Las cifras del «mercadeo» de Sánchez con Cataluña que la han convertido en una autonomía (aún más) privilegiada

El independentismo catalán no deja de quejarse de no recibir el trato económico que le corresponde, de manera que siempre está reclamando fondos, competencias y privilegios frente al resto de regiones españolas. Sin embargo, eso es falso, pues Cataluña es una de las dos regiones más beneficiadas por el conjunto de España a lo largo del último siglo, por no decir que es la más beneficiada.

Unos privilegios que, con Sánchez, se han elevado exponencialmente. Hasta el punto de que como vimos en la votación de los RDL del miércoles diez de enero, Sánchez se ha humillado todavía más ante el grupo liderado por el prófugo de la Justicia, mercadeando unas competencias adicionales en inmigración y la publicación de las balanzas fiscales para lograr una abstención con la que Sánchez alarga la agonía de su estancia en La Moncloa y el independentismo catalán tira de la cuerda, con cuidado de no romperla, para sacarle el máximo posible a Sánchez, que paga con dinero de todos los españoles, además de someter al conjunto de España a dicha humillación permanente, cosa a la que Sánchez está dispuesto porque sólo piensa en su propio interés.

Probablemente, ni siquiera Zapatero como presidente del Gobierno fue tan a su propio interés como Sánchez, y el listón de la ignominia lo había dejado alto. Ahora bien, no hay que olvidar que esa discriminación positiva hacia el independentismo catalán fue inaugurada por Zapatero, con las cuantiosas inversiones que recibía y el diseño de una financiación regional al gusto del independetismo catalán –más bien, redactada por ellos–.

Así, Cataluña –y, en buena medida, también el País Vasco– ha sido un región altamente beneficiada desde el inicio del siglo XX hasta la actualidad. No hemos de olvidar el conjunto de medidas proteccionistas que se implantaron en España a inicios del siglo XX, una buena parte de ellas impulsadas por la burguesía catalana para defender sus intereses, aunque resultasen, a la larga, perjudiciales para el conjunto de España y empobreciese su economía, especialmente a otras regiones. Igualmente, hay que recordar el trato preferencial que el franquismo dio a Cataluña, desde la instalación de la fábrica de SEAT allí a todo el desarrollo industrial que incentivó, para minimizar cualquier movimiento en esa región contrario a la dictadura.

Después, todas las presiones de Pujol y del gobierno catalán desde inicios de los años ochenta fueron asfixiantes, vendiendo caros sus apoyos parlamentarios, revalorizados por la absurda ley electoral que los primaba en su región.

Posteriormente, desde la llegada de Maragall y el PSC –es decir, la sucursal del PSOE en Cataluña–, no dejaron de reclamar más ventajas, como aquella inserción en el estatuto catalán que exigía una inversión de la Administración General del Estado (AGE) en Cataluña igual al peso del PIB catalán sobre el total del PIB nacional.

Así, Zapatero, desde 2004 y hasta 2011, durante su mandato, regó con múltiples fondos a Cataluña con las inversiones regionalizables del Estado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Cataluña vio incrementar esas inversiones un 14,38 % en ese período, en detrimento de lo recibido por Madrid, la otra región comparable en tamaño económico, que en el mismo período vio cómo se reducían esas inversiones estatales en un 44,82 %.

Adicionalmente, el Sistema de Financiación Autonómica (SFA) se diseñó de la mano del consejero de Economía catalán, el señor Castells, que exigió que se incluyese un añadido en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, para que Cataluña tuviese acceso al fondo de competitividad, pero estableciendo el límite del índice de capacidad fiscal en el punto que estimaban que llegaría Cataluña, para perjudicar, así, a Madrid. Además, el conjunto de grupos de edad y de tramos y ponderaciones para repartir los fondos, por ejemplo, para calcular la protección equivalente a efectos sanitarios, se realizaron a partir de una propuesta de Cataluña en los grupos de trabajo del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Por otra parte, ante la catastrófica gestión del socialismo y el independentismo en Cataluña, la región catalana acumuló un exceso de gasto no financiado que estrangulaba a los proveedores, siendo una de las regiones que hizo necesario que el Gobierno de la nación pusiese en marcha el plan de pago a proveedores, ya que la región catalana era una de las que más importe adeudaba a los proveedores.

