Iniciativa privada y bien común

Que la iniciativa privada y el interés general no colisionan sino que se necesitan mutuamente es algo demostrado por la experiencia histórica, a pesar del maniqueísmo de cierta izquierda adolescente empeñada en seguir enfrentando lo público con lo privado, como si lo público representara todo lo deseable (la solidaridad, la igualdad, la justicia social…) y lo privado todo lo repudiable (el egoísmo, la brecha social, los abusos laborales…). Ya el gran filósofo austriaco Karl Popper nos alumbró sobre la que calificó una de las confusiones más nocivas de los tiempos actuales: la idea de que todo lo privado e individual es egoísta y todo lo público y colectivo es solidario. Y ponía como ejemplo de egoísmo colectivo precisamente a los nacionalismos.

¿Cabe pensar efectivamente en algo más insolidario para el interés general de un Estado que el colectivismo nacionalista de sus territorios económicos más afortunados? En cambio, afirmaba el pensador liberal, el individualismo altruista y generoso, de iniciativa estrictamente privada, es la base de nuestra civilización occidental. Está en la doctrina central del cristianismo y en Kant y su reconocimiento de los individuos humanos como fines en sí mismos. Es en definitiva una de las nociones comunes alrededor de las cuales se construye la propia idea de Europa, una idea que representa muchos principios y valores diferenciadores, y entre ellos, sin duda, la iniciativa empresarial, la libertad de mercado y la defensa de la competencia.

Las economías planificadas que han abolido la propiedad privada han resultado catastróficas para el servicio público

Si fuera cierto lo que piensa en el fondo buena parte de la izquierda, a saber, que solo desde lo público se sirve al interés general, los estados comunistas habrían sido los más eficaces servidores del bien común. El problema es que la historia los desmiente y demuestra que todas las economías planificadas que han abolido la propiedad privada han resultado catastróficas para el servicio público: no solo han empobrecido a la sociedad y extendido la miseria, sino que han incrementado la desigualdad y han generado nuevos sistemas de castas y privilegios mucho más profundos, por no mencionar los efectos demoledores que han tenido sobre las libertades personales.

Solo desde la ceguera intelectual, y un agotador esfuerzo por ignorar los hechos y la verdad, puede sostenerse hoy que lo privado supone una amenaza para el bien común. Muy al contrario, es su salvaguarda y único garante. Todo lo cual no desmiente en absoluto la gran contribución que ciertos servicios de titularidad pública como la sanidad o la educación han representado para el interés general en las democracias europeas. Eso es algo que admitía Popper, y que reconocemos hoy todos los que nos sentimos liberales, una apertura de miras que nos diferencia claramente de la cerrazón intelectual de la izquierda más radical.

Las variopintas formas de neocomunismo que hoy sobreviven siguen negando el agua y la sal a todo lo privado

Mientras nosotros sí defendemos sin matices el Estado del Bienestar y por tanto asumimos y promovemos la necesidad de cierta intervención pública que corrija los desajustes del mercado y garantice el acceso de todos los ciudadanos a ciertos servicios básicos, las variopintas formas de neocomunismo que hoy sobreviven siguen negando el agua y la sal a todo lo que sea privado. Si es privado es, por definición, sospechoso. Y si es público, no admite discusión. Cuanta más propiedad e intervención público, mejor. Cuanta menos propiedad e iniciativa privada, peor. Y no es así.

Lo que necesita nuestro país, lo que necesita el interés general de ese gran proyecto colectivo que es España, es, sobre todo, mucha más iniciativa privada, empresarial, innovadora y tecnológica, creadora de empleo, riqueza y bienestar. Cuanto mejor la vaya a las empresas, cuantas mayores facilidades disfrute la iniciativa emprendedora, cuanta menos carga tributaria soporten, cuanto más agilidad administrativa encuentre la tramitación de sus proyectos, cuanto mayor reconocimiento reciban de las administraciones y de la opinión pública, cuanto más jóvenes aspiran a ser empresarios, mucho mejor para todos.

Un Gobierno verdaderamente preocupado por el interés general debería fomentar la iniciativa empresarial en general

Que la libertad y la igualdad, aún en tensión, son compatibles e incluso se necesitan, que la iniciativa privada y el interés general, lejos de ser excluyentes, también se encuentran e implican mutuamente, es algo que se demuestra en todos los sectores de nuestra economía sin excepciones y en todas las actividades empresariales respetuosas con la legalidad. Pero es cierto que alcanzan una materialización especialmente acabada y elocuente, en la llamada Economía Social, que se distingue de la Economía Mercantil, por su priorización del fin social, por la dedicación de sus beneficios a ese fin social, por la promoción de la solidaridad interna entre los trabajadores, por la participación de estos en la propiedad y gobierno, por la estabilidad en el empleo y la contratación de colectivos con más dificultades para su inserción laboral, y por el compromiso con su territorio, entre otros rasgos destacados.

Un Gobierno verdaderamente preocupado por el interés general debería fomentar la iniciativa empresarial en general. Pero debería además tener una sensibilidad especial con este segmento particular de la Economía, de actividades muy diversidades, capaz de conciliar los mejores valores europeos: libertad, iniciativa privada, igualdad, justicia, solidaridad, participación democrática y sostenibilidad. Promover la economía social es promover todo eso y para nuestro país significa una gran oportunidad de armonizar la creación de riqueza y empleo con la generación de unas condiciones favorables a la cohesión social y el equilibrio demográfico y territorial.

• Rafael Belmonte es diputado nacional por Sevilla y portavoz adjunto de la Comisión de Trabajo y Economía Social