Nuevas cuotas
La nueva pesadilla para alquilar piso que provoca la ley de vivienda
Las inmobiliarias convierten sus antiguos honorarios en 'estudios de solvencia' que debe pagar el inquilino
Madrid y algunas de las localidades de su entorno más cercano se han convertido en una ratonera para los que quieren buscar una casa donde vivir.
La escasez de opciones, el aumento desmedido de los precios de alquiler y la inflación se suman a una lista ya extensa de desafíos que enfrentan los inquilinos como las cláusulas con las que los propietarios quieren cubrir futuros impagos. En esta línea, las inmobiliarias han decidido bordear la ley que les impide cobrar a quienes buscan o venden piso por hacer su trabajo.
El 'mes de agencia' ha desaparecido con la nueva ley de vivienda
Aquel 'mes de agencia' con las que las agencias facturaban encontrar un piso, venderlo o alquilarlo ha tenido que desaparecer con la llegada de la nueva ley de vivienda.
Ahora eso toma forma de 'honorarios de agencia' o 'gastos de gestión' y hasta de 'servicio de personal shopper' de vivienda. Todo con tal no perder ese dinero que, como explica Lola, «es de lo que vivo y nadie me ha puesto problemas nunca». En 30 años de vida profesional dedicada a vender pisos de una constructora y luego facilitar las ventas y las segundas compras, nunca se ha encontrado con malas caras por ninguna de las partes.
Estudios de solvencia
También son habituales los estudios de solvencia con los que las agencias pueden cobrar hasta mil euros al interesado en alquilar por conocer sus finanzas y si forma parte del registro de morosos.
Tengo que generar ingresos por hacer mi trabajo que es enseñar pisosAgente inmobiliario
«Yo tengo que generar ingresos por hacer mi trabajo que es enseñar pisos, poner en contacto a interesados, enviar documentación al registro y hacer otros trámites, no es justo que una ley me complique mi trabajo para facilitar el alquiler», denuncia Lola.
En algunas agencias, los requisitos para los arrendatarios van desde un mes de fianza, la mensualidad, el 5 % de la renta mensual y un mes en concepto de estudio de solvencia a lo que hay que sumar el IVA.