Isabel Rodríguez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros
El Congreso insta a derogar parcialmente la Ley de Vivienda y el PP cuestiona que el Gobierno «solo hace de cajero»
Vox, PNV y Junts respaldan una iniciativa del PP contra las «reiteradas» vulneraciones de las competencias autonómicas
Varapalo del Congreso de los Diputados al Ministerio de Vivienda precisamente en el que iba a ser un día grande para la ministra Isabel Rodríguez. La Comisión de Vivienda y Agenda Urbana ha aprobado este martes una proposición no de ley del PP con la que se insta al Gobierno a reformar o derogar los artículos de la Ley de Vivienda que vulneren aquellas competencias exclusivas de las comunidades autónomas.
En su propuesta, los populares se remiten al artículo 148 de la Constitución para recalcar que las competencias de vivienda corresponden a las comunidades autónomas, y no al Estado. Pese a ello, aseguran que la Ley de Vivienda vulnera «reiteradamente» sus competencias exclusivas.
La iniciativa ha salido adelante con el apoyo de PP, Vox, PNV y Junts, mientras que ERC se ha abstenido. PSOE, Sumar, Podemos y Bildu han votado en contra. En cambio, el rechazo de Junts y PNV ha tumbado una segunda iniciativa del PP para eliminar los mecanismos de regulación de los alquileres.
Una ayuda «inferior y con retraso»
El revolcón parlamentario ha coincidido con la firma de un acuerdo con diez comunidades autónomas para construir 3.233 viviendas de alquiler social. También con la aprobación, por parte del Ejecutivo, del reparto de 430 millones de euros con cargo a los fondos europeos para financiar hasta el 50 % de las reformas en casa si mejoran la eficiencia energética. Una ayuda que, según ha asegurado a El Debate Paloma Martín, vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del Partido Popular, «es inferior a la prometida y llega con retraso, dado que deberían haberse repartido en el último trimestre del año».
En materia de vivienda «el Gobierno sólo actúa de cajero», asegura Martín, pese a que, según recuerda, «es uno de los mayores propietarios de suelo, a través de Sepes, y de viviendas, a través de Sareb». «Las comunidades autónomas son las que tienen que licitar las obras y alcanzar acuerdos de colaboración público privada. Lo único que le corresponde al Gobierno es tener una app para informar correctamente, y el programa Coffee no para de dar problemas», recalca.