El problema de la vivienda en España tiene solución, pero es improbable que venga del nuevo ministerio

Cuando se pregunta a los empresarios y gestores del sector inmobiliario en España qué tres deseos pedirían a la nueva ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, todos coinciden en lo primordial. Lo primero es diálogo, que consulte con ellos las decisiones. Lo segundo, que impulse un Plan Nacional por la Vivienda, pues es obvio que se pueden y deben tomar medidas aunque las competencias estén transferidas a las comunidades autónomas. Y lo tercero, que deje de limitar los precios de los alquileres, que allí donde se ha aplicado el cacareado tope, como Barcelona o Berlín, el resultado ha sido justo el contrario del pretendido: han subido las rentas como consecuencia de la restricción de la oferta. Lo que pide el sector a la otrora portavoz del Gobierno, en definitiva, es que trabaje en pro de una verdadera política de vivienda y no caiga en la tentación de hacer política con la vivienda como temen sus representantes.

Porque lo primero que ha trascendido del flamante Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana es que se están dando toda la prisa posible para que el índice de precios de referencia de alquiler esté listo en enero. Ésa y no otra es la prioridad. El motivo es que la Generalitat de Cataluña viene presionando con este asunto desde el verano. Además, en el pacto de Gobierno que firmaron PSOE y Sumar también se habla de definir «con carácter inmediato» el indicador que permitirá limitar los precios de los alquileres, según lo estipulado por la Ley de Vivienda que Pedro Sánchez permitió presentar a Bildu y ERC sin ningún pudor. La historia de Cataluña es de locos. Por el momento, es la única comunidad autónoma que ha mostrado interés en regular los alquileres. Ya lo hizo con una ley propia que tumbó el Tribunal Constitucional y ahora vuelve a las andadas al amparo de la norma estatal, a pesar de que ha sido recurrida por el Parlament con el voto favorable de Junts y ERC alegando que invade competencias. Lo dicho, un disparate.

La cuestión es que el Ministerio de Vivienda asegura que una vez que exista el índice y esté en vigor, podrá empezar a aplicarse el procedimiento ligado a la declaración de área tensionada, lo que restará alicientes a los caseros para poner sus pisos en el mercado. Así que todo hace pensar que, si en la actualidad ya son 26 las capitales de provincia donde las familias tienen que destinar uno de cuatro euros de sus ingresos a pagar el alquiler, veremos sumarse a unas cuantas más ciudades a lo largo de 2024.

Tampoco resultan halagüeñas las previsiones para los precios de compraventa, después de la subida interanual del 4,2 % en noviembre, según los datos de Tinsa. Por mucho que algunos empiecen a adelantar una deseable corrección del mercado tras el enorme desequilibrio que se produjo en 2022 por culpa de la pandemia, buena parte de los pronósticos apuntan a un incremento en el entorno del 4 % en los próximos meses. El motivo es que la demanda continúa muy fuerte a pesar de la subida de los tipos de interés y el encarecimiento de las hipotecas.

El sector tiene claro que la solución al problema de la vivienda en España pasa por alejarse de las recetas que no han funcionado en otros países, copiar las medidas del pasado que resultaron ser un éxito e invertir en la mejora de los procesos de transformación de la materia prima, que es el suelo. Nadie que conozca el negocio inmobiliario tampoco discute que hace falta atraer a la inversión privada a la producción de vivienda asequible de al menos 75.000 viviendas anuales, a decir de los promotores de la patronal ASPRIMA. Igual que existe consenso en torno a la necesidad de un Pacto Nacional por la Vivienda que mire a largo plazo con el doble objetivo de posibilitar el acceso a la vivienda de las clases medias y adelantar la edad de emancipación de nuestros jóvenes.

Si la ministra Isabel Rodríguez hablara con los empresarios y gestores del inmobiliario, le contarían todo esto y mucho más. No es demasiado pedir.

• Susana Burgos es periodista especializada en economía y empresas, consultora de comunicación corporativa e institucional y formadora de portavoces desde 2004.