La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz
Díaz, sin opciones para limitar los salarios de los directivos: «No tiene ningún encaje legal»
Los expertos señalan que cualquier decisión sobre el sueldo máximo queda en manos de los empresarios
Desde la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa, el número de altos cargos y asesores no ha dejado de crecer así como su coste. Sin embargo, el Gobierno está más interesado en esquilmar al sector empresarial antes que reducir el gasto público. Tras imponer la subida del salario mínimo, la reducción de jornada y el blindaje del despido, el Ejecutivo pretende limitar los salarios de los directivos de la empresa privada.
Fue Yolanda Díaz, quién si no, la primera en abrir el melón la pasada semana. «Necesitamos un debate sobre los elevadísimos salarios de muchos miembros de las empresas de nuestro país», comentó la vicepresidenta tras la firma del acuerdo para la subida del SMI, negociación, por cierto, en la que no participó la patronal por la negativa del Ejecutivo a actualizar los precios de las contratas públicas.
A Moncloa no le ha hecho ninguna gracia la propuesta de Díaz, que ve en los anuncios de la vicepresidencia un afán por distanciarse del PSOE con fines electoralistas, como ya ocurrió con Podemos durante la primera legislatura. En cualquier caso, el sector empresarial teme que la tijera de la gallega entre en los consejos de administración.
Este jueves, Díaz echó balones fuera asegurando que se trataba de una «reflexión» sobre la diferencia existente entre los salarios de los trabajadores «y los grandes dirigentes del Ibex 35», pero unos días antes la propia ministra reconocía que «había posibilidades, también fiscales» de aplicar limitaciones.
Hoy por hoy no tiene encaje legal algunoExperta en Derecho del Trabajo
«Hoy por hoy no tiene encaje legal alguno, más allá de la ética o la responsabilidad social corporativa», explica María José Ramo, profesora de Derecho del Trabajo y vocal de ASNALA.
«Se podría hacer mediante una norma –ya sea ley, real decreto-ley, etc.– que estableciera una obligación, pero lo más sensato es mediante la llamada soft law: recomendaciones del tipo 'se procurará que en las empresas los sueldos de los directivos no superen el x % del salario base del grupo profesional que menos gana' e incluso dando un plazo de tiempo –como cinco años– para ir ajustando esos salarios. Aun así, lo veo muy complicado», añade.
Esta experta en Laboral explica que nada impide establecer una relación entre el salario máximo y mínimo en una empresa, incluso acordada con los representantes de los trabajadores, pero es una decisión que queda en manos de los empresarios.