La sed y la cerrazón: cuando evitar un nexo entre Cataluña y España pesó más que garantizar el agua

El último intento de trasvasar las aguas del caudaloso río Ebro quería su agua al norte de Cataluña y al sur de España. Era parte del programa de Gobierno del presidente Aznar e intentó ponerlo en práctica desde 2001. El proyecto incluía dos ramales que permitirían aprovechar los miles de hectómetros cúbicos que cada año se vierten al Mediterráneo sin poder aprovecharse ni para saciar la sed de los ciudadanos ni la de los cultivos (los principales consumidores de este recurso). El año pasado el Ebro vertió al mar más de 7.000 hectómetros cúbicos (hm3).

En la cancelación de esta obra hidráulica se ha impuesto la narrativa de que fue Jordi Pujol quien la impuso como una de sus primeras exigencias para apoyar al luego presidente Rodríguez Zapatero. De hecho, pasa satisfacer al entonces líder proto secesionista, el nuevo gobierno aprobó el Real Decreto-ley 2/2004 de 18 de junio que derogaba los artículos que hacían referencia al trasvase del Ebro en la Ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN). Fue el punto y final a una de las obras más emblemáticas contempladas en esta Ley.

Evitar un nexo estructural e hidráulico entre Cataluña y parte del resto de España pesó más que garantizar el agua para los propios catalanes

Naturalmente lo fue también para la parte de Cataluña –en buena medida Barcelona– que en estos últimos y largos meses más ha sufrido la sequía y las restricciones de suministro de agua. Evitar un nexo estructural e hidráulico entre Cataluña y parte del resto de España pesó más en los planes de CiU que garantizar el agua para sus propios residentes.

Sin embargo, la historia así contada es incompleta pues hay que añadir la férrea oposición al trasvase ejercida por el Partido Popular de Aragón. Tan fuerte fue la oposición que quedó plasmada en el artículo 19.3 del Estatuto de Autonomía aragonés. Literalmente este artículo obliga a «velar especialmente para evitar transferencias de aguas de las cuencas hidrográficas de las que forma parte la Comunidad autónoma».

En el ramal hacia el norte de Cataluña estaba previsto usar el actual trazado del Consorcio de Aguas de Tarragona y su conexión con la red de la empresa ATLL (ahora en liquidación) por la planta de Abrera. El ramal del trasvase hacia el sur utilizaría, en origen, el canal ya existente ChertaCalig. Por el extremo sur de la gran tubería que iba a tomar aguas del Ebro a su paso por la provincia de Tarragona se iría distribuyendo el agua sobrante por la región Valenciana, Murcia y la provincia de Almería.

Mayoritariamente, la sociedad española es consciente de la necesidad de obras de infraestructuras hidráulicas que compensen el desequilibrio entre un norte bien llovido y un sur muy seco. Es tan consciente de esta necesidad como del hecho de que hay que añadir a esta solución otras que acaban sumando un «mix» de alternativas que incluyen el uso de las aguas residuales y tratadas, las desalinizadoras, las canalizaciones y la agricultura de precisión. Sólo la estructura administrativa impide hacerlo realidad.

Borrell elaboró un proyecto hidrológico que pretendía resolver los problemas de las cuencas deficitarias

De hecho, antes de que el PSOE acabase rendido al secesionismo, el entonces ministro socialista José Borrell en 1993, elaboró un anteproyecto de Ley del Plan Hidrológico Nacional que pretendía resolver los problemas de las cuencas deficitarias con 250 embalses y más de 10 trasvases. En el plan de Borrell se preveía que el río Ebro trasvasara un total de 1.642 hm3 anuales a la cuenca del Júcar y a Cataluña. Una cantidad que con el PHN de Aznar se limitaba a poco más de 1.000 hm3.

La Ley de Aguas vigente en España, tras su última reforma de diciembre de 2023 continúa manteniendo en su artículo 2 que «constituyen el dominio público hidráulico del Estado, con las salvedades expresamente establecidas en esta Ley … Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas». Tan cierto como papel mojado.

La gobernanza que impone el estado de las autonomías hace imposible cualquier acuerdo nacional para acabar con la sed de manera racional, eficaz y sostenible. Curiosamente es frecuente encontrarse a convencidos defensores de la necesidad de los trasvases y de las bondades de esta particular forma de organización del Estado. Cada cual cabalga sus contradicciones como puede. Pero, si ven factible lo uno y lo otro, ¿por qué no ceden a las comunidades autónomas las competencias para decidir sobre si ceden o no los órganos de sus residentes donantes a los receptores de otras comunidades? En definitiva en ambos casos –agua y donación de órganos– son la llave de la vida. La de todos.

• José Manuel Cansino es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, profesor de San Telmo Business School y académico de la Universidad Autónoma de Chile / @jmcansino