La billetera de Sánchez que puede hundir a España

La semana económica ha estado marcada por la presentación de la prórroga de las llamadas medidas anticrisis, que no suponen otra cosa que una continuación de la conocida política de gasto del Gobierno de Sánchez.

El actual presidente ha conseguido elevar la deuda pública en unos 400.000 millones desde que llegó al Gobierno en el año 2018 y no cumple aún con el déficit que supuestamente le exigirá Bruselas a partir del año que viene, pero todo le da igual. A través de su ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó recientemente un techo de gasto para el año que viene un 9,5 % superior al del año pasado sin contar con los fondos europeos. Si en Bruselas creen que Sánchez va a gastar menos, pueden esperar sentados.

Ese incremento del gasto coincidirá previsiblemente con unos menores ingresos del Estado: la inflación cada vez crece menos, y eso repercute en una facturación menor para el Estado, principal beneficiario del alza de los precios, y la recaudación por impuestos se está desacelerando. Si el gasto aumenta y los ingresos disminuyen, la deuda y el déficit sobre el PIB no decaerán como parece que va a pedir Europa; todo lo contrario: aumentarán.

Si el gasto sigue creciendo y los ingresos ya se están reduciendo, parece difícil que descienda el porcentaje de déficit y deuda sobre el PIB

En la línea de mayor gasto se incluyen medidas como las anunciadas por Sánchez esta semana. La promoción del transporte público gratuito en cercanías, media distancia y líneas estatales de autobús, para todos los públicos, ha sido una de las más llamativas. Como explica el economista José María Rotellar, el objetivo de un subsidio es «ayudar en un momento crítico y temporal a una persona que esté pasando por una mala situación, no hacerlo de manera generalizada y sin límite de tiempo».

Medidas 'cazavotos'

Este tipo de medidas populistas y cazadoras de votos, si luego se consolidan, son las que van sumando a un gasto del Estado estructural, permanente, que se dirige hacia el 5 % del PIB, que serían unos 65.000 millones de euros. De momento rebasamos los 50.000. Aquí se incluyen, entre otras cosas, las empresas públicas y los puestos que crean.

Bruselas aprobó en otoño el plan presupuestario que le envió España, pero Sánchez se descolgó en el consejo de ministros del miércoles añadiéndole 13.000 millones más de gasto: 8.300 por la revalorización de las pensiones y 4.700 por la extensión de las medidas anticrisis.

Las elecciones europeas en junio pueden favorecer que los problemas económicos en España pasen más desapercibidos

Cualquier familia sensata adapta sus gastos a sus ingresos, pero este concepto parece no existir en el Gobierno de Sánchez, que considera que el dinero público no es de nadie y carece de límites para gastar si merece la pena hacerlo por los votos que trae.

Los límites podría ponerlos Europa si el perfil de la nueva Comisión Europea que se elija en junio es más exigente y si se ve que España puede poner en riesgo la zona euro. Lo segundo fue lo que pasó con Zapatero, y quizá podría ocurrir con Sánchez si continúa en su deriva económica peronista. España es la cuarta economía de Europa y la zona euro no puede permitirse que se desequilibre.

Está por ver qué ocurrirá. En junio hay elecciones en Europa. Hay quien lo ve como un obstáculo para que los eurodiputados de los distintos países presten atención a lo que ocurre en España, y más aún, puedan crear algún conflicto que perjudique a sus partidos de cara a posibles pactos. Es una forma de verlo, como también lo es la contraria: que o actúa ahora Europa en cuestiones como la Ley de Amnistía y los límites al gasto público superfluo y a la deuda pública desbocada, o su credibilidad caerá por los suelos.

El Gobierno ha lanzado algunos mensajes en los últimos meses que aún no se sabe si son para congraciarse con Europa o, lo más probable, son más botes de humo

Entre la tónica general continuista del Gobierno, en los últimos meses ha tratado de colar algunos mensajes con la idea de sugerir algún cambio en su actitud, aunque no se sepa si tienen que ver o no con que lo pida Europa como se lo solicitó a Zapatero en su momento. Entre esos mensajes está la insistencia de María Jesús Montero en decir que España bajará el déficit al 3 % el año que viene, aunque parece difícil creer que se consiga, más aún después de la extensión de las medidas anticrisis; la obligación pactada con Bruselas de que los parados que reciben subsidios acepten los trabajos que se les ofrecen; el real decreto aprobado el jueves por todos los partidos que obliga a incluir un criterio de renta del perceptor en todas las ayudas públicas en España, de modo que no se den a quien no las necesita; la destitución del presidente de Correos tras la ruina económica producida a lo largo de su mandato.

Es pronto para saber si son arrebatos de responsabilidad, llamadas de atención de Bruselas o botes de humo. Lo que parece claro es que España no puede seguir con esta política económica de gasto descontrolado y deuda desbocada durante mucho tiempo.