Cataluña sufre el peso de la regulación.
Cataluña produce el doble de normas y regulaciones al año que Madrid
La comunidad autónoma podría aumentar más de un 1,4 % su empleo y tener un 0,25 % más de empresas si su volumen regulatorio fuera equiparable al de la capital
Las comunidades autónomas han dictado 286.459 normas desde el inicio de la democracia. Una intensa actividad regulatoria que eleva por encima de las 414.200 el total de normativas en vigor. Y Cataluña y Andalucía se sitúan claramente en cabeza.
Cataluña es precisamente la comunidad autónoma que encabeza la producción legislativa, según una investigación de Juan Mora-Sanguinetti, economista del Banco de Francia y el Banco de España, firmada junto a Rok Spruk, Javier Quintana e Isabel Soler.
La Generalitat ha aprobado 772 normas al año entre 1995 y 2020, seguida de Andalucía, con 682, y la Comunidad Valenciana, con 554, La Rioja, País Vasco y Madrid, por su parte, son las regiones que menos normas han promulgado, con 318, 363 y 391, respectivamente.
El artículo también pone de manifiesto el impacto desigual que sufren las empresas en función de la comunidad autónoma donde desarrollan su negocio. Así, un sector situado en una autonomía con un 10 % más de regulación reduce sus empleados al año siguiente un 0,28 % en comparación con las empresas del mismo sector situadas en otra autonomía.
«España se está aproximando a las 12000 normas al año entre leyes y normas con rango inferior. En los años 80 era del orden de 3000. Es normal que las empresas y los ciudadanos se pierdan», aseguró Mora-Sanguinetti durante la reciente conferencia Previsibilidad de la Justicia, aspectos jurídicos y económicos.
Las normas autonómicas y locales tienen un peso total del 65 por ciento anual, lo que genera un mercado cada vez menos integrado, destaca el economista, que lo vincula con la creciente congestión de la justicia española.
«La asfixia normativa es la queja más importante que se puede oír en cualquier rincón de España y de Europa. Pedimos la simplificación de la burocracia porque nos tiene asfixiados», aseguraba precisamente este viernes el secretario general de la organización agraria COAG, Miguel Padilla, tras reunirse con el ministro Luis Planas. Los sectores más afectados son la agricultura, con 1.300 normas, la construcción, con 1.200, y los servicios profesionales, con más de 800 nuevas regulaciones al año.
«Infierno fiscal»... y regulatorio
En una reciente entrevista con El Debate, Ferrán Brunet, doctor en Economía y Administración de Empresas, y responsable de la sectorial de Economía y Empresa de Societat Civil Catalana (SCC), incidía también en el elevado número de normas vigentes en la comunidad. Todo ello en pleno debate sobre la vuelta de empresas a Cataluña, después de que más de 9.000 hayan abandonado la región a raíz del proceso separatista. Una sangría que no solo no ha cesado en los últimos años, sino que se ha mantenido, con dos salidas al día, como ya contó El Debate.
«Cataluña es un infierno fiscal. El margen que hay es que se den cuenta de que la curva de Laffer existe: la mejor fiscalidad es la fiscalidad inteligente. Lo importante no es poner el tipo mas elevado sino el optimo para obtener la máxima recaudación. Esto lo vemos con Madrid: solo tienen cuatro impuestos autonómicos frente a los 15 de Cataluña», destacaba Brunet.
«El aumento del volumen de regulaciones tiene un impacto en la actividad económica, reduciendo el empleo», advierte Mora-Sanguinetti en su artículo, publicado en el Journal of Regulatory Economics. El autor subraya que «la entrada de nuevas empresas en sectores-regiones expuestas a una mayor regulación es también más bajo». Su investigación identifica además mayores efectos negativos «en las empresas más pequeñas y de más reciente creación».