Congreso de los Diputados, en una imagen de archivo
Una maraña de 414.000 regulaciones estrangula el empleo y la innovación en España y agrava las desigualdades autonómicas
Las CC.AA. han dictado más de 286.459 normativas, con especial impacto en la agricultura, la construcción y los servicios profesionales
Más de 400.000 normativas diferentes, en concreto 414.272, se han aprobado en España desde el inicio de la democracia. De ellas, 286.459 han sido dictadas por las comunidades autónomas.
Los sectores más afectados son la agricultura, con 1.300 normas, la construcción, con 1.200, y los servicios profesionales, con más de 800 nuevas regulaciones al año. «La asfixia normativa es la queja más importante que se puede oír en cualquier rincón de España y de Europa. Pedimos la simplificación de la burocracia porque nos tiene asfixiados», aseguraba precisamente este viernes el secretario general de la organización agraria COAG, Miguel Padilla, tras reunirse con el ministro Luis Planas.
Evolución de la normativa en España
Las cifras proceden de la base de datos elaborada por un equipo liderado por Juan S. Mora-Sanguinetti, economista del banco de España y de Francia, que expone, en un reciente artículo publicado en el Journal of Regulatory Economics, el impacto desigual de la abundante normativa en función de la comunidad autónoma.
«El aumento del volumen de regulaciones tiene un impacto en la actividad económica, reduciendo el empleo», advierte Mora-Sanguinetti, que subraya que «la entrada de nuevas empresas en sectores-regiones expuestas a una mayor regulación es también más bajo». Su investigación identifica además mayores efectos negativos en las empresas «más pequeñas y de más reciente creación».
Sólo en 2022 el total de las administraciones españolas adoptó 11.775 nuevas normas, según la investigación de Mora-Sanguinetti, Rok Spruk, Javier Quintana e Isabel Soler. «España se está aproximando a las 12000 normas al año entre leyes y normas con rango inferior. En los años 80 era del orden de 3000. Es normal que las empresas y los ciudadanos se pierdan», aseguró Mora-Sanguinetti durante la reciente conferencia Previsibilidad de la Justicia, aspectos jurídicos y económicos.
Las normas autonómicas y locales tienen un peso total del 65 por ciento anual, lo que genera un mercado cada vez menos integrado, destaca el economista, que lo vincula con la creciente congestión de la justicia española.
La maraña regulatoria tiene también una relación directa con la evolución del PIB y del empleo. En Estados Unidos se ha calculado que las normas federales aprobadas entre 1949 y 2005 redujeron en alrededor de dos puntos el incremento del Producto Interior Bruto (PIB).
En el caso español, la investigación de Mora-Sanguinetti concluye que un aumento del 10 % en las nuevas regulaciones está relacionado con una caída relativa del 0,5 % en el número de trabajadores empleados por empresas con menos de 10 empleados.
Cataluña y Andalucía, líderes en producción normativa
El informe también pone de manifiesto el impacto desigual que sufren las empresas en función de la comunidad autónoma donde desarrollan su negocio. Así, un sector situado en una autonomía con un 10 % más de regulación reduce sus empleados al año siguiente un 0,28 % en comparación con las empresas del mismo sector situadas en otra autonomía.
Los investigadores resaltan «la importante vinculación» entre el número de normas y el número de empresas creadas. «Si Andalucía y Cataluña (las dos comunidades autónomas con mayor volumen de regulación) tuvieran el mismo número de regulaciones adicionales que Madrid o País Vasco (las dos con menor volumen), tendrían un nivel de empleo un 1,41 % superior y un número de empresas un 0,25 % mayor».
Cataluña es precisamente la comunidad autónoma que encabeza la producción legislativa, con 772 normas al año de media entre 1995 y 2020, seguida de Andalucía, con 682, y la Comunidad Valenciana, con 554. La Rioja, País Vasco y Madrid, por su parte, son las regiones que menos normas han promulgado, con 318, 363 y 391, respectivamente.
Todo ello en pleno debate sobre la vuelta de empresas a Cataluña a raíz del proceso separatista. Una sangría que no solo no ha cesado en los últimos años, sino que se ha mantenido, con dos salidas al día, como ya contó El Debate.
«Cataluña es un infierno fiscal. El margen que hay es que se den cuenta de que la curva de Laffer existe: la mejor fiscalidad es la fiscalidad inteligente. Lo importante no es poner el tipo mas elevado sino el optimo para obtener la máxima recaudación. Esto lo vemos con Madrid: solo tienen cuatro impuestos autonómicos frente a los 15 de Cataluña», destacaba en una entrevista con este periódico Ferrán Brunet, doctor en Economía y Administración de Empresas, y responsable de la sectorial de Economía y Empresa de Societat Civil Catalana (SCC).