El precio del limón que explica las protestas del campo: la diferencia entre origen y destino llega al 880 %

Los agricultores siguen en pie de guerra con movilizaciones en varios puntos del país y enfrentamientos con la Guardia Civil. Demandan, entre otras cosas, el cumplimiento de la ley de cadena alimentaria para evitar la venta a pérdidas, una realidad que se ilustra perfectamente a través del limón.

Según los datos de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), el limón tuvo un precio medio en origen de 0,20 euros el kilo, que se disparó en destino hasta los 1,96 euros, un incremento del 880 %. A pesar de ser abismal, no se trata ni mucho menos de la mayor diferencia ya que en diciembre de 2021 llegó a ser del 1.110 %.

El precio en origen de este producto comenzó a incrementarse por encima de lo normal justo después del estallido de la invasión de Ucrania, en línea con la inflación, pero lo sorprendente es que no ocurrió igual en el precio de destino, que redujo la diferencia considerablemente hasta el inicio de la campaña 23/24, cuando el margen de ganancia de industria y distribuidores ha sido mayor a pesar de la bajada de precio. ¿Se trata de una estrategia en perjuicio de los agricultores? Las fuentes consultadas ni confirman ni desmiente, pero reconocen que es mejor vender a pérdidas que desperdiciar toda la producción.

De esta manera, los agricultores ven desaparecer su margen de ganancia. Por ejemplo, en las primeras semanas de enero, el precio del limón en la Comunidad Valenciana tenía una cotización mínima de 0,14 euros el kilo y una máxima de 0,25, pero el coste unitario de producción, que desde 2018 no se ha actualizado, es de 0,18 euros el kilo. Es decir, los agricultores están recibiendo en algunos casos hasta cuatro céntimos menos de lo que les cuesta producirlo.

Las sanciones por comprar por debajo de costes pueden ir desde los 3.000 hasta el millón de euros

La Ley 16/2021 de 14 de diciembre de medidas para la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria establece que las operaciones de compraventa tengan en cuenta los costes de cada eslabón a través de unos índices orientativos de precios publicados por el Ministerio de Agricultura. Esto no quiere decir que la ley imponga unos precios mínimos, pero sí la potestad de los inspectores para analizar los costes de cada operador con sanciones que pueden ir desde los 3.000 hasta el millón de euros en el caso de reincidencia.

El problema, según denuncian las asociaciones de agricultores, es que no hay inspectores suficientes y el Gobierno mira para otro lado para evitar abrir un frente con la industria y la distribución, enojada con cierto sector del Ejecutivo por sus constantes ataques. Sánchez, por su parte, ha prometido «reforzar» la citada ley, pero no ha entrado en detalle y se ha limitado a anunciar una ayuda extraordinaria de 270 millones de euros. De momento, estos anuncios no han conseguido aplacar las protestas de los agricultores, que siguen adelante con sus movilizaciones.