Así, Cataluña fue la segunda región que más tuvo que recurrir a la financiación del Gobierno español para pagar a sus proveedores en 2012 y 2013, ante los atrasos que acumulaba por sus excesos de déficit, debido a su mala gestión. De esta manera, el ministerio de Hacienda financió la deuda pendiente a proveedores de Cataluña con 6.465,60 millones de euros, un 21,40 % de todos los recursos del plan de pago a proveedores (financiación que, en parte, continúa viva actualmente, en 2023).

Esa mala gestión expulsó a Cataluña de los mercados, que hizo que no se pudiese financiar en ellos por sí misma, tras el fracaso que supusieron los llamados «bonos patrióticos». Por ello, tuvo que ir al mecanismo extraordinario de financiación que fue el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). De esta forma, Cataluña es quien más recursos ha recibido del FLA, ni más ni menos que 98.730,1 millones de euros entre 2012 y 2023, más otros 19.765,8 millones del Fondo de Facilidad Financiera (FFF), el conocido como «FLA bueno». Es decir, a Cataluña el Tesoro le ha colocado deuda en el mercado entre 2012 y la actualidad por valor de 118.495,9 millones, como se puede comprobar en los datos que ofrece el ministerio de Hacienda.

Además, Cataluña, asfixiada por el ingente déficit de su mala gestión, fue quien encabezó la reposición del impuesto de patrimonio en 2012. Sin embargo, como dicho impuesto fue compensado por la AGE en el SFA de 2009, al haber establecido el Gobierno de la nación una exención sobre el 100 % del impuesto, que le hizo compensar en el SFA a las CCAA, en aras de la lealtad institucional, sería descontado en las liquidaciones del SFA a las CCAA, tal y como constaba en el punto sexto de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 22/2009, de 22 de diciembre, del Sistema de Financiación de las CCAA de régimen común.

Con esa redacción de la ley, Cataluña –y todas las que lo repusieron– tendrían que devolver lo recaudado por el impuesto de patrimonio en 2012 en la liquidación a los dos años, en 2014. Para evitarlo, en el CPFF se suspendió su aplicación, primero, en diciembre de 2013 y, posteriormente, se suprimió, como así consta actualmente en el texto de la ley, por RDL en marzo de 2014 (RDL 4/2014, de 7 de marzo (DF Cuarta), y en la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, en su DF Cuarta.

Esto le permitió a Cataluña ingresar 301,66 millones en ese ejercicio, más cantidades similares cada uno de los años posteriores hasta la actualidad. En 2021, liquidado en 2023, la recaudación ascendió a 594 millones en dicho año. En esos diez años, se le premió a Cataluña con una recaudación entre 3.000 y 5.000 millones más por el cambio normativo para que se quedasen con la recaudación de un impuesto ya compensado previamente. Se beneficiaron todas las que lo repusieron, pero se hizo principalmente por Cataluña.

Y ahora, tras los pactos de su investidura, Sánchez acrecienta los privilegios al independentismo catalán:

• Esa deuda de Cataluña a través del FLA es la que ahora Sánchez le quiere perdonar. De momento, han acordado un 20 % de la misma, alrededor de 15.000 millones de euros, pero los independentistas catalanes ya han exigido que sea todo. Esgrimen que esa deuda es por infrafinanciación. Falso. Esa deuda es por la mala gestión separatista, que malgastó los recursos de los contribuyentes y cuando tuvo que endeudarse, no pudo, porque el mercado no se fiaba de su solvencia, de manera que tuvo que recurrir a la Administración General del Estado, para que cubriese a la administración autonómica catalana, tomando la deuda el Tesoro en nombre de Cataluña. Muy independentistas, pero no dudaban en alargar la mano para rogar esa financiación de la deuda en cada Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebraban entonces –yo lo vi presencialmente en la sala de reuniones del CPFF– y ahora, que piden su condonación, no dejan de añadir en el acuerdo un párrafo que les garantice seguir financiándose a través del FLA. Si tan seguros están de su competencia, desempeño y solvencia, ¿por qué lo incluyen? Porque son independentistas, pero no tontos, y saben que los mercados no les prestarían nada o, al menos, nada barato.

El problema de Cataluña no es de financiación, sino de mala gestión: gasto público desmedido e impuestos altos, con creciente inseguridad jurídica que les hace perder empresas, actividad económica y empleo. Con esta medida, se premia a quien lo hace mal, se castiga a quien lo hace bien y se incentiva a que se haga mal, con el dinero de todos los españoles.

• También está negociando con ellos la creación de un sistema de financiación propio para Cataluña, donde poder cederles el 100 % de los impuestos. Esto es inviable económicamente, porque, por una parte, la AGE se quedará sin el 50 % de muchos impuestos, por no hablar del 100 % en Sociedades, con lo que el quebranto mermará los servicios que la AGE presta en el conjunto de España y supondrá un incremento de impuestos para el resto de españoles si la AGE necesita compensar, en parte, esa financiación.

Además, como Cataluña es junto con Madrid y Baleares, una de las regiones que aporta en términos netos al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales (FGSPF), al dejar de aportar al mismo por tener un sistema propio –al igual que País Vasco y Navarra, que no aportan nada a la solidaridad interregional–, Madrid no puede compensar lo que deje de aportar Cataluña, porque no tiene capacidad para duplicarse, de manera que, o la AGE aporta la parte que Cataluña deje de aportar, o los servicios esenciales de las CCAA receptoras netas de ese fondo -el resto, salvo Madrid y Baleares y, en algunos años, Cantabria- verán mermados los fondos recibidos con los que financiar la sanidad o la educación, por ejemplo.

• A esto se va a plegar Sánchez, además de cederles los «Rodalies», otras mejoras en su financiación y otras cuestiones todavía mucho más graves, si cabe, como la amnistía citada y el referéndum, que de una manera u otra, disfrazándolo, terminará por conceder, por no hablar del ataque al Estado de derecho que supone el ataque a los jueces, con el conocido como lawfare.

• Además, el Gobierno está dispuesto a incentivar el regreso de empresas a Cataluña, aunque dos de las principales huidas ante el intento de golpe de Estado de octubre de 2017, Caixabank y Sabadell ya han dicho que no piensan regresar. Por cierto, la UE deberá velar para que ello no constituya Ayudas de Estado, prohibidas por la UE, salvo para las regiones deprimidas «Objetivo 1», entre las que no se encuentra Cataluña.

• Lo preocupante es que los independentistas exigen que se multe a quienes no vuelvan, como si de un Estado totalitario se tratase. Veremos si Sánchez también les concede esto, pero si lo necesita para seguir en La Moncloa, lo concederá; otra cosa es que pueda ejecutarlo o que la UE se lo impida.

• Lo último ha sido la cesión de las competencias en la inmigración –algo tendrá que decir la UE– y la publicación de las balanzas fiscales, que, realmente, no sirven para mostrar ningún tipo de resultado del SFA, pero le servirán a los independentistas catalanes para hacerse las víctimas con una estadística que no refleja lo que ellos quieren vender, su supuesta -y falsa- infrafinanciación.

Sánchez no tiene medida y pretende darles todo a los independentistas catalanes para seguir en el banco azul, mientras se desangra la credibilidad de la economía española, su actividad económica y su mercado laboral. Es algo aberrante, intolerable y que puede causar un gran daño a la credibilidad de la economía española y, por tanto, a la actividad y al empleo, en un paso más de Sánchez para perpetuarse en el poder, volando por los aires el Estado de Derecho, que ya lo hará simplemente con la amnistía, desigualdad aumentada con el perjuicio económico para el resto de españoles, que habrán de pagar los privilegios que Sánchez conceda al independentismo.

• José María Rotellar es economista y director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria