Dudas en Bruselas sobre que la amnistía frene los fondos europeos: «Sánchez ha sido muy astuto»

El Partido Popular sigue su batalla contra la Ley de Amnistía. Uno de sus argumentos es que esta ley puede ser incompatible con el Estado de Derecho vigente en Europa y, como castigo, podemos quedarnos sin fondos europeos.

Entre los más beligerantes en la defensa de este argumento está el rumano Siegfried Mureșan, eurodiputado y vicepresidente del Partido Popular Europeo. Este miembro de la Comisión de Presupuestos no duda al afirmar que «Pedro Sánchez corre el riesgo de bloquear los fondos europeos» debido a la discrepancia de la Ley de Amnistía con el concepto de Estado de Derecho que se tiene en la Unión Europea.

Los rumanos están destacando entre los más contundentes contra la Ley de Amnistía que el Gobierno ha prometido a los independentistas. Hace unos días llamaba la atención en este sentido la intervención de su compatriota Cristian Terheș en el Parlamento Europeo. El eurodiputado decía que «lo que estamos presenciando ahora en España bajo el mandato del gobierno de extrema izquierda comunista y socialista dirigido por Pedro Sánchez es el reemplazo del Estado de Derecho por el caos marxista con el propósito de establecer un nuevo orden legal para mantenerse en el poder».

En vez de respetar la Constitución, señalaba, Pedro Sánchez prefiere claramente llevar a España al caos jurídico amnistiando a miles de personas que violan la ley y la Constitución española. «Si los individuos que han infringido la ley y violado la Constitución en España pueden recibir amnistía de un político temporal para consolidar el poder, entonces Pedro Sánchez es claramente una amenaza para la integridad territorial y la soberanía de España, y para el Estado de Derecho de la Unión Europea», decía.

Terheș indicaba que el pueblo español ya ha hablado en defensa de la integridad de su país y la supremacía de su Constitución, y la UE debe hacer lo mismo: «Cualquier político que decida violar la ley de su país para seguir en el poder es una amenaza tanto para su país como para el Estado de Derecho de la Unión Europea. Insto, por tanto, a la Comisión Europea a condenar abiertamente los abusos de Pedro Sánchez y acciones inconstitucionales y exigimos su dimisión inmediata».

La habilidad de Sánchez y las sanciones precedentes a Hungría y Polonia

El Partido Popular está moviéndose en Europa y España en esta línea, pero no está claro que su argumentario vaya a triunfar. «El Gobierno ha sido astuto: a Sánchez no le importa mercadear con el dinero del contribuyente español, pero tiene mucho cuidado a la hora de manejar el dinero proveniente de la Unión Europea», indica la eurodiputada de Cs Susana Solís. «En este sentido, la Ley de Amnistía ha sido redactada para excluir de la misma cualquiera de los actos que vayan en contra de los intereses financieros de la Unión Europea. A priori, parece que ni los fondos de cohesión ni los de recuperación están en peligro», añade.

A priori, parece que ni los fondos de cohesión ni los de recuperación están en peligro, pero Sánchez puede haber tenido un fallo

Sin embargo, no está claro que Sánchez y España vayan a quedarse sin sanción: «Los delitos de malversación son parte de la lista de delitos europeos y están recogidos en el Tratado de Funcionamiento de la UE. De hecho, existe una Directiva Anticorrupción que está en proceso de renegociación y que lidia con asuntos recogidos en la Ley de Amnistía. Por ejemplo, la Directiva establece penas mínimas para los delitos de malversación de fondos públicos, cargo por el cual hay imputados en el contexto del procés».

Como explica Solís, las directivas pueden imponer penas por incumplimiento, como le ocurrió a Polonia: recibió multas diarias de entre medio millón y millón de euros por una reforma judicial que se consideró que iba en contra de los Tratados de la UE. «Por ello la Comisión Europea seguirá de cerca el desarrollo de los acontecimientos en España para evaluar si se deben congelar sus fondos», añade la eurodiputada.

Solís recuerda que existen otros precedentes de la suspensión de fondos europeos para casos de incumplimiento del Estado de Derecho interpretados como graves: «Hay mecanismos como el de Condicionalidad del Estado de Derecho que podrían afectar tanto a los fondos regulares (de cohesión) como a los fondos de recuperación y resiliencia. Lo hemos visto con Hungría, donde la consideración de deterioro del Estado de Derecho llevó a la suspensión de más de 6.000 millones de euros de su partida de fondos de cohesión (hoy en día hay una parte que sigue suspendida) y a un retraso de dos años en la aprobación de su Plan de recuperación y Resiliencia».