El Gobierno consuma su asalto a Telefónica amparándose en su carácter estratégico

Como ya adelantábamos en este periódico desde final del año pasado, el Gobierno va a por todas y sin complejos en su asalto a empresas del Ibex 35. El reconocimiento ayer de que el Estado ya tenía el 3 % del capital de Telefónica a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) es solo el primer paso para hacerse con hasta el 10 % que le convertiría en el primer accionista de la compañía.

Tan solo hace seis días, el Gobierno mostraba su intención de alcanzar el 3 % de Telefónica antes del verano, pero se ha dado más prisa de lo previsto en conseguirlo. Con ello llega a un porcentaje del capital valorado en unos 700 milones de euros y ahora habrá que ver cómo consigue desembolsar los alrededor de 2.200 millones que le costaría hacerse con el 10 %. La capacidad financiera de la SEPI no es suficiente en teoría para hacer ese desembolso, viendo su balance y teniendo en cuenta que no hay Presupuestos previstos este año y por tanto no se le puede destinar una partida para su compra. Tampo parece que la operación pueda hacer mucha gracia en Bruselas: la deuda de la SEPI se ha multiplicado por diez en los seis últimos años

A pesar de ello, desde Hacienda, el ministerio del que depende la SEPI, siempre han dicho que cumplirán el acuerdo alcanzado en el Consejo de Ministros del 19 de diciembre de llegar hasta el 10 % de Telefónica. Visto lo anunciado ayer, hay pocas dudas de que lo lograrán.

Más poder en el Consejo de Administración y en otros terrenos

Con esta operación queda claro que Telefónica es una compañía muy apetitosa para el Gobierno, no solo porque permita colocar a un afín más en el Consejo de Administración o porque dé un dividendo generoso; también por otros motivos a los que se les puede sacar mucho partido, como el control de las comunicaciones de los móviles, el crecimiento del impacto ideológico a través de una plataforma del tamaño de Movistar Plus+ o el presupuesto de publicidad. Telefónica es el grupo que más invierte en marketing en España, y ese dinero puede utilizarse para premiar a los amigos y castigar a los enemigos.

El PSOE está bien situado en Telefónica, pero necesita reforzar su posición, y con este objetivo llega la SEPI, que podrá colocar al menos un miembro en el Consejo de Administración. A diferencia del consejo de empresas como Iberdrola o Repsol, el de Telefónica no es muy activo, y sus miembros no parece que vayan a poner muchos problemas a lo que se vaya decidiendo. El fondo BlackRock está descontento con la evolución del valor en Bolsa de la compañía, pero tampoco va a quejarse. Está por ver que hará Saudi Telecom Company (STC), que adquirió el 4,9 % de las acciones de Telefónica y aún tiene que solicitar al Ministerio de Defensa poder hacerse con el 5 % que adquirió a través de derivados financieros. Tras la entrada de la SEPI, no se sabe si querrán seguir adelante o venderán sus acciones.

Javier de Paz y Rosauro Varo, arietes del PSOE

Desde hace tiempo se habla de Javier de Paz, amigo de José Luis Rodríguez Zapatero, como el hombre fuerte del PSOE en Telefónica. Desde el Consejo de Administación mueve sus hilos. Junto a él, cada vez gana más peso Rosauro Varo, hijo de la ex diputada socialista Amalia Rodríguez, amiga íntima de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; vicepresidente del consejo de administración de Movistar Plus, miembro del consejo asesor de Telefónica de España y gran amigo del presidente de la compañía, José María Álvarez-Pallete.

Conforme avance la compra y la SEPI se asiente en Telefónica, habrá que ver cómo evoluciona la compañía. Los economistas Daniel Lacalle y José Ramón Pin Arboledas no tienen ninguna duda de que la teleco sufrirá una politización. Otros, como Rafael Pampillón, señalan que es un error que la SEPI entre en empresas privatizadas: «La buena idea sería que el Estado saliera del capital de CaixaBank, en donde tiene una participación, hiciera caja y redujera deuda pública, y que hiciera lo mismo con Aena, en donde tiene un 51 %, con Paradores, y con cualquier otro bien público que pueda ser gestionado de mejor manera por el sector privado. No tiene sentido que pensemos en nacionalizar cuando no tenemos dinero para que el déficit público se rebaje al 3 %, que es lo indicado por Europa». El catedrático Mikel Buesa ve «esta idea de que el Estado participe en Telefónica como un avance en esta obsesión de la izquierda, especialmente de la extrema izquierda, de ensalzar lo público y estatal".

El presidente de Telefónica, a favor de que se invierta

A lo largo de los últimos meses, el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, siempre se ha mostrado a favor de quien quisiera invertir en la compañía, ya fuera la SEPI o Saudi Telecom Company (STC). La entrada de nuevos accionistas ha sido posible claramente posible debido a la pérdida de valor en Bolsa de Telefónica. La compañía se ha desplomado desde el récord que registró en 2007 (106.396 millones de euros) a los 44.433 millones con los que cerró 2016, el año en que Pallete se estrenó como presidente, y los en torno a 22.800 millones que vale en la actualidad. No es un problema que haya ocurrido solo en Telefónica: ha pasado lo mismo con las grandes empresas europeas del sector de las telecomunicaciones.

Aprovechando que es más barato entrar en la compañía, la SEPI también saca partido del momento, argumentando que es una compañía española estratégica en los terrenos de defensa y seguridad. Hay quien piensa que el motivo es más bien colocar a más afines y mantener poder.