La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero
Montero aclara que Hacienda seguirá transfiriendo dinero a la SEPI hasta comprar el 10 % de Telefónica
Se irán comunicando los porcentajes de participación, tal y como se hizo el lunes con la compra del 3 %
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado este miércoles que el Ministerio de Hacienda ha dado «prioridad» a la financiación para adquirir hasta el 10 % de Telefónica, habiéndose realizado una transferencia a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para la compra del 3 % del capital de la operada anunciada el pasado lunes.
«Hemos hecho la transferencia a la SEPI y así lo seguiremos haciendo incluso con los presupuestos prorrogados», ha confirmado Montero en declaraciones a RNE.
La vicepresidenta primera ha recordado que la SEPI tiene autorización del Consejo de Ministros para llegar hasta el 10 % de Telefónica y ha subrayado que se irán comunicando los porcentajes de participación, tal y como se hizo el lunes con la compra del 3 %.
«Telefónica es una empresa estratégica de nuestro país, es una empresa cotizada y, por tanto, no hay que provocar ningún tipo de turbulencia de información que realmente pueda plantear algún tipo de variación en la cotización», ha señalado Montero.
La ministra ha destacado que el hecho de que los títulos de la operadora española subieran ayer en Bolsa por encima de los 4 euros constata que los inversores «han visto con muy buenos ojos» la entrada de la SEPI en Telefónica.
«Después de haber aclarado por parte del Gobierno de que seguiremos hasta completar el 10 %, hubo un repunte en la cotización de la acción. Por tanto, vamos en la dirección correcta», ha añadido Montero.
La vicepresidenta primera ha insistido en que Telefónica «es una empresa muy importante» para España y ha resaltado que el objetivo del Gobierno es el de «reforzar sus capacidades estratégicas para que pueda estar a la altura de sus competidores alemanes y franceses», países en los que sus gobiernos «llevan tiempo participando a través de distintos instrumentos dentro del accionariado de empresas hegemónicas».
