La cotización de los becarios, otro problema creado por la factoría de Sánchez y Díaz

La economía sólo crece de dos formas en el medio plazo: por horas trabajadas o por productividad por hora trabajada. El resto es hacerse trampas al solitario, y en ese contexto se enmarca la última medida que afecta a los becarios, y que no deja de ser un anticipo de su nuevo Estatuto, que llegará a lo largo de la legislatura. Eso prometen al menos, después de que en la anterior el proyecto quedara arrumbado en un cajón ante el adelanto electoral. Porque Trabajo fue incapaz de llegar a un acuerdo con la patronal y porque la parte socialista del Gobierno tampoco lo respaldaba. El pan nuestro de cada día.

La cuestión es que desde el 1 de enero todos los becarios cotizan a la Seguridad Social, aunque sus prácticas no sean remuneradas. Lo hacen en virtud de una disposición incluida en la segunda fase de la reforma de las pensiones. Y por mucho que se haya vendido como una extensión de sus derechos, el principal beneficiado será el Estado, que este Ejecutivo nunca da puntada sin hilo cuando de recaudar más se trata. Se obliga a las empresas a pagar determinados días de cotización por un chico o una chica en prácticas, sin que reciban ningún incentivo por ello más allá de los estipulados en las normas que se venían aplicando hasta la fecha. No existe ninguna ventaja por este lado, como tampoco se encuentra si objetivo era facilitar la obtención de los títulos que se otorgan una vez acaban las prácticas. Más bien al contrario, lo que se hace es dificultar ese proceso, ya que muchos empresarios no podrán asumir las cargas económicas y administrativas de la inclusión de los becarios en el sistema. Dicho de otra forma, se ha convertido en un obstáculo lo que hasta ahora era una pasarela para muchos jóvenes a la hora de acceder al mercado laboral. Un pan como unas tortas.

La CRUE (Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas) no ha tardado en denunciar la confusión que está generando la cotización de los becarios. Y ha metido el dedo en la llaga de los ministerios que no están por la labor de cumplir ni con la gestión administrativa ni con el pago de los seguros sociales, por mucho que estén bonificados al 95 %. Predicando con el ejemplo, los departamentos de Margarita Robles, Félix Bolaños y Elma Saiz se han apresurado a pedir a las universidades que cambien los convenios regulatorios para que sean ellas las que corran con todos los gastos.

Cabe suponer que al secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, no le haya hecho ni pizca de gracia que esto haya trascendido. El pasado 3 de enero, tras reconocer que estaba habiendo «tensiones» -con las instituciones educativas, las empresas y las comunidades gobernadas por el PP-, defendió en rueda de prensa que la iniciativa servirá para «desarrollar una conciencia en los estudiantes acerca de la importancia que tiene estar dentro del sistema, de la generación de derechos que representa y del compromiso con los jubilados». Y se mostró convencido de que también redundará en una mejora de la calidad de las prácticas. Lo que no explicó es por qué la nueva regulación afecta sólo a los becarios curriculares y no a los extracurriculares, que es donde se presentan las situaciones más complejas. Los expertos consultados por El Debate destacan este aspecto y hacen hincapié en que la acción protectora de la Seguridad Social es muy limitada, toda vez que la cotización tiene una reducción del 95 % y excluye, entre otras, la prestación por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes. Además, recuerdan que si el becario ya está dado de alta en la Seguridad Social porque sea camarero o dependiente de una tienda a tiempo parcial, por ejemplo, la disposición tampoco le afecta.

La impresión es que el Gobierno ha querido incluir en el sistema a decenas de miles de estudiantes a un coste ínfimo, a sabiendas de que en términos estadísticos se producirá un aumento significativo de la afiliación de los jóvenes, que son protagonistas indiscutibles de los peores indicadores de nuestro mercado de trabajo. Pero siempre podrá argumentar que en la tasa de paro no habrá ninguna incidencia pues los becarios tampoco computaban hasta la fecha como parados al estar cursando estudios reglados. He ahí la coartada.

La estrategia de la factoría de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz sigue siendo convencernos de que estamos cerca de alcanzar los 21 millones de cotizantes. Y en esa estadística falseada entran todos: los fijos discontinuos inactivos, el pluriempleado que computa como dos o tres trabajadores, los ocupados que buscan otro empleo porque el que tienen no les da para vivir…Y ahora los becarios, da igual si sus prácticas no son remuneradas. Piensen mal y acertarán.

Susana Burgos es periodista especializada en economía y empresas, consultora de comunicación corporativa e institucional y formadora de portavoces desde 2004