El Hard Rock, la china en el zapato de Aragonès ante el «perroflautismo contemplativo» de los comunes

El Hard Rock se ha convertido en la piedra en el zapato del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès para aprobar los presupuestos. Este proyecto lúdico, que está proyectado que se construya entre Vila-seca y Salou (Tarragona), era una condición indispensable para que el PSC pueda apoyar las cuentas de la Generalitat. Pero también era la condición, en este caso su retirada, que se paralice, para que los comunes pudieran decir sí a los presupuestos.

Lo cierto es que ERC y PSC no han conseguido llegar a los 68 diputados necesarios para que las cuentas salgan adelante. Necesitaban del voto afirmativo o de la abstención de un tercer grupo, que sería Catalunya en Comú, que finalmente se han resistido a dar, motivando a Aragonès a convocar elecciones el próximo 12 de mayo.

¿Pero qué es el Hard Rock? Es un complejo turístico que nació en 2012 como respuesta al proyecto de Eurovegas, que tras una disputa entre la Comunidad de Madrid y Cataluña, su promotor, Sheldon Adelson, optó por la capital. Y ese proyecto fallido se convirtió en Barcelona World, un megacomplejo en el que se llegaron a proyectar hasta cuatro casinos. Pero pasaba el tiempo y el proyecto no se desencallaba. Entonces, se tuvo que reducir pretensiones y dimensiones, hasta el punto de que el entonces vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, lo llegó a presentar como «humana y ambientalmente sostenible». También auguró que las obras empezarían en verano de 2017.

Dos hoteles y un millar de habitaciones

Pero tampoco se ha hecho una realidad este tercer intento, ya bautizado como Hard Rock. Está previsto que cuente con dos hoteles y un millar de habitaciones, un área comercial con 75 tiendas y un casino, que tendrá unos 10 mil metros cuadrados. Lo cierto es que la Generalitat no ha hecho más que poner trabas a esta proyecto. En 2018 concedió la licencia para la explotación del casino, lo que se vendió como un trámite fundamental para asegurar la viabilidad del plan. Pero el expediente continuaba paralizado.

Dos años más tarde, el Govern decidió asumir el pago de los 120 millones de euros de los terrenos próximos al parque de atracciones Port Aventura, en los que debería construirse el complejo. Pertenecen a La Caixa. Y también en 2020 el TSJC anuló parcialmente el planteamiento urbanístico de estos terrenos alegando riesgo químico, por la proximidad al polígono petroquímico de Tarragona.

Y a todo ello hay que añadir un informe de la Consejería de Empresa de la Generalitat, en la que condicionaba la modificación del Plan Director Urbanístico, a que la empresa química Ercros implemente cambios en su planta en la localidad. Y desde entonces, el Govern ha estado sin mover un dedo o si se ha avanzado algo ha sido arrastrando los pies.

Y si no ha caído definitivamente en el olvido, es porque el PSC lo ha puesto como condición para apoyar los presupuestos, al considerar que es un proyecto «fundamental» para las comarcas de Tarragona. Así lo ven también los empresarios y los alcaldes de la zona, que defienden que el Hard Rock crea riqueza para el territorio, puestos de trabajo y complementa la oferta turística, aportando una «desestacionalización importante».

Y mientras el presidente de la Generalitat dice a los comunes que no puede paralizar el proyecto porque eso sería prevaricar, su consejera de Economía apuesta porque no se acabará haciendo: «apostaría más que no, que por el sí», ha llegado a asegurar hace unos días en una entrevista a La2. Para Natàlia Mas Guix, se trata de un complejo que «no encaja» en la Cataluña del 2024. Y otro consejero, el de Salud, Manuel Balcells, dijo que tenía la «esperanza» de que los promotores «se echen atrás» porque «va absolutamente en contra de lo que defendemos nosotros desde el punto de vista de la salud».

«Perroflautismo contemplativo»

En definitiva, la Generalitat no está muy dispuesta a que este proyecto sea una realidad. Y eso es lo que reprochaba el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, al Govern, que se esté contagiando de la cultura del ‘no’ a todo que predican tanto los comunes como la CUP. Durante una intervención en el Parlament, Fernández dejaba claro: «Nuclear no, pero eólica tampoco por la contaminación paisajística; nuclear no, pero solar tampoco que los parques solares trinchan el territorio; industria no, que contamina, pero turistas tampoco, que no nos gustan; agricultura extensiva no, que es de terratenientes, intensiva tampoco, que contamina; Nuevas carreteras, por dios, no; obras hidráulicas, tampoco; aeropuertos, ya ni te cuento». Es el resumen que hacía el dirigente popular de la situación en Cataluña, aunque advertía al ejecutivo catalán que del «perroflautismo contemplativo» solo podrían vivir «los niños de papá».

De esa forma, Alejandro Fernández hacía referencia a otros proyectos importantes para Cataluña y que el Govern tiene paralizados. Además del Hard Rock, está la ampliación de la B-40 o la del aeropuerto de Barcelona. Sobre la B-40, por ejemplo, hace un mes el ministro de Transportes anunció el inicio de la tramitación del convenio para construir su continuación, la Ronda Nord, entre Terrassa y Sabadell, tras acordar el texto con la Generalitat.

Parece lejos, por no decir imposible, que esa autovía pueda seguir hasta Granollers, que era la intención cuando se proyectó la vía. ERC ya ha dejado claro que la B-40 se va a parar en Sabadell, y gracias. Aunque lo cierto es que para los republicanos esa carretera, y con esa denominación, acaba en Terrassa. A partir de ahí hablan de la Ronda Norte, que desde luego, aseguran desde el Govern, no va a ser una vía de «alta capacidad».

Esta ampliación hacia Sabadell, también ha sido una de las exigencias para que los socialistas apoyen los presupuestos. Y la Generalitat dice aceptarla, a regañadientes. Y una muestra son las palabras de la consejera de Territorio, que intenta deshacerse de los compromisos adquiridos con el ministerio de Transportes. Lamentaba Ester Capella que se intente «mezclar la Ronda Norte, la B-40 y el Cuarto Cinturón» e instaba a la CUP, contraria también al proyecto, a que «pregunten sobre la Ronda Norte y le explicaré; pero sobre la B-40 y el Cuarto Cinturón ni me toca, ni me pertoca. Y la prueba es que quien inauguraba y cortaba la cinta era un ministro del Reino de España y no esta consejera». Se refería Capella a la inauguración del tramo entre Olesa y Viladecavalls, de unos 6 quilómetros, y que llegaba con un retraso de 16 años.

El aeropuerto de Barcelona

Y luego está la ampliación del aeropuerto de Barcelona. Aena puso sobre la mesa en 2021 una inversión de 1.700 millones de euros. Es cierto que los comunes y la entonces alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, llegaron a manifestarse ante la posibilidad de que se pudiera llevar a cabo. Pero quien dijo no fue la Generalitat, Esquerra Republicana. Y todo ello por un «acuerdo inexistente» entre el entonces vicepresidente del gobierno catalán, Jordi Puigneró, con el ministerio. Así lo reveló Ester Capella, quien lamentó que lo peor es que se «condicionó» el aumento de la capacidad de El Prat a la construcción de una tercera pista, algo a lo que se oponen frontalmente los republicanos.

El Govern, para hacer ver que cumplía su acuerdo con el PSC, tuvo la ocurrencia de crear una comisión para que estudiara esa ampliación. Y como en otras cuestiones fundamentales, tampoco se avanza. De hecho, hasta el propio presidente de Aena, Maurici Lucena, ha criticado y ha lamentado las trabas que está poniendo la Generalitat, lo que considera un «muy grave error» porque «afectará negativamente» a la economía catalana. Mientras tanto, Barajas se va ampliando con el objetivo de llegar a una capacidad de noventa millones de pasajeros, y en El Prat solo se contemplan remodelaciones más puntuales de la T1 «para adecuarla a los nuevos filtros de seguridad y mejorar la experiencia de cliente» en la zona de facturación.

Y desde el sector económico, como es el caso de la patronal Foment del Treball, advierten al ejecutivo de Pere Aragonès de que si no se acaba concretando esa ampliación en el Prat, le exigirán responsabilidades económicas por la «falta de gestión» y por estar «dilatando» una decisión que es tan importante como «la conectividad de Barcelona con el mundo».