El Gobierno acelera el 'rediseño' del 'impuestazo': las energéticas se enfrentan al pago inminente de 800 millones

Las seis empresas energéticas de mayor tamaño en España –Repsol, Cepsa, Endesa, Iberdrola, Naturgy, Acciona y EDP– abonaron el año pasado 1.500 millones de euros por el impuesto que el Gobierno decretó sobre su sector, el denominado impuestazo. Si se repite el esquema este año, el próximo mes tendrían que pagar entre todas entre 700 y 800 millones de euros.

Las compañías quieren atenuar el impacto, y en esta línea se están desarrollando los contactos entre las empresas y el Gobierno a un nivel más bien técnico. Moncloa estudia el modo de rediseñar un impuesto que en principio iba a ser temporal y sobre el que planean diferentes amenazas. Entre ellas está el recurso que Iberdrola planteó contra él en febrero de 2023, y sobre el que de momento no hay novedades. El director de los Servicios Jurídicos de la compañía, Gerardo Codes, ya anunciaba entonces que la decisión tardaría en tomarse: «Hemos recurrido estas medidas arbitrarias y discriminatorias que solo afectan a algunos sectores (energéticas y banca), sectores que no están en una situación comparable. La medida tiene impacto sobre los ingresos y no sobre los beneficios extraordinarios. Consideramos que este impuesto incumple la Constitución Europea y el Derecho europeo y no esperamos que este año haya una decisión de los tribunales, probablemente el año que viene».

Repsol tampoco se ha desdicho de las declaraciones que hizo su consejero delegado, Josu Jon Imaz. Dijo que las inversiones en hidrógeno de su compañía proyectan destinar 1.500 millones de euros a España, pero si no hay estabilidad jurídica y fiscal, el dinero puede irse a Francia o Portugal, donde no hay un impuesto sobre la producción.

En este contexto se mueven las negociaciones que se están produciendo entre el Gobierno y las empresas energéticas. Todas las energéticas recurrieron el impuesto. Según fuentes del sector, la idea ahora es buscar un mecanismo jurídico y fiscal que empiece a suavizar el impuesto, o que de hecho lo anule por medio de desgravaciones que se aplicarían este mismo año.

Si no se toma ninguna medida, la tasa seguiría vigente tal como estaba originalmente. En este caso, las empresas tendrían que pagar en febrero la primera de las dos liquidaciones a cuenta que corresponderían a 2023. La otra sería en septiembre.

Si el esquema de pagos es el mismo de 2023, las compañías tendrían que liquidar entre 700 y 800 millones de euros este mes. Repsol fue la empresa que más dinero pagó por el impuesto en 2023: 450 millones de euros. Cepsa fue la que más sufrió el impacto sobre su cuenta de resultados. Supuso un 29 % de sus beneficios.

Peor que en otros países

La forma en que el Gobierno español ha aplicado el impuesto a las energéticas ha sido mucho peor que la desarrollada en otros países.

Mientras que en otros lugares el impuesto se destinó sobre los beneficios reales, en nuestro país recayó sobre las ventas de las empresas que facturaban más de 1.000 millones.

Mientras que en los países de la UE que han aplicado el impuesto ya ha desaparecido, aquí se prorroga, aunque se había dicho que solo iba a estar vigente en los años 2022 y 2023.

El pacto entre PSOE y Sumar daba a entender que iba a mantenerse. Sánchez habló después de «rediseñarlo». El decreto ómnibus del 27 de diciembre hablaba de reforma del impuesto sin concretarla. Se ha dicho que los Presupuestos Generales del Estado integrarán un incentivo que se aplicará a las inversiones estratégicas realizadas por el sector energético a partir del 1 de enero de 2024.

Como se puede comprobar, la decisión final sobre el impuesto no está nada clara; y mientras tanto, los proyectos multimillonarios de empresas como Repsol y Cepsa, esperando.