Los puntos oscuros de la operación del Gobierno sobre Telefónica

La compra del 10 % de Telefónica va mucho más allá de las intenciones expresadas inicialmente por el Ejecutivo. Hasta ahora solo había confirmado explorar la adquisición de un 5 %, una opción que anteriormente incluso llegó a calificar de «rumor». Suscita además muchas dudas y varias preguntas, algunas de ellas sin resolver por ahora. Entre ellas, si el Estado buscará ejercer un control directo o no sobre el consejo de la compañía, pero también de dónde sacará los más de 2.000 millones de euros necesarios para la operación.

Más allá de la financiación necesaria para una operación de ese calado, en una coyuntura de deuda imparable y déficit muy por encima del límite del 3 % que reclama la Unión Europea, los expertos ponían ayer el foco sobre si el Gobierno se limitará a asegurar la estabilidad y la españolidad de la compañía ante el asalto de STC, o buscará tomar el control del consejo, como sucedió con Indra.

«Con esta participación, la SEPI sólo debería poder contar con un consejero (del total de los 15) con lo que su poder de control debería ser muy limitado», destaca el analista de Renta4 Iván San Félix, que no obstante encuadraba la decisión dentro de la estrategia del gobierno de tener «una mayor participación y poder de decisión en compañías estratégicas», recordando precisamente el ejemplo de Indra.

En febrero de 2022 la SEPI anunció su intención de incrementar hasta el 28 % su capital, después del rechazo del consejo a nombrar a Murtra presidente ejecutivo. Pocos meses después, en junio, Amber Capital –comandado por el presidente de Prisa, Joseph Oughourlian–, junto con la empresa de defensa vasca y la propia Sepi destituían a cuatro de los ocho consejeros independientes; dos más dimitirían en los siguientes días.

Un movimiento que motivó que incluso la CNMV abriera una investigación, en la que dejó claro que la SEPI, Sapa y Amber «cooperaron para llevar a cabo los ceses, con una participación activa del presidente de Indra, con quien varios de los consejeros cesados mantenían discrepancias persistentes en materia de gobernanza». El regulador, no obstante, acabó concluyendo que «no existen indicios suficientes que permitan considerar dicho acuerdo como una acción concertada para el control de la gestión».

Preguntado sobre el caso de Telefónica, Patricio Rosas, del Consejo General de Economistas, afirmaba ayer que «una cosa es entrar en una posición y otra participar en la gestión. Aquí va apoyado en lo primero y lo segundo no tiene por qué alterarlo», consideraba.

En el mismo acto Salvador Marín consideraba que, en cualquier caso, el movimiento del Ejecutivo «no es un buen mensaje para los inversores el que se participa demasiado en las empresas», valoraba. El economista abría además distancias con la posición que otros Estados europeos tienen en compañías relevantes, uno de los argumentos esgrimidos por Hacienda para entrar 24 años después en el accionariado de Telefónica. «A veces se han hecho comparaciones con otros países, pero en esos países el Estado ya estaba. Aquí no, es ahora cuando se toma esa posición», aseguró.

Opciones alternativas

Si lo que el Ejecutivo buscaba con su operación era frenar el avance de los saudíes contaba con otras vías, detallaban ayer diversas fuentes. Entre ellas, el veto del ministerio de Defensa al 4,9 restante que STC ha adquirido a través de derivados (las mismas fuentes daban ayer por prácticamente descartado que el Ejecutivo llegue a autorizarlo).

«La legislación española explicita específicamente que la autorización es preceptiva cuando se trata de un inversor controlado directa o indirectamente por el gobierno de un tercer país», aseguraba recientemente Jordi Alberich, vicepresidente coordinador del Instituto de Estudios Estratégicos de Foment del Treball. «Yo creo que pudiera haber otras decisiones que hubieran protegido de la misma manera de la entrada de capital extranjero», coincidía Antonio Garamendi, presidente de CEOE, en declaraciones a Espejo Público, que apuntaba también a la hiperregulación que sufre el sector de las telecomunicaciones.

Tampoco pasó desapercibido un detalle en los comunicados del Ejecutivo. En particular la fórmula utilizada, «el consejo de ministros acuerda ordenar a la SEPI la compra de acciones de Telefónica». «¿No es acaso la SEPI una empresa independiente, aunque esté bajo el control de Hacienda?», se preguntaba una fuente próxima a la CNMV.

La propia estrategia del Ejecutivo, anunciar la compra antes de efectuarla, contrasta con el sigilo de los saudíes, quienes durante meses compraron paquetes de la acción, entre otros motivos, para no incrementar su precio. Ayer los títulos de Telefónica cerraron con un alza del 3,2 %, pero llegaron a subir un 6 %, elevando sensiblemente el coste a pagar por las arcas públicas y alegrando el bolsillo de aquellos que se decidieran a invertir a primera hora.