De los reproches a Sánchez en Davos a las energéticas y BlackRock pasando por el caos de Hacienda

Hace un par de días les contaba la broma sucedida en la reunión del Foro Económico Mundial en Davos cuando los asesores de Pedro Sánchez comunicaron que los aplausos a puerta cerrada que los líderes del Ibex 35 habían brindado al consejero delegado de Cepsa Maarten Wetselaar por recibir un premio, en realidad eran para el Presidente del Gobierno. Aclarada la humorada, solo queda preguntarse hoy para que sirven los 869 asesores del Gobierno si ni siquiera se enteran de lo que pasa al otro lado de una puerta. Y algo más: ¿por qué tiene que reunirse Sánchez en un cuchitril donde apenas caben los ejecutivos del Ibex? Eso también ha llamado mucho la atención.

Lo de los asesores no es cualquier cosa. Sánchez concluyó la pasada legislatura con un récord absoluto en democracia, superando en un 45 % a los que tenía Rajoy. Me dirán que 22 ministerios necesitan muchos asesores, sobre todo si han perdido el poder en tantas Comunidades Autónomas, pero tampoco es verdad. Ha superado en un 30 % al número total de los que tenía en su primer Ejecutivo que, por cierto, tenía las mismas carteras. Y los datos no son del CIS, sino del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública que conocimos esta semana pasada. La próxima vez que alguno de esos asesores se lo curre y encuentre una salita mayor en el hotel Kongress, para que al menos no estén dándose codazos y quepa algún asesor que se entere de lo que pasa. Y lo que pasó es que hablaron de impuestos. De los impuestazos a la banca, a las eléctricas y a todos. De eso se quejaron y veremos si tiene consecuencias en los próximos días.

Sánchez ha superado en un 30 % el número de asesores que tenía en su primer Gobierno, con las mismas carteras

Y dos cosas más de Davos y de empresas españolas, Ron Goldstein, COO de BlackRock, la super gestora estadounidense de fondos de inversión, se ha prodigado como nunca en entrevistas explicando a todos lo mismo: «Que España no tiene nada que temer con la adquisición del 20 % de Naturgy a través de GIP». Tanto lo dijo y a tantos medios que he empezado seriamente a preocuparme. No con la adquisición de GIP (Global Infrastructure Partners) por 11.500 millones de euros, que se dice pronto, sino por su enorme presencia de los fondos –ya sé que dijimos muchas veces que iba a ocurrir– en empresas cotizadas del Ibex. Black Rock ya tiene participación financiera en Iberdrola, Enagás, Repsol, Redeia y Solaria. Y resulta interesante que mientras Carlos Martín, portavoz de economía de Sumar, pide al Gobierno que frene la entrada de Black Rock en Naturgy, Goldstein la justifique argumentando que el sector de la energía va a necesitar fondos privados para las inversiones de los próximos años. ¿Cómo influirá BlackRock a través de GIP en Naturgy? Lo veremos, pero cuando BlackRock tenía apenas un 0,6 % en la compañía de luz, gas natural y energía solar, ya se hacía notar como accionista. Ahora no va a ser menos.

Y dos. Wetselaar, CEO de Cepsa, además de criticar los impuestos a las eléctricas, dijo que aunque parezca que los precios de la energía se han normalizado, solo es pura apariencia, seguirán volátiles durante bastante tiempo. Eso para los que han puesto esta semana la calefacción a tope.

La nefasta gestión del que fuera Ministro de Hacienda de Rajoy recibe así un nuevo varapalo judicial

Y ya de vuelta del pueblo suizo, la cosa patria está que arde. El Tribunal Constitucional tumbó como se esperaba la última jugada de Cristóbal Montoro –no confundir con María Jesús Montero– cuando modificó el impuesto de sociedades para aumentar la recaudación. Lo malo de la sentencia es que niega, como ya ocurrió con el Impuesto de la Plusvalía, la posibilidad de que las empresas perjudicadas sean indemnizadas, salvo aquellas que tuvieran una reclamación judicial en marcha. La nefasta gestión del que fuera Ministro de Hacienda de Rajoy, recibe así un nuevo varapalo judicial, casi todos motivados por una voracidad fiscal de sus cuentas públicas. Lo chocante del caso fueron las palabras que la actual Ministra de Hacienda, María Jesús Montero -no confundir con Cristóbal Montoro- colgó en una red social: es «la enésima sentencia del Tribunal Constitucional que anula una medida fiscal aprobada por el anterior Gobierno del PP. Una mala gestión que acabaremos pagando todos los contribuyentes». Pura coña marinera pues el Ministerio de Hacienda, el actual de Montero, ya ha reconocido que está estudiando una posible «reinstauración de las medidas de Montoro por un cauce legislativo admisible». Alucinante que dirían los jóvenes.

Y si Montero quiere apañar lo de Montoro, también ha convencido a Yolanda Díaz por la vía de los hechos. Había que compensar la subida del SMI (salario mínimo interprofesional) porque resultaba ser Hacienda el mayor beneficiado de esa subida. ¡Como no! De hecho el PP y el sindicato UGT han denunciado que la subida del SMI provocaría en el caso de un trabajador soltero y sin hijos un incremento en el IRPF del 44,72 % si no se elevaba el mínimo exento de tributación. Si tenemos en cuenta que existen entre 2,3 y 2,5 millones de trabajadores sujetos al SMI, un cálculo somero indica que la aportación de esos trabajadores a las arcas públicas podría ser 1.137 millones euros. Quizá por eso la propuesta de la semana pasada de Alberto Núñez Feijóo fue subir el límite excluido de tributación desde los 15.000 euros a los 15.876 para que así el 100 % del salario mínimo se lo quede el trabajador. Montero tiene la palabra mientras Yolanda Díaz piensa que la solución a los problemas de Hacienda pasa por bajar los salarios a los altos cargos de las empresas. El caos en las balanzas fiscales no ha hecho más que comenzar.