Los parados fijos discontinuos: un drama más allá del engaño

El contrato fijo discontinuo está pensado para aquellos trabajos que se desarrollan de forma intermitente pero estable, cuando la empresa no necesita al empleado de forma continua durante todo el año sino en periodos de tiempo determinados. El concepto es muy sencillo. Por novato que sea, cualquier abogado laboralista o gestor administrativo puede explicarlo con total claridad, añadiendo si se le pregunta, que la calidad de la protección social que reciben estas personas deja bastante que desear. Porque sus prestaciones suelen ser muy cortas y de escasa cuantía, amén de que la mayoría ni siquiera tiene derecho a subsidio. Ése que llega cuando ya se ha agotado la ayuda contributiva y cuya reforma acaba de aprobar el Gobierno, vía decreto, con la fanfarria acostumbrada.

Si se divide el número de perceptores de prestaciones –que incluye a los fijos discontinuos–, entre el total de parados con experiencia laboral –donde los fijos discontinuos quedan excluidos–, se observa un evidente aumento de los beneficiarios que no cuentan como parados. La distorsión estadística no puede ser más burda. También ocurrió con los afectados por los ERTE durante la pandemia o con los contratos de formación de Rodríguez Zapatero, que lo de esconder desempleados debe de ser un vicio de la izquierda desde hace tiempo. La reforma laboral de Yolanda Díaz –también llamada contrarreforma por motivos lógicos–, consistía exactamente en eso, en extender al resto de sectores económicos un contrato relativamente desconocido, que apenas se usaba en actividades turísticas especialmente estacionales. Y que nadie se entere de que en España se contrata el lunes para despedir el viernes o se convoca al trabajador el primer día del mes para decirle adiós el último.

La vicepresidenta segunda de Sánchez tuvo la oportunidad la semana pasada de revelar el número de fijos discontinuos inactivos que hay en nuestro país. Es decir, los que no están trabajado en estos momentos y por lo tanto, deberían computar como parados. Le preguntó en el Congreso de los diputados durante la sesión de control al Gobierno, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, pero no contestó. Después de un año de espera, volvió a irse por la tangente aludiendo al total de contratados bajo esta modalidad: los alrededor de 700.000 ya conocidos. No le interesa desglosar el dato a Yolanda Díaz para no estropear la foto oficial del paro, según la cual ya estamos por debajo de los tres millones de desempleados. Ojalá fuera así.

Menos mal que las estadísticas convencionales que publica el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) arrojan bastante luz sobre este asunto. Su último informe correspondiente a 2022 indica, por ejemplo, que los fijos discontinuos que perciben la prestación por desempleo se han disparado un 108,5 % a raíz de la contrarreforma de la hoy líder de Sumar. Con ése y otros muchos parámetros en la mano, los economistas de FEDEA han concluido que si se elimina el «maquillaje estadístico», tenemos más de medio millón de personas que están desempleadas en la práctica durante buena parte del año pero que figuran como ocupados gracias a la nueva forma de clasificarlos. En general, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada cree que el nuevo marco laboral se ha traducido en una composición diferente de los contratos, que, sin embargo, ha conducido a una réplica exacta de la situación anterior en términos de temporalidad. Un pan como unas tortas, que diría el castizo.

Sin pretender quitar un ápice de hierro a la controversia, lo peor no es el engaño a los ciudadanos sino que los fijos discontinuos se han revelado como una modalidad de contratación indefinida especialmente volátil. Hasta el punto de que ronda la de los trabajadores eventuales propiamente dichos. Su pase a la inactividad representa la segunda causa de baja de afiliación cuando se terminan los contratos temporales, que siguen representando el 60% del total. Por mucho que el sanchismo insista en que apenas suponen el 14 % del total de los contratos firmados cada mes y únicamente el 6 % de los asalariados afiliados a la Seguridad Social.

Tiempos aquellos en los que la palabra dada tenía algún valor en política. Tiempos aquellos en los que los gobernantes acostumbraban a llamar a las cosas por su nombre, aunque sólo fuera por miedo a no ser votados. Tiempos aquellos en los que podíamos fiarnos de las estadísticas.

• Susana Burgos es periodista especializada en economía y empresas, consultora de comunicación corporativa e institucional y formadora de portavoces desde 2004