Lo que esconde la demanda de Iberdrola a Repsol y por qué el ecopostureo abre un nuevo frente millonario para las empresas

Greenwashing, ecoblanqueo, ecopostureo… la guerra empresarial entre Iberdrola y Repsol ha puesto en primer plano un concepto que dará más de un quebradero de cabeza a las empresas. Un enfrentamiento que vivió este jueves un nuevo capítulo, con el consejero delegado de la primera energética del país, Josu Jon Imaz, acusando a la principal eléctrica de ser víctima del «nerviosismo» por su crecimiento en el mercado eléctrico.

Iberdrola abrió fuego el pasado 21 de febrero, al presentar una demanda por blanqueo ecológico en los juzgados de Santander, donde tiene su domicilio social Repsol Distribuidora de Electricidad y Gas. Según la eléctrica, incurre «de manera continuada en conductas publicitarias que constituyen greenwashing», una práctica consistente en trasladar al mercado y a los consumidores que se es más sostenible o respetuoso con el medio ambiente de lo que en realidad se es.

Iberdrola reclama a Repsol que destruya buena parte de su comunicación corporativa, calificándola de «publicidad engañosa». Y cimenta su demanda en la Ley de Competencia Desleal (LCD), en los artículos 5 (actos de engaño), 7 (omisión engañosa) y 18 (publicidad ilícita).

«La petrolera –dice Iberdrola– se está publicitando como una compañía sostenible, líder en la transición energética y que protege el medio ambiente, pero su oferta multiproducto busca fomentar el uso de carburantes (...) y es la empresa con mayor emisión de gases con efecto invernadero. Solo el 0,4 % de sus ingresos provienen de actividades de generación renovable en 2022», aseguran fuentes de la compañía, que confirman que se ha presentado solo contra Repsol y no contra otras operadoras como Cepsa o BP.

Repsol, por su parte, considera que la demanda «carece de fundamento», en palabras del propio Josu Jon Imaz, que acusó a Iberdrola de «no estar acostumbrada a competir en un mercado competitivo, sino que más bien está acostumbrada a moverse en entornos regulados que dependen del Boletín Oficial del Estado».

Desde Repsol vinculan la demanda con el rápido crecimiento de Repsol en el mercado eléctrico. La compañía, que ha desplegado su oferta multienergética en los últimos cinco años, logró captar en 2026 cerca de 246.000 nuevos clientes de electricidad, superando los 2,1 millones, lo que la convierte en la cuarta comercializadora del país. Fuentes del mercado consideran que si Repsol no puede publicitarse como sostenible tampoco podría hacerlo Iberdrola, dado que un 20 % de la producción de la eléctrica en 2022 procedió de centrales de ciclo combinado, que emplean gas natural.

Entre medias, la contienda ha salpicado a Teresa Ribera. Aunque la vicepresidenta se declaró «neutral» en el conflicto, celebró en un mensaje en X que el greenwashing llegue a los tribunales. Y sus choques contra Repsol han sido sonados en las últimas semanas, tras acusar a Imaz de «negacionismo» y «retardismo» tras su intervención en el Foro de Davos.

Pocos precedentes

La demanda de Iberdrola es una reclamación inédita en España y con pocos precedentes a nivel mundial. El más sonado es la investigación a Deutsche Bank que precipitó la renuncia de Asoka Woehrmann, CEO de DWS, su filial de capital riesgo, en 2022. El asunto acabó culminando en una multa de 25 millones de dólares en 2023.

El sector financiero es precisamente uno de los más expuestos a sanciones por ecopostureo, según un reciente informe de S&P, después de que no solo Deutsche Bank, sino también HSBC y Goldman Sachs se hayan enfrentado a sanciones por publicitarse como sostenibles mientras financiaban a industrias contaminantes.

En España la legislación es más laxa que en otros paísesMay LópezProfesora de OBS Business School

«En la actualidad y en España la legislación es más laxa en comparación con otros países y los pocos casos que han llegado a tribunales son los derivados de denuncias internacionales», cuenta a El Debate May López, profesora de OBS Business School y directora de desarrollo de la plataforma Empresas por la Movilidad Sostenible. «Por ejemplo, la Ley 11/2018 sobre información no financiera aborda aspectos sobre el greenwashing en el contexto de la ética empresarial, pero deja importantes vacíos con relación a esta práctica», amplía Isabel Sánchez, profesora de la Universidad Carlemany. La entrada en vigor de la nueva Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD) supondrá un gran paso adelante, asegura Sánchez, que recalca no obstante que las prácticas de ecopostureo «pueden englobarse bajo delitos ya existentes», como los de estafa, gestión desleal o falsedad documental. Se trata además de delitos «perseguibles de oficio», que no requieren de una denuncia particular.

En España el Ministerio de Derechos Sociales acaba de iniciar la tramitación de la Ley de Consumo Sostenible, que contempla sanciones específicas para aquellas empresas que hagan alegaciones medioambientales sobre un bien «que sean genéricas o que no cuenten con respaldo científico». Por ejemplo, «se considerarán prácticas desleales las afirmaciones medioambientales genéricas como 'respetuoso con el medio ambiente', 'amigo del medio ambiente', 'verde', 'bueno para la naturaleza' o 'ecológico' cuando no pueda demostrarse ningún comportamiento medioambiental excelente reconocido», aseguran desde el departamento de Pablo Bustinduy. Algo que, afirman, «beneficiará a aquellas empresas que realmente han invertido para reducir los impactos medioambientales».

Las sanciones, de acuerdo con las directivas europeas, podrían llegar a ser de hasta el 4 % de la facturación, «mucho mayor que si fuese sobre los ingresos», detalla May López, de OBS Business School. «Este puede ser el aliciente determinante para que organizaciones que están aprovechando el greenwashing para vender más comiencen a dar un paso atrás, y que aquellas que sí están haciendo e impulsando cambios obtengan la ventaja competitiva que se merecen».