Facilitar la vuelta de empresas, IVA del aceite y balanzas fiscales: las cesiones económicas de Sánchez a Junts

Nuevas cesiones económicas de Pedro Sánchez a Junts para desbloquear sus decreros económicos. Los posconvergentes han acordado modificar la ley de sociedades para facilitar la vuelta de las empresas a Cataluña y establecer un tipo 0 en el IVA del aceite.

Según han explicado desde la formación, esta abstención se va a producir tras alcanzar con los socialistas un acuerdo en el que se incluye también la delegación integral de las competencias de inmigración en la Generalitat y la publicación inmediata de las balanzas fiscales.

Otro de los puntos del acuerdo es la reforma de la ley de sociedades de capital para revertir el real decreto del PP en 2017 con el fin de facilitar la vuelta de las empresas a Cataluña por el 'procés'.

También han pactado con el Gobierno la supresión del artículo 43bis de la ley de Enjuiciamiento Civil que a su juicio ponía en peligro la amnistía.

Asimismo, Junts ha arrancado a Sánchez que sea el Estado quien asuma la totalidad del descuento al transporte público en Cataluña. En el resto de comunidades autónomas, el descuento estatal es del 30 % a condición de que el gobierno regional correspondiente bonifique como mínimo otro 20 %.

Medidas anticrisis

La negativa inicial de Junts a apoyar el octavo paquete de medidas para combatir los efectos de la inflación iba a tener también efectos inmediatos en el bolsillo de los españoles ya que prorrogaba muchas de las rebajas en el transporte, el IVA de luz y alimentos, e incluso la revalorización de las pensiones.

El paquete antiinflación incluye, entre otras medidas, la gratuidad del Cercanías y los trenes de media distancia, la rebaja del 30 % del transporte urbano e interurbano, la rebaja del IVA de la luz y el gas al 10 % –en este último caso, solo el primer trimestre– y el IVA cero para los alimentos básicos.

El paquete antiinflación incluye, entre otras medidas, la gratuidad del Cercanías y los trenes de media distancia, la rebaja del 30 % del transporte urbano e interurbano, la rebaja del IVA de la luz y el gas al 10 % –en este último caso, solo el primer trimestre– y el IVA cero para los alimentos básicos.

También la subida de las pensiones contributivas en un 3,8 %, la eliminación de las comisiones por retirada de efectivo en ventanilla para mayores de 65 años o la extensión de la prohibición de los desahucios para hogares vulnerables, así como la ampliación en un año del impuesto sobre las grandes fortunas y de los gravámenes sobre banca y energéticas.

El coste del paquete es de 5.350 millones, aunque no se ha detallado el impacto de cada medida. Los gravámenes sobre banca y energéticas y el impuesto sobre las grandes fortunas recaudaron en su primer año en vigor 3.528 millones de euros, que se perderán con su desaparición. A esto habría que sumar la pérdida de 10.000 millones de fondos europeos por no cumplir los hitos del Plan de Recuperación, aunque esto dependería de la evaluación de la Comisión Europea.

Al mismo tiempo se reducirá el gasto derivado de las ayudas al transporte (unos 1.360 millones, según el plan presupuestario) o las rebajas del IVA del gas, la luz y los alimentos (unos 4.500 millones en 2023, según la AIReF, aunque en 2024 la cantidad sería inferior porque se bonificaría en menor medida).