El cupo catalán fraccionaría la Agencia Tributaria, aumentaría el fraude y deterioraría los servicios al ciudadano

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) se ha pronunciado de manera contundente sobre la propuesta de financiación especial para Cataluña formulada por la Generalitat. Cederles el 100 % de los impuestos recaudados en su comunidad autónoma supondría «el fraccionamiento de la Agencia Tributaria (AEAT), el deterioro de la lucha contra el fraude fiscal y conllevará una merma sustancial de los servicios públicos que se presta a los ciudadanos», afirman.

Los portavoces de la asociación han indicado que la pretendida independencia fiscal de Cataluña no está contemplada ni en la Constitución, ni en el Estatuto de Autonomía de Cataluña ni en la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas). Afirman que conculca los principios de igualdad (artículo 14 de la Constitución Española) y de la prestación de servicios mínimos esenciales y de solidaridad (artículo 158 de la Constitución). Por este motivo piden una modificación en la LOFCA: una vez que se incluya, ya no sería inconstitucional.

La IHE ha remarcado que el documento presentado por la Generalitat implica que el modelo propuesto solo se puede realizar si se traspasan todos los medios materiales y humanos desde la AEAT a la Agencia Tributaria Catalana. «Conllevaría la desaparición de la AEAT y, por tanto, su fragmentación», indican. No les parece muy lógico fragmentar más cuando están surgiendo entidades supranacionales, los delitos son cada vez más complejos y globales y la detección del fraude depende de la rapidez con que se actúe.

El plan propuesto por el gobierno catalán, presidido por ERC, supone tener plena capacidad normativa en todos los impuestos y procedimientos tributarios, traspasar la gestión y recaudación de los impuestos generados en Cataluña y disponer de todos los recursos provenientes de estos tributos. Como fórmula legal para hacerlo, proponen aprobar una nueva LOFCA en la que se contemple esa cesión de tributos como una delegación de competencias del Gobierno español al catalán.

Si otros se quejan, que pidan también su soberanía fiscal

Los portavoces de la asociación han recordado que el artículo 138.2 de la Constitución señala que «las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales». El 138.1 indica que «El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular». El desequilibrio entre regiones sería el límite, y en este caso se rebasaría.

Los catalanes consideran que la autonomía fiscal no es un privilegio, y que si otras comunidades la quieren, que lo pidan. «Si Madrid y Baleares hicieran lo mismo, no habría fondos que repartir», apuntan desde el IHE.

El gobierno catalán ha señalado que su aportación (su cupo) a cambio de los servicios que el Estado proporciona allí sería negociado con el Gobierno central (como hacen vascos y navarros), que sería transitorio y que vigilarían la eficacia del empleo de ese dinero que dan a otras comunidades. Hablando de otras experiencias, desde el IHE señalan que «el País Vasco es un agujero negro. No hay información, y la falta de información perjudica (entre otras cuestiones) la lucha contra el fraude. Si esto ocurre con regímenes forales que representan el 6-7 % del PIB, se puede arreglar de algún modo, pero Cataluña supone un 20 % y sería un agujero bastante importante».

Pérdida de 3.000 millones

Por otra parte, el Estado perdería la recaudación del importe correspondiente a las actuaciones de control efectuadas en Cataluña, que los inspectores cifran en unos 3.000 millones –el 20 % del total nacional–.

También se vería afectada la plantilla de trabajadores de la Agencia Tributaria, que asciende a unas 25.909 personas, de las que prestan sus servicios en Cataluña alrededor de 5.000.

Teniendo en cuenta que en los próximos cinco años se jubila una cuarta parte de la plantilla –otros 5.000 o 6.000 funcionarios–, la Agencia Tributaria «realmente se vería en muchas dificultades para lograr los objetivos y la eficacia que está consiguiendo actualmente», ha señalado el vocal de la Asociación de Inspectores, José María Peláez.

«Nuestros compañeros que están en Cataluña nos han trasladado su preocupación y su nerviosismo, porque no saben nada. No saben qué pasaría con ellos, con sus vidas», trasladan desde la Asociación de inspectores.