Italia y Portugal adelantan a España en fondos europeos y sólo dos de cada cuatro euros llegan a la economía real

La ejecución de los fondos europeos sigue sin despegar. A 31 de diciembre de 2023, tan solo el 46 % de los 76.000 millones en ayudas habían llegado a sus destinatarios. A esta cantidad se suman los 93.500 millones de euros adicionales desbloqueados recientemente en la Adenda. El problema es que el reloj corre, con la fecha límite de agosto de 2026, para tener cerrada al menos la concesión de los fondos.

La última inyección ha elevado el total de dinero europeo que percibirá España hasta los 163.000 millones, a cambio de que nuestro país sea capaz de cumplir con un exigente calendario de reformas. Los expertos dudan de que España pueda cumplir y, de hecho, nuestro país ha caído en el último año por detrás de Italia y Portugal. Así lo resalta la consultora LLYC, que llama la atención, en un informe publicado este lunes, sobre la acumulación de fondos remanentes no adjudicados en convocatorias y licitaciones, que cifran en 14.321 millones de euros, un 20,4 % del total. De ellos, 6.557 millones de euros corresponderían al Estado.

«La complejidad de la mayoría parlamentaria puede suponer problemas para la aprobación de alguna de las reformas que quedan», avisan desde LLYC, en un informe liderado por Paloma Baena, responsable de su división de fondos Next Generation EU. Un primer ejemplo es el fracaso a la hora de aprobar la reforma de la prestación por desempleo, que Podemos tumbó el pasado 11 de enero, abriendo la puerta a un retraso a la hora de recibir parte de los fondos del cuarto tramo del plan de recuperación.

La oposición achaca a los Perte «errores de diseño, improvisación e imposición de criterios alejados de la realidad»

Los retrasos en la ejecución de las ayudas europeas, constatados también por el Banco de España y la Airef, ocuparon este lunes buena parte de la comparecencia del ministro Jordi Hereu en la Comisión de Industria del Congreso. Francisco Conde, portavoz de Industria del PP, reprochó Hereu la consecución de «errores de diseño, improvisación con los proyectos y la imposición de criterios alejados de la realidad» en los Perte, los proyectos con los que el Ejecutivo ha buscado canalizar el grueso de los fondos.

Tres años para montar una fábrica

«Solo han sido capaces de comprometer el 22 % del total de los 42.000 millones asignados a los PERTE», según Conde, que ejemplificó el retraso en el caso de la portuguesa Altri. «Lleva más de tres años esperando para instalar una fábrica de fibra sostenible. Hace año y medio el presidente de la Xunta le entregó a Pedro Sánchez toda la información sobre la planta y desde entonces todo el mundo ha hecho los deberes, excepto el Gobierno, que tiene un rotundo suspenso. No sé si como los malos estudiantes lo han dejado todo para el último momento y lo quieren resolver ahora en plena precampaña».

El caso del Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC), el de mayor cuantía, es significativo. En la primera convocatoria, en 2022, no se adjudicaron 2.100 millones, de los que más de 1.500 corresponden a 2022, lo que ha supuesto que el grado de concesión de los fondos europeos en Industria ronde un discreto 40 %, pese a la mejor velocidad de la segunda convocatoria, en 2022. Con todo, desde LLYC sitúan como proyectos en mayor desventaja el Perte Naval, cuya adjudicación apenas ha alcanzado 81 millones de 200, y el Agroalimentario, del cual solo se han concedido 183,6 millones de 510.

Los Perte supondrán una inyección para el tejido industrial de más de 8000 millones de euros hasta 2026, con la creación de cerca de 10.000 puestos de trabajo, aseguró ayer Hereu, que situó como «prioridad» en la nueva legislatura «garantizar una correcta y ágil implementación de estos fondos». Además de anunciar una nueva convocatoria para retomar los fondos pendientes del Perte VEC, Hereu anunció una nueva convocatoria del Perte agroalimentario y del Perte Chip para fomentar la fabricación de esta tecnología clave en territorio nacional.

«Atomización» y pérdida de atractivo

A juicio de los expertos, «la generación de excedentes del PRTR en España puede llegar a un nivel que imposibilite el cumplimiento de todos los objetivos de inversión y, por tanto, la recepción de todos los fondos». Igualmente, supone un problema que la inmensa mayoría, 83.200 millones de los cerca de 90.000 de la Adenda, sean préstamos y no subvenciones, como ya contó El Debate. «El menor atractivo de los préstamos respecto de las subvenciones, incluso en una situación de restricción de los créditos privados, genera dudas razonables respecto de si la economía española será capaz de absorber ese volumen de fondos en un periodo de tiempo tan limitado», afirman.

Entre los culpables del retraso, desde LLYC apuntan a la «atomización» en la gestión de los fondos, frente a Francia o Italia, que han concentrado mucho más que España el destino de los fondos. Así se desprende del análisis de las cuantías percibidas por los cien mayores beneficiarios de ayudas, que en el caso español en un 60 % han ido a parar a entidades públicas, como empresas estatales, ministerios y ayuntamientos.