La inmigración irregular aumenta pese a los 60 millones que Sánchez envía a Marruecos en dos años para controlarla

El Ministerio del Interior de Marruecos recibió 30 millones de euros de ayuda directa en los años 2021 y 2022 por parte del Ministerio del Interior español para contribuir a frenar la inmigración irregular. En total han sido 60 millones en apenas dos años, una ayuda que parece no estar siendo suficiente. Nuestro país vio cómo crecía la inmigración irregular en el año 2023 y va camino de superar las cifras del año pasado en lo que llevamos de 2024.

Según las cifras oficiales del Ministerio del Interior español, en 2023 llegaron a nuestro país 56.852 inmigrantes de manera irregular, el número más alto desde el año récord de 2018. En lo que va de año, hasta el 15 de marzo, han llegado a nuestra tierra 15.148 inmigrantes irregulares, 11.440 más que en el mismo periodo del año pasado: un 308,5 % más.

La mayoría de los inmigrantes irregulares llega por vía marítima: 14.405 de los 15.148 llegados este año. Y la mayoría aparece en Canarias: 12.393; 10.215 más que el año anterior, un 469 % por encima del mismo periodo de 2023, según las cifras de Interior.

Pese a que los inmigrantes irregulares llegan a Canarias por vía marítima desde Marruecos, y a que el Gobierno español está enviando a su Ministerio del Interior 30 millones de euros anuales para detenerlos, la ola sigue creciendo.

España ha destinado desde 2008 más de 284 millones para combatir la inmigración irregular: 261 millones han sido en ayudas directas, y el resto en subvenciones y actividades de formación. La mitad de los 284 millones se ha repartido en los cinco últimos años.

Aparte de los 60 millones de euros enviados a Marruecos, Interior ha destinado 30 millones a los Guardacostas del Ministerio de Pesca y de la Economía Marítima de Mauritania entre los años 2020 y 2022: a 10 millones por año.

Gastos cubiertos y preocupación a la vista

La resolución del ministro del Interior que hace efectivo el desembolso a Marruecos detalla que los 30 millones de cada año deben contribuir a sufragar los gastos incurridos en los despliegues operativos y los de mantenimiento de los materiales empleados por los servicios policiales marroquíes en la vigilancia de las fronteras en colaboración con España. Los gastos pueden destinarse al patrullaje y la vigilancia terrestre, marítima, costera y de litoral, al material destinado a vigilancia y controles fronterizos, a los procedimientos de retorno de inmigrantes que se encuentren irregularmente en territorio marroquí...

La cifra de 30 millones anuales debió parecer suficiente a Sánchez y al ministro del Interior, pero el incremento de la inmigración irregular quizá lleve a replantear la situación. El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, se reunió con su homólogo marroquí en Rabat en enero. Sánchez ha viajado allí en febrero con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Según las estadísticas del Ministerio del Interior marroquí, allí se han abortado 75.184 intentos de inmigración irregular en 2023, un 6 % más que en el año anterior. Se rescató del mar a 16.818 inmigrantes, un 35 % más que en 2022.

Las cifras indican que la evolución podría haber sido aún peor y que quizá el Gobierno tenga que destinar más dinero a la zona, aunque hay expertos en inmigración que dudan de que el problema se arregle con dinero.

Entre las cuestiones que preocupan en torno a la inmigración irregular está la llegada de migrantes menores no acompañados (MENAS), que se ha incrementado un 221,4 % en los últimos ocho años, hasta alcanzar los 10.738 inscritos.

También la negativa a veces del país vecino a aceptar la devolución de sus ciudadanos mayores de edad, algo que se ha solucionado hace unos días. La delegada del Gobierno en Ceuta comunicaba el pasado jueves al secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en la ciudad autónoma, Rachid Sbihi, que las autoridades marroquíes ya aceptan de nuevo la devolución y entrega a través del paso fronterizo del Tarajal de los nacionales adultos del país vecino que son interceptados en situación irregular en la localidad española.