento a diez años, en la América Hispana el riesgo país se mide por el índice de bonos de mercados emergentes (EMBI) que elabora la entidad financiera JP Morgan. El año previo al estallido social o delincuencial en Chile –el calificativo depende de a quién se le pregunte– el riesgo país estaba en 133 puntos básicos.

Esto significa que el estado chileno tenía que pagar un 1,33 % de rentabilidad adicional por cada dólar que pedía prestado en comparación a lo que tenían que pagar los EE.UU. En 2020 el riesgo país de Chile subió a casi el 2 % pero naturalmente la irrupción de la pandemia impedía aislar el efecto político del sanitario.

En cambio entre 2021 y 2022 sí hubo un hecho estrictamente político en el mismo país derivado del rechazo al proyecto de nueva constitución que se sometió a plebiscito; el riesgo país aumentó de 140,9 a 178,3 puntos básicos, algo que afecta no sólo a lo que el estado pide prestado sino a lo que cada ciudadano tiene que pagar cuando usa su tarjeta de crédito o pide una hipoteca.

La situación en Perú no fue muy diferente de la chilena y así la victoria de Petro hizo subir el riesgo país de 166 a 209 puntos. Para el conjunto de Europa, la invasión de Ucrania por Rusia escaló este mismo índice entre 2021 y 2022 desde los 314,4 a casi el doble; 637,1 puntos básicos. El mismo cambio se registró para Turquía, actor principal en la guerra entre Ucrania y Rusia.

Frente a lo anterior están los casos de países donde la corrupción ha sido capaz de convivir con la actividad económica con normalidad. Tomemos por ejemplo el caso de Méjico. En este país el Índice de Percepción de la Corrupción, realizado por Transparencia Internacional, lo sitúa para 2020 en la posición la 124 de entre los 180 países evaluados, ubicando al país a la par de naciones como Bolivia, Kenia, Kirguistán y Pakistán. Sin embargo, el riesgo país se mantiene en valores estables aunque elevados (para 2022 fue de 404,4 puntos).

Tenemos entonces evidencias que van en sentido contradictorio sin que se pueda hacer una afirmación robusta de si existe o no una relación negativa entre inestabilidad política o institucional e inestabilidad económica.

¿Cuál es el escenario que se puede esperar para España tras el sometimiento del candidato Sánchez ante un prófugo de la justicia retransmitido a cámara lenta y con moviola «urbi et orbe»?

En mi opinión hay una diferencia importante respecto del caso mejicano para el que la corrupción o «mordidas» cruza el país de punta a punta hasta comportarse, en la jerga económica, como un coste de transacción más o peaje a pagar para hacer cualquier negocio.

En el caso español se reeditará una reacción de rechazo significativa a los productos identificados con la marca Cataluña. Precisamente en el momento de menor respaldo electoral del secesionismo pero de mayor influencia derivada de la aritmética parlamentaria que ha decidido construir el candidato Sánchez.

No es ocioso recordar que sólo en los meses previos al 1 de Octubre de 2017 salieron 5.000 millones de euros según el Banco de España de las tres entidades financiera de marca catalana –Caixabank, Sabadell y Mediolanum–, marcas que hoy día siguen remitiendo su correspondencia a los clientes desde las oficinas en Cataluña y no desde sus nuevos domicilios sociales.

Las posibles fluctuaciones de la actividad económica dependerán de la señalización de las empresas y de la respuesta de los consumidores; ambas absolutamente legítimas. Por ejemplo y enlazando con la relación entre riesgo país y soberanía de empresas y consumidores, las Bodegas Torres –con amplia presencia en el mercado chileno– enfatizan en sus marcas de vinos españoles la Denominación de Origen de Cataluña sobre el distintivo de Producto de España.

La campaña de Navidad no será ajena a las decisiones de los espumosos a comprar, tan es así que vinos de Extremadura, Valencia, Cádiz o los derivados del mosto sevillano, se han hecho un hueco sólido en los lineales de los supermercados. No es posible descartar que reacciones similares se repliquen en los ahorradores si estos perciben amenazados sus ahorros al reparar en el remite de la carta que le llega a casa.

• José Manuel Cansino es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, profesor de San Telmo Business School y académico de la Universidad Autónoma de Chile / @jmcansino