Montero acelera los Presupuestos con el aval del «informe fantasma» de la Abogacía

Vía libre, al menos en lo administrativo, a María Jesús Montero para que avance en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado pese al segundo varapalo consecutivo del Senado. Un informe de la Abogacía del Estado, al que ha tenido acceso El Debate, avala el plan de la vicepresidenta y Ministra de Hacienda de adoptar los objetivos de déficit del Plan de Estabilidad de primavera ante la incapacidad del Gobierno de lograr que las Cámaras aprueben unos nuevos.

«A falta de aprobación, conforme a la legislación interna, de una senda de convergencia hacia la situación de equilibrio, resultará de aplicación la contenida en el programa de estabilidad, a condición de que éste haya sido valorado favorablemente por el Consejo» de la Unión Europea, asegura el informe.

El texto considera que la no aprobación por las Cámaras del plan de reequilibrio, paso previo imprescindible para la elaboración de unas nuevas cuentas, «no exime al Gobierno de las obligaciones establecidas constitucionalmente de presentar un proyecto de Ley de Presupuestos Generales y no incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos por la UE». Asimismo el texto especifica que «la regla de gasto se aplica de forma automática, sin que requiera ningún tipo de aprobación».

Como ya contó El Debate, la Ley de Estabilidad obligaba al Ejecutivo a volver a presentar ante las Cámaras los objetivos de déficit tras el primer rechazo en el Senado, donde el Partido Popular cuenta con mayoría. El PP confiaba en que su rechazo cerrara la puerta definitivamente a que el Ejecutivo pudiera sacar adelante las cuentas.

Sin embargo, Montero consultó con la Abogacía el camino a seguir. Ésta contestó con un informe fechado el pasado 11 de diciembre, pero que había permanecido bajo llave desde entonces, hasta el punto de que el PP, que dudó de su existencia, lo calificó de «informe fantasma». Todo ello en el marco de una situación inédita, dado que las reglas de gasto estaban suspendidas durante los últimos años por la pandemia, con lo que no había una referencia reciente a la que vincular las nuevas cuentas.

Previstos para el primer trimestre

En condiciones habituales, los objetivos se aprueban para un período de tres años, por lo que para que se produjera la situación actual las Cámaras tendrían que haberlos rechazado durante tres ejercicios consecutivos. La pandemia de covid, sin embargo, hizo que los límites se suspendieran, de ahí la falta de una referencia para las cuentas, que Montero tenía previsto tener en vigor antes de que terminara el primer trimestre de 2024.

La propuesta de Montero descartada este miércoles ofrecía a las autonomías, gobernadas en su mayoría por el PP, la posibilidad de endeudarse en un 0,1 %, frente al equilibrio presupuestario al que las obliga la propuesta del Programa de Estabilidad. Los ayuntamientos también tendrían más flexibilidad, al pasar de un superávit del 0,2 % al equilibrio en 2024. Aunque parezcan porcentajes pequeños, desde Hacienda calculan que las autonomías tendrán que apretarse el cinturón en cerca de 1.500 millones; y los Ayuntamientos, en 3.000. El déficit de las administraciones públicas en su conjunto se situaría en ambos casos en el 3 %.