El PP tumba la senda del déficit y retrasa la aprobación de los Presupuestos

El PP ha hecho valer su mayoría absoluta en el Senado y ha tumbado la aprobación de la senda de déficit propuesta por el Gobierno. La iniciativa ha recibido 260 votos, 147 han sido en contra y 113 a favor. La senda tendrá que volver a ser aprobada por el Consejo de Ministros y pasar nuevamente el trámite parlamentario.

El Congreso había aprobado el pasado 10 de enero la senda de estabilidad, que preveía reducir el déficit público al 3 % del PIB en 2024, cumpliendo así las reglas fiscales europeas, y avanzar en esa corrección en 2025 (2,7 % del PIB) y 2026 (2,5 % del PIB). La deuda bajaría al 106,3 % del PIB en 2024, el 105,4 % del PIB en 2025 y el 104,4 % del PIB en 2026, según se aprobó.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha tomado muy mal la respuesta del PP. Ya desde esta mañana avisaba de las consecuencias que la decisión podía tener sobre las comunidades autónomas: «Entrarán en vigor los objetivos del mes de abril, que serán más perjudiciales para las comunidades y ayuntamientos porque así lo ha querido el PP», explicó antes de la sesión en el Senado la ministra Montero. «Varias comunidades que ya han elaborado sus proyectos de presupuestos con la regla del 0,1 % -como Andalucía o Cataluña- se verían obligadas a ajustar sus cuentas», afirmaba Montero en diciembre. Según Fedea, hay catorce comunidades autónomas que incumplen los objetivos.

Las situaciones más complejas se producen en la Comunidad Valenciana, con un desvío estimado del 2,3 %, y Murcia, con un déficit del 2,2 % para 2023, según los cálculos de Fedea. Moncloa acordó con Bruselas rebajar el déficit público al 3 % en 2024.

En la última reunión del Consejo de Política Fiscal con las comunidades autónomas, Hacienda propuso un déficit del 3 % en 2024 para el conjunto de las Administraciones, del 2,7 % en 2025 y del 2,5% en 2026. En el caso de las autonomías se estableció un objetivo del 0,1 % para 2024. Para 2025 y 2026, las comunidades buscarán el equilibrio presupuestario. Para las entidades locales también se acordó el equilibrio presupuestario (0 %) del 2024 al 2026, mientras que para la Seguridad Social el déficit se fijó en un 0,2 % para 2024, en 0,1 % para 2025 y en el 0 % para 2025.

Montero defiende que el Gobierno volverá a traer los objetivos de déficit a las diferentes Cámaras, tal y como figura en la ley. Si siguen bloqueándolo, se aplicarían los fijados en la actualización del programa de estabilidad del mes de abril de 2023, que marca unos objetivos más duros y con menos capacidad de gasto para las administraciones territoriales.

«Aunque el Partido Popular crea que vetando estos objetivos el Gobierno no va a poder aprobar los Presupuestos Generales de 2024, se equivocan, y vuelven a perjudicar a comunidades autónomas y ayuntamientos», indica la ministra de Hacienda. Sin embargo, no está claro que pueda aprobar los Presupuestos: sin objetivos de déficit aprobados el Estado no puede exigir un ajuste de déficit vinculante a las CCAA ni a los ayuntamientos.

Montero podrá llevar de nuevo los objetivos de estabilidad presupuestaria al Senado, y tienen hasta abril para aprobar los nuevos Presupuestos. En última instancia, se mantendrán prorrogadas las cuentas de 2023.

Para sacar adelante los nuevos Presupuestos, Montero tiene listo el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, del Presupuesto del Estado para 2024. Se eleva a 199.120 millones de euros, un 0,5 % más respecto al ejercicio anterior, incluyendo los fondos procedentes de la Unión Europea.

Objetivos más exigentes

De acuerdo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, si el Congreso o el Senado rechazan los objetivos, el Gobierno remitirá en el plazo máximo de un mes un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento de tramitación.

Si no se aprueban los objetivos hasta en dos ocasiones, según un informe de la Abogacía del Estado al que alude la ministra Montero, los objetivos de estabilidad serían los recogidos en el Programa de Estabilidad remitidos a la Comisión Europea el pasado mes de abril. Son más exigentes para comunidades y ayuntamientos: las comunidades tendrían que cumplir con la estabilidad presupuestaria este año, mientras que los ayuntamientos tendrían un objetivo de superávit del 0,2 %, lo que implica dar menos margen para el gasto de ambas Administraciones.

El Partido Popular ha cargado contra este «informe inexistente» de la Abogacía del Estado mencionado por la ministra de Hacienda que le asegura la tramitación de las cuentas públicas en 2024.

«Digo inexistente porque en el Senado solicitamos este informe de la Abogacía del Estado el 12 de diciembre y hoy, 5 de febrero, no tenemos noticias de este informe y no se ha hecho público», llegó a denunciar la senadora popular, Alicia García.

Fuentes del Departamento que dirige María Jesús Montero han asegurado a Europa Press que este informe se conocerá en el caso de que el PP rechazara por segunda vez los objetivos.

El PP daría su apoyo si se bajaran impuestos

El senador del PP Gerardo Camps ya dijo por la mañana las condiciones de apoyo de su partido. «Le pedimos que traiga la misma senda de estabilidad que pedía cuando era consejera de Hacienda en Andalucía», afirmó. Señaló sobre Montero la pretensión de quedarse con esta senda «con 40.000 millones no aliviando fiscalmente a empresas y ciudadanos para tener cierto margen y poder repartir luego ante las peticiones que le llegarán de sus socios».

De cara a apoyar los objetivos de estabilidad más adelante, el PP pidió a Montero traer «unos nuevos», ser «generosa» y compartir «más con las comunidades». Insistió en que su voto favorable está condicionado a las rebajas de impuestos en el Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas (IRPF) e IVA.