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Cuatro de cada diez vascos mayores de 20 años dependen económicamente del Estado
Los efectos de la inflación en la economía han provocado un importante incremento entre los perceptores de ayudas
El gasto público se ha disparado en los últimos años, fruto del incremento de empleados públicos, pensionistas y receptores de ayudas. Es el caso del País Vasco, mostrada como ejemplo de competitividad económica por los líderes nacionalistas, pero que oculta una dependencia de la Administración cada vez más alta.
Según desvela El Correo, cuatro de cada diez vascos dependen del Estado, ya sea porque son trabajadores de la Administración, porque son pensionistas, o porque están percibiendo una prestación de desempleo o ayudas como el ingreso mínimo vital (IMV).
El pasado año se registraron 159.255 trabajadores públicos, 520.083 pensionistas, 48.219 parados con prestación o subsidio, y 24.720 que perciben el IMV o la renta de garantía de ingresos (RGI). Si dividimos estas 753.149 personas entre los 1.797.734 habitantes mayores de 20 años en el País Vasco, encontramos que un 42 % reciben algún cobro recurrente del Estado.
Se trata de un incremento del 7,45 % en solo cinco años, consecuencia principalmente por el aumento del empleo público, que ha generado la mitad de los puestos creados en el País Vasco desde la pandemia.
También influye el envejecimiento de la población, que ha elevado el número a máximos históricos provocando un déficit para la Seguridad Social en el País Vasco de 4.000 millones de euros anuales.
Ayudas sociales
Los efectos de la inflación en la economía han provocado un importante incremento entre los perceptores del IMV y la RGI en el último año, pasando de 59.321 personas en 2022 a 67.926 en 2023.
El sistema vasco garantiza unos ingresos mínimos a las personas en riesgo de exclusión de 840 euros al mes que aumentan a 1.148 si conviven con un menor a cargo, y de 1.288 euros para las parejas con un hijo.