El dopaje público del mercado laboral
Como no ha realizado ninguna reforma estructural, todo parece indicar que el Gobierno no podrá mantener el ritmo de crecimiento de empleados público
El Gobierno no deja de presumir de los datos de empleo, incluso tras la última Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al IVTR-2023, donde se muestra la incapacidad real del mercado de trabajo para coger un gran impulso, más allá del sostén que el gasto público lleva cinco años ejerciendo y del artificio estadístico creado por el Gobierno para obligar a convertir a los temporales en fijos discontinuos, afectando a las estadísticas de paro registrado, aunque la EPA no se ve tan afectada por ello más allá de los ajustes técnicos que se hacen sobre la encuesta con los datos reales de registro de paro y afiliación a la Seguridad Social, como muestran los datos.
Así, en el IVTR-2023 podemos ver que el empleo que se crea es el público. Si no se destruye todavía más empleo es por el artificio de la creación de empleo público, al crearse 58.600 empleos públicos. Pese a ello, se pierden 19.000 puestos de trabajo, al desmoronarse el empleo en el sector privado, donde se pierden 77.600 puestos de trabajo.
Pero esto no es más que el importante deterioro que el mercado laboral está sufriendo tras más de un quinquenio en el que toda la economía se ha sostenido artificialmente por el empleo público. Ahora, vemos que esta intensificación del deterioro del mercado laboral no es más que el final de lo acontecido durante estos cinco años y medio, donde el empleo público ha crecido mucho más que el privado.
De esa manera, mientras el empleo total ha aumentado un 9,84% desde el IITR-2018 (momento en el que Sánchez llega al Gobierno), el empleo privado sólo lo ha hecho un 8,80 % –y ya veremos en otro artículo como es, realmente, un reparto del empleo, no verdadera creación del mismo–, mientras que el empleo público ha crecido un 15,25 %, casi el doble que el empleo privado.
Los datos de la EPA del último trimestre, como decía, son malos, con destrucción de empleo, maquillada por el incremento de empleo público, y con desánimo en la búsqueda de un puesto de trabajo. Esto no es más que la tendencia que el Gobierno de Sánchez ha mantenido durante todo su mandato. Su política económica sólo está basada en el gasto público, con un incremento de deuda de más de 400.000 millones de euros desde que gobierna y un elevado déficit estructural.
Es imprescindible, por tanto, reducir el gasto ineficiente, porque es el origen del problema y vuelve insostenible el mantenimiento de la estructura económica con semejante endeudamiento, y devolver a los ciudadanos la recaudación extra que el Gobierno está consiguiendo gracias a la inflación, que asfixia a los españoles, les hace perder poder adquisitivo y les impide llegar a fin de mes y poder competir, en el caso de las empresas, en los mercados. Es necesario, a su vez, que el sector público se reduzca, que se realicen las reformas necesarias para que la economía sea productiva por sí misma, que se genere seguridad jurídica. Es decir, se necesita una política económica radicalmente distinta a la de Sánchez.
Si el empleo ha estado sostenido por el gasto público y ahora, en 2024, regresan las reglas fiscales, el Gobierno habrá de reducir el gasto. Como no ha realizado ninguna reforma estructural y ha perjudicado, con ello, al sector privado, con un fuerte efecto expulsión debido al endeudamiento público producido, todo parece indicar que el Gobierno no podrá mantener el ritmo de crecimiento de empleados públicos, con lo que el empleo, desgraciadamente, caerá, al no poder generar el sector privado actividad suficiente para crear empleo privado, tal y como ya vemos en este último trimestre, fruto de la equivocada política económica del Gobierno.
Ésta es la cruda realidad, más allá de que el Gobierno trate de vender unos datos de empleo que son de ciencia ficción, donde, en un próximo artículo, veremos que el empleo, realmente, no se crea, sino que se reparte, además de maquillarse artificialmente la calidad del mismo por un cambio en la norma, no por cambio en la calidad del mercado laboral.
- José María Rotellar es profesor de Economía y director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria