Los sindicatos desconvocan la huelga en Renfe tras la promesa de Transportes de que «respetará la integridad» de la empresa
Fumata blanca. Los sindicatos y el ministerio de Transportes han alcanzado un acuerdo para desconvocar la huelga de Renfe y Adif, planteada contra la entrega de las Cercanías catalanas a la Generalitat y la privatización de la filial Mercancías.
Los sindicatos iban a inaugurar este jueves las cinco jornadas de paros. Como consecuencia, Renfe se había visto obligada a cancelar cerca de 1.550 trenes entre alta velocidad, larga y media distancia.
«El acuerdo político supone una vulneración de los derechos de los trabajadores, salir de la red ferroviaria europea y una pérdida de seguridad, eficacia y eficiencia en el sistema», valoraban esta mañana los sindicatos sobre la entrega de Rodalies a la Generalitat.
Fuentes de ambas partes han puntualizado a Efe que los sindicatos ha decidido desconvocar los cinco días de huelga que habían planificado, si bien el acuerdo todavía debe ser tratado con más detenimiento con las empresas implicadas y firmado.
Según fuentes sindicales, el ministerio garantiza la integridad de las dos empresas, el mantenimiento de las plantillas y que las gestiones para el traspaso a Cataluña de Rodalies (las Cercanías catalanas) y para dar entrada a una compañía privada en Renfe Mercancías se llevarán a cabo por personal de la compañía pública.
En cualquier caso, los sindicatos advierten de que se mantendrán vigilantes para garantizar que se cumple todo lo acordado y aseguran que, de no ser así, volverán a convocar nuevas jornadas de huelga.
Los trabajadores aseguraban que el acuerdo «político» suponía «una vulneración de los derechos de los trabajadores»
Los trabajadores criticaban que, como consecuencia de la cesión, fueran a pasar a pertenecer a una tercera empresa con la Generalitat como socio mayoritario, algo que, a su juicio, «supone ir contra los derechos de las personas trabajadoras que tantos años de lucha han costado consolidar».
Igualmente, «la segregación impide mantener los derechos a los trabajadores y trabajadoras porque en primer lugar sería imposible que dejasen permanecer en el Grupo Renfe y Adif al personal que lo solicitase, pues la nueva empresa requeriría de la propia plantilla para funcionar. En segundo lugar, rompería el sistema de movilidad de la plantilla y también dejarían de estar amparados por los Convenios Colectivos del Grupo Renfe y ADIF», entendían los convocantes.
Otro punto que preocupaba a las centrales era que los trabajadores de los ferrocarriles en Cataluña fueran a perder las habilitaciones que les permiten trabajar en cualquier punto de España y Europa, «imposibilitando la interoperabilidad, en estas vías segregadas, de trenes provenientes del resto del Estado o de Europa